María López Arcos

Expediente 952/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
952/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • María López Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin haber sido recurrido el acuerdo dictado en este sumario el veintiocho de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por María López Arcos. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), relativo al citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de este Juzgado no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales con su escrito de la demanda; notifíquesele personalmente QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y deberá recogerlas dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. Se hace del conocimiento a la quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la consulta del expediente físico en el cual constan los documentos puestos a su disposición para serle devueltos, será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para la consulta de los expedientes o las comparecencias ante el Consejo de la Judicatura Federal. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia, mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, utilizando el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin haber sido recurrido el acuerdo dictado en este sumario el veintiocho de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por María López Arcos. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), relativo al citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de este Juzgado no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales con su escrito de la demanda; notifíquesele personalmente QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y deberá recogerlas dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. Se hace del conocimiento a la quejosa que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la consulta del expediente físico en el cual constan los documentos puestos a su disposición para serle devueltos, será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para la consulta de los expedientes o las comparecencias ante el Consejo de la Judicatura Federal. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia, mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, utilizando el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto; el escrito de cuenta, signado por la quejosa María López Arcos, por medio del cual aduce dar cumplimiento a la prevención hecha por este juzgado en proveído de quince de julio del año en curso, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto que reclama es la negativa de las autoridades responsables en favorecerla en la entrega del apoyo social del programa "casa vivienda". Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido se tiene a la quejosa, María López Arcos, cumpliendo el requerimiento que se le formuló en auto de quince de julio del año en curso. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso a estudio, la impetrante de amparo en el ocurso inicial de demanda señala como autoridades responsables al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas y otra autoridad, y como actos reclamados los siguientes: a) De las autoridades señaladas como responsables, le reclamo la VIOLACIÓN DIRECTA del derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) De igual manera les reclamo la VIOLACIÓN DIRECTA al derecho humano a una vivienda digna y decorosa, garantizado por el artículo 4° párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Asimismo, les reclamo la violación directa al artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad." Al existir obscuridad en cuanto al acto combatido que da facto impedía fijar la litis en el presente asunto, este Juzgado, en auto de quince de julio de dos mil veintidós, previno a la quejosa María López Arcos, para que dentro del término de cinco días, realizara lo siguiente: ÚNICO. Deberá exhibir medio de prueba alguno con el que acredite haber realizado los trámites de su solicitud ante las autoridades responsables." En cumplimiento a lo anterior, con el ocurso de cuenta, la promovente, bajo protesta de decir verdad manifestó: "Que me encuentro imposibilitado en exhibir medio de prueba alguno con el que acredite haber realizado los tramites de mi solicitud ante las autoridades responsables, toda vez que, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que las autoridades responsables se han negado rotundamente a recibirnos alguna solicitud de apoyo social." De lo anterior se desprende que la quejosa señala como autoridades responsables al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas y del Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas; además, en su escrito aclaratorio señaló como acto reclamado la negativa de las autoridades responsables en favorecerla en la entrega del apoyo social del programa "casa vivienda", asimismo manifestó, que no cuenta con medio de convicción alguno del que se advierta que realizó la petición ante las mismas. Por tanto, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º fracción I, de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para lo que antecede, debe tomarse como partida como manifiesto cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. En relación a lo anterior se cita por analogía la tesis visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988 que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. La hipótesis contenida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la ley, se refiere únicamente a los casos y circunstancias que establece la indicada ley reglamentaria, o bien a los que prevé la Carta Magna, porque sostener el criterio de que alude también a cualquier otra codificación, haría nugatorio el sistema respectivo adoptado por el primero de los ordenamientos invocados." Por su parte, el artículo 1º, fracción I, de la propia ley, establece: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En ese tenor, del contenido integral de la demanda, se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la negativa de las autoridades responsables de beneficiarla en la entrega del apoyo social del programa denominado "casa vivienda". De igual modo, la quejosa refiere en su escrito aclaratorio de demanda, que la negativa reclamada no consta en una resolución, ello en virtud, que las responsables no le han recibido solicitud alguna. De lo anterior, se desprende claramente que no existe una petición efectuada por la parte quejosa que haya sido dirigida a las responsables Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas y Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas, para que pueda determinarse, en el juicio de amparo, la presencia de una autoridad cuya actitud omisa pueda ser susceptible de violar derechos fundamentales y sus garantías, y con ello se le pueda atribuir el carácter