María Leticia Trujillo Gallegos
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Leticia Trujillo Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en representación de la responsable 5. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual rinde informe justificado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele como domicilio procesal el que menciona en el informe de cuenta, ello, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en representación de las autoridades 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, 2. Subdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se concedió la suspensión provisional en el presente asunto, en términos del artículo 97, fracción I, inciso b) 98, 99, 100, 101, 102, 103 y demás relativos a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 101 de la Ley de la Materia, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso con copia del escrito de queja. Asimismo, ríndase el informe en relación con la queja, en el sentido de que en el presente incidente de suspensión el treinta y uno de octubre del año en curso, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; como justificación del mismo y de conformidad con el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley en comento, remítase de inmediato el aludido escrito de agravios, así como copia certificada de las constancias que componen el presente incidente de suspensión, materia de la queja, y que se estiman necesarias para resolver el recurso interpuesto, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta localidad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, esto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 126/2022(11ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]." Asimismo, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico del presente asunto; por tanto, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de que se trate, y este en aptitud de consultar el expediente electrónico del presente asunto. Ahora, toda vez que de autos se advierte que mediante interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva en el presente asunto; por tanto, hágase del conocimiento a la Superioridad que por turno le toque conocer del recurso queja de mérito, a fin de que tenga conocimiento de lo anteriormente expuesto. Por último, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por el Fiscal adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en representación de la responsable 5. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual rinde informe previo, toda vez que por acuerdo de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, se proveyó lo conducente al informe que en términos análogos rindió previamente mediante oficio con registro 19745, aunado a ello, que el veintitrés de noviembre de este año, se emitió la interlocutoria en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Asimismo, da cuenta con las promociones con registros 20067 y 20097 signadas por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 1. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien por sí y en representación de las autoridades 2. Subdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, rinde informe previo y ofrece pruebas de su parte; y escrito de la quejosa, por medio del cual desahoga vista, ofrece pruebas de su parte y formula alegatos. A continuación, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación Secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes; asimismo, en relación al oficio de cuenta, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de las citadas autoridades responsables señaladas con los números 1, 2 y 4, sin que haya lugar a diferir la presente audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, téngase a la citada autoridad señalando domicilio procesal y como delegados de su parte, a los letrados que menciona, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora, por cuanto hace al escrito signado por la quejosa, en el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos y ofrece pruebas de su parte, al respecto se proveerá en el apartado correspondiente de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda, así como las ofrecidas mediante el escrito de cuenta con registro 20097. Así como las constancias remitidas por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 1. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien por sí y en representación de las autoridades 2. Subdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que ofreció la responsable junto con su informe. Asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la aquí quejosa y hace constar que las demás partes no hicieron manifestación alguna, y que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no presentó alegatos; atento a lo anterior, se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver sobre la suspensión definitiva, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1115/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO.********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Fiscal General del Estado de Veracruz. 54-60 Presume cierto 2. Subdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 54-60 Presume cierto 3. Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 46-47 Presume cierto 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 54-60 Presume cierto 5. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 50 Niega Xalapa, Veracruz De las que reclama: LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL DE LA QUEJOSA, COMO PERITO CRIMINALISTA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ; ORDEN DE SEPARACIÓN DEL CARGO; ASÍ COMO LA OMISIÓN DE OTORGARLE INDEMNIZACIÓN QUE LE CORRESPONDE; Y LA ORDEN DE CANCELAR EL PAGO DE EMOLUMENTOS Y OTROS. En auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes, y se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, y a las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable y relacionada en la audiencia incidental, por haber sido expedidas por un fedatario público en ejercicio de sus funciones. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad Fiscal adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en representación de la responsable 5. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, negó la existencia de los actos reclamados. La inexistencia referida, deriva de que la autoridad mencionada, al rendir su informe previo en representación de la autoridad citada, negó la certeza de los actos a ella reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante la negativa expresa de la autoridad responsable mencionada, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Presunción de los actos reclamados. Las autoridades Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 1. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien por sí y en representación de las autoridades 2. Subdirectora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; puesto que al rendir su informe previo negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye. Sin embargo, de la lectura del propio informe previo se advierte que la autoridad afirma que la aquí quejosa le fue notificada que causaba baja su nombramiento y trabajo dejaba de surtir efectos en forma definitiva desde el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y por cuanto hace al 3. Director General de Servicios Periciales, con residencia en Xalapa, Veracruz, si bien niega el acto, lo cierto es que de las constancias exhibidas por la parte quejosa se advierte que éste fue notificado del alta de la quejosa, como perito criminalista, donde quedó adscrita a la Dirección de los Servicios Periciales. De ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. En primer término, conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que no se le separe de sus funciones como perito criminalista adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; así como el pago de sus emolumentos que le corresponden. En esas condiciones, el pronunciamiento de la suspensión atenderá exclusivamente a tal solicitud, ello en observancia a la tesis de jurisprudencia 2a./J.111/2003; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." En ese contexto, y a fin de proveer sobre la medida cautelar solicitada, resulta necesario verificar si se integran o no los presupuestos jurídicos y requisitos legales siguientes: Certeza del acto reclamado; La naturaleza del acto reclamado permita su paralización; Solicitud del parte agraviada (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo); y, No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo). Es aplicable, a este respecto, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A). Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B). Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C). Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D). Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad)". En ese contexto, en el caso particular, se estima, que se cumple con la primera de las condiciones previamente referidas, dado que para la concesión de la suspensión definitiva bastan las manifestaciones que la haga la parte quejosa bajo protesta de decir verdad para tener por acreditada indiciariamente su existencia. Así, como también corresponde analizar la siguiente condición de procedencia de la medida cautelar, esto es, si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este sentido, cabe destacar que en sus conceptos de violación, la parte quejosa se duele esencialmente de que fue dada de baja a apartir del treinta y uno de agosto de este año, se debió a la presencia de una incapacidad, con motivo de un accidente de trabajo que sufrió, lo que conllevó al Instituto Mexicano del Seguro Social a determinar que no es apta en forma definitiva para laborar, mediante oficio ********************de dieciocho de mayo de dos mil quince. Asimismo, la autoridad responsable Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 1. Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien por sí y en representación del 4. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, anexó a su informe previo constancia relativa al oficio ******************** de veintiséis de septiembre de este año, en el cual hizo del conocimiento a la quejosa que a partir del treinta y uno de agosto de esta anualidad, causó baja, por lo que su nombramiento y trabajo dejan de surtir efectos en forma definitiva desde dicha fecha, circunstancia que derivo del diverso oficio ********************de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitido por el Médico UMF 57, Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde establece como dictamen "No apta en forma definitiva para laborar", de este último oficio agregó constancia. Documentales que en el considerando tercero se le otorgó valor probatorio. Entonces, respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación de la suspensión temporal, y dado que dicho acto por su naturaleza es susceptible de paralización, lo procedente es verificar si con su paralización se contraviene disposiciones de orden público o se causa perjuicio al interés social. Ahora, el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, son aquellas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, lo bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, evite un mal público. Al respecto, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En efecto, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Desde este punto de vista, se considera que con la concesión de la suspensión en el caso concreto, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, ello es así, toda vez que la medida reclamada como finalidad es que todo desempeño dentro de la función pública como una actividad del Estado, se realice con el mejor desempeño y condiciones óptimas; evitar el inminente desequilibrio en el desarrollo de la operación o gestión de las actividades a desempeñar, al no cubrir el perfil del puesto asignado a ejercer. Lo cual, es de interés general de la sociedad que se dé cumplimiento a los perfiles que todo funcionario público debe reunir para el desarrollo funcional de toda actividad pública, y por ende, se implementen las acciones que contribuyan al objetivo de ese interés colectivo y no así de un interés individual; es decir, que tienden en forma directa o indirectamente al debido desempeño referido, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, puesto que en todo caso, es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva. En ese mismo sentido, atendiendo a la función de las actividades que desempeñaba la quejosa como perito criminalista adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales, deberán contar con el perfil óptimo para profesar dicho puesto, cuya razón de ser, en esencia, radica en que la comunidad no resienta los daños graves que se puedan producir en detrimento de las prácticas de dicha función pública, en perjuicio de la sociedad, y que se está ante la presencia de un sistema de normas legales en el cual se prevé los requisitos que debe reunir toda persona para realizar las tareas encomendadas en el citado puesto, por lo que es innegable su carácter de orden público e interés social. Consecuentemente, al contravenirse disposiciones de orden público y de interés social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, fracción II y, 146 de la Ley de Amparo SE NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, pues de concederse podría causarse un perjuicio al interés social y contravenir disposiciones de orden público. Se apoya lo anterior con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SERVIDORES PÚBLICOS, ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Cuando se reclaman en el juicio constitucional los efectos y consecuencias de la orden de baja dictada en contra de un servidor público, es improcedente conceder la suspensión, ya que no se satisface el requisito exigido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque, en todo caso, es mayor el que resintiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a la quejosa********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en los considerandos cuarto y sexto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en representación de la responsable 5. Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual rinde informe previo, oficio que fue recibido por correo institucional, al que se le da valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad oficiante rindiendo INFORME PREVIO, hágase del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la citada ley. Notifíquese en términos de ley.
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