María Luisa Cabrera Godinez
Expediente 357/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Luisa Cabrera Godinez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
PUBLICADO EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por María Luisa Cabrera Godinez, contra actos de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO.- La falta de notificación de la resolución de Segunda Instancia, Toca de apelación 212/2022, asignado a la Segunda Sala de lo Civil de Tribunal superior de Justicia del estado de Oaxaca y proseguir el procedimiento, dejándome en estado de indefensión. Notificándome acuerdo para dar cumplimiento voluntario a la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós dictada por la C. Jueza de lo Civil de este Distrito Judicial de Salina Cruz Oaxaca, en el expediente 72/2018." (sic) Cabe precisar que, si bien de la demanda de amparo que se analiza, no se advierte que la directa quejosa haya señalado expresamente como autoridad responsable a los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo cierto es que de la lectura integral de la misma, así como de los datos y los elementos que conforman su escrito, el acto reclamado se lo atribuye a ese tribunal de alzada; de ahí que al ser la demanda de amparo un todo, debe de ser analizada en su integridad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 357/2023-II-B que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Ahora, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa, substancialmente reclama la falta de notificación de la resolución dictada en el toca de apelación 212/2022 del índice la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narra la impetrante de amparo, se advierten los siguientes antecedentes del juicio natural que dieron origen a la omisión del acto reclamado: 1. Manuel Pedro Méndez Ramírez, apoderado legal de Martina Janina Méndez Ramírez, demandó la terminación de un contrato de arrendamiento contra María Luisa Cabrera Godinez y otro, quedando radicado dicho juicio bajo el número 72/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo. 2. Mediante diligencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento de María Luisa Cabrera Godinez, quien contestó la demanda, y opuso sus excepciones y defensas y ofreció pruebas. 3. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, el juez natural declaró improcedente el incidente de falta de personalidad de la parte actora. 4. Seguido el juicio natural, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural citó a las partes para oír sentencia, la que se emitió el veintidós de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente 72/2018. 4. Inconforme con dicha resolución la parte demandada, aquí quejosa María Luisa Cabrera Godinez, interpuso recurso de apelación; medio de inconformidad que fue registrado bajo el toca de apelación 212/2022, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, 5. Los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvieron dicho recurso en el toca de apelación 212/2022; sin que se dicha resolución se le haya notificado. Circunstancia que constituye el acto reclamado en este juicio. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente del juicio de amparo, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio, y las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado importe privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Por lo que refiere al acto reclamado consistente en la falta de notificación de la resolución dictada en el toca de apelación 212/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 72/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, juicio en el que la quejosa es parte en el procedimiento (parte demandada) estuvo en posibilidad de promover el incidente de nulidad de notificaciones, contra tal omisión, atento a lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. "Artículo 71.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 72.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." De lo anterior se desprende, que la impetrante del amparo María Luisa Cabrera Godinez, tenía a su disposición el incidente de nulidad de notificaciones, como medio por el cual pudo revocar o modificar el acto reclamado que en este considerando se analiza; por consiguiente, si la aludida quejosa tuvo esa posibilidad, estaba obligada a observar el principio de definitividad. Apoya lo expuesto, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 307, del Tomo XIII, Febrero de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de jurisprudencia III.1o.C.J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, consultable en la página 1041, del Tomo XVI, Noviembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Y la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/30, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 376, del Tomo II, Noviembre de 1995, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Asimismo, se cita en apoyo de lo hasta aquí razonado, la tesis IV.1o.C.52 C (Registro: 176916), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2430, del Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia". En esas condiciones, al no observarse el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la omisión reclamada (falta de notificación) no sean funciones propias de los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sino de diversa autoridad (actuarios o ejecutores), en virtud que a nada practico conduciría prevenir a la parte quejosa para que manifieste si amplié su demanda al respecto; si el sentido de esta determinación sería el mismo, además, en beneficio de una pronta y expedita administración de Justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, es oportuno resaltar que el hecho de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, verificable electrónicamente con el registro 2005917, que dispone: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J.10/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la cual se le destino el registro electrónico 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. De igual forma, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por no tener inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por María Luisa Cabrera Godinez, contra actos de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO.- La falta de notificación de la resolución de Segunda Instancia, Toca de apelación 212/2022, asignado a la Segunda Sala de lo Civil de Tribunal superior de Justicia del estado de Oaxaca y proseguir el procedimiento, dejándome en estado de indefensión. Notificándome acuerdo para dar cumplimiento voluntario a la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil veintidós dictada por la C. Jueza de lo Civil de este Distrito Judicial de Salina Cruz Oaxaca, en el expediente 72/2018." (sic) Cabe precisar que, si bien de la demanda de amparo que se analiza, no se advierte que la directa quejosa haya señalado expresamente como autoridad responsable a los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo cierto es que de la lectura integral de la misma, así como de los datos y los elementos que conforman su escrito, el acto reclamado se lo atribuye a ese tribunal de alzada; de ahí que al ser la demanda de amparo un todo, debe de ser analizada en su integridad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 357/2023-II-B que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Ahora, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa, substancialmente reclama la falta de notificación de la resolución dictada en el toca de apelación 212/2022 del índice la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narra la impetrante de amparo, se advierten los siguientes antecedentes del juicio natural que dieron origen a la omisión del acto reclamado: 1. Manuel Pedro Méndez Ramírez, apoderado legal de Martina Janina Méndez Ramírez, demandó la terminación de un contrato de arrendamiento contra María Luisa Cabrera Godinez y otro, quedando radicado dicho juicio bajo el número 72/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo. 2. Mediante diligencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento de María Luisa Cabrera Godinez, quien contestó la demanda, y opuso sus excepciones y defensas y ofreció pruebas. 3. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, el juez natural declaró improcedente el incidente de falta de personalidad de la parte actora. 4. Seguido el juicio natural, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural citó a las partes para oír sentencia, la que se emitió el veintidós de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente 72/2018. 4. Inconforme con dicha resolución la parte demandada, aquí quejosa María Luisa Cabrera Godinez, interpuso recurso de apelación; medio de inconformidad que fue registrado bajo el toca de apelación 212/2022, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, 5. Los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvieron dicho recurso en el toca de apelación 212/2022; sin que se dicha resolución se le haya notificado. Circunstancia que constituye el acto reclamado en este juicio. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente del juicio de amparo, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio, y las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado importe privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Por lo que refiere al acto reclamado consistente en la falta de notificación de la resolución dictada en el toca de apelación 212/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 72/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, juicio en el que la quejosa es parte en el procedimiento (parte demandada) estuvo en posibilidad de promover el incidente de nulidad de notificaciones, contra tal omisión, atento a lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. "Artículo 71.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 72.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." De lo anterior se desprende, que la impetrante del amparo María Luisa Cabrera Godinez, tenía a su disposición el incidente de nulidad de notificaciones, como medio por el cual pudo revocar o modificar el acto reclamado que en este considerando se analiza; por consiguiente, si la aludida quejosa tuvo esa posibilidad, estaba obligada a observar el principio de definitividad. Apoya lo expuesto, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 307, del Tomo XIII, Febrero de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis de jurisprudencia III.1o.C.J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, consultable en la página 1041, del Tomo XVI, Noviembre de 2002, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Y la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/30, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 376, del Tomo II, Noviembre de 1995, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Asimismo, se cita en apoyo de lo hasta aquí razonado, la tesis IV.1o.C.52 C (Registro: 176916), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2430, del Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia". En esas condiciones, al no observarse el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la omisión reclamada (falta de notificación) no sean funciones propias de los Magistrados que integran la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sino de diversa autoridad (actuarios o ejecutores), en virtud que a nada practico conduciría prevenir a la parte quejosa para que manifieste si amplié su demanda al respecto; si el sentido de esta determinación sería el mismo, además, en beneficio de una pronta y expedita administración de Justicia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, es oportuno resaltar que el hecho de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, verificable electrónicamente con el registro 2005917, que dispone: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J.10/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la cual se le destino el registro electrónico 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. De igual forma, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por no tener inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información..
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