de responsable. Se afirma lo anterior, ya que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que, ha realizado diversas gestiones ante las autoridades responsables a fin de ser beneficiada con el programa social para recibir una vivienda digna, expresando bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio, que la negativa reclamada no consta en una resolución, ello en virtud, que las responsables no le han recibido solicitud alguna, lo que coloca a dichas autoridades en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la parte quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto de ellas por no haberles efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, es de concluirse que la obligación del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas y Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas, de beneficiar a la parte quejosa con la entrega del apoyo social de "Construcción Vivienda", no tiene el carácter de vinculante en relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente al actuar la autoridad requerida en plano de coordinación; por tanto, es evidente que la negativa reclamada, no representa el incumplimiento a un deber por parte de las autoridades, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1023, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro se cita a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICOPROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, con el fin de adecuar el juicio de amparo a la realidad social y económica que impera en nuestro país, el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual, se amplió el marco de protección de dicho instrumento en materia de derechos humanos. En ese sentido, para garantizar una tutela efectiva tanto de los denominados derechos humanos de primera generación -destinados a la protección del ser humano individualmente- como de los diversos derechos de segunda y tercera generación -derechos de tipo colectivo: sociales, culturales y económicos- contenidos en nuestra Constitución Federal y en los instrumentos internacionales que en dicha materia ha ratificado el Estado Mexicano, el constituyente eliminó tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado la accesibilidad al juicio de amparo. Así, entre otras cosas, se amplió el concepto de juicio de amparo, entendiendo por este al medio de control constitucional cuyo objeto es defender a los gobernados frente a normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneran sus derechos fundamentales. De lo anterior se desprende, que el constituyente hizo especial énfasis en el hecho de que una conducta omisiva también puede vulnerar derechos humanos, considerando que es el principal medio de violación de los derechos sociales, dada la naturaleza de estos últimos. En consonancia con lo expuesto, cabe mencionar que todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta, ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Ilustra lo anterior, la tesis aislada número VI.1o.230 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables. También, cabe citar la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS. Si los actos reclamados son de carácter positivo (emisión de una orden de visita, práctica de la visita, orden de clausura o la clausura misma) y la quejosa les atribuye vicios de carácter negativo (que no se le mostró la orden, que no se elaboró el acta de visita o que no se le notificó la orden de clausura) esa circunstancia no releva al agraviado de la obligación de demostrar la existencia de aquéllos, ante la negativa que de su realización hagan las autoridades responsables, puesto que si bien es cierto que el promovente del amparo no está obligado a probar que las autoridades responsables incurrieron en actos negativos u omitieron la realización de otros, también lo es que cuando la conducta negativa u omisiva que se les atribuye como vicios en que incurrieron al realizar actos de carácter positivo, primero debe demostrarse la existencia de éstos, para así arrojar a las autoridades responsables la carga de la prueba de que no incurrieron en los vicios de carácter negativo u omisivo que se les imputa. En ese orden, si la quejosa atribuye actos de carácter omisivo a las autoridades responsables que han quedado precisadas, dichas circunstancia no la releva de la obligación de demostrar, con cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley, que tiene derecho a ello, puesto que si bien es cierto que la promovente del amparo no está obligada a probar que las autoridades responsables omitieron la realización de ciertos actos, también es verdad que dicha regla genérica no es aplicable cuando la existencia de la conducta omisiva de la responsable requiere, necesariamente y de manera previa, de la existencia de una solicitud del particular para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al justiciable no le corresponde probar la conducta omisiva de la responsables, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de estas últimas. Es aplicable a la anterior consideración, la tesis aislada número 2a. CXLI/97, visible en la página 366, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Aunado a lo anterior, cabe precisar que tratándose de un acto omisivo, para que la autoridad responsable tenga la carga de la prueba se requiere, invariablemente, que la parte quejosa demuestre que dicha autoridad es la obligada a actuar en el sentido que señala, es decir, resulta indispensable que se encuentre demostrado en autos que las autoridades responsables se encontraban obligadas a actuar en el sentido que pretende la parte quejosa, atendiendo a las normas legales que rigen la competencia de cada una de ellas, a efecto de estudiar si se incurrió en la omisión que se les atribuye. Apoya lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio del 2008, página 53, del rubro y tenor siguientes: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Bajo tales consideraciones, para determinar la existencia del acto que reclama en la presente vía, corresponde a la solicitante del amparo acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de las autoridades responsables, y a éstas les compete acreditar que no incurrieron en la omisión y abstención que se les reclama. De esta forma, al depender en gran medida de la situación financiera de los Estados, el ejercicio de dichas garantías positivas debe estar sujeto a un cumplimiento progresivo, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos en las leyes. En ese mismo sentido lo establecen el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo de San Salvador: "Artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Artículo 1° del "Protocolo de San Salvador". Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo." Así, al reconocer que las garantías positivas de protección a los derechos económicos, sociales y culturales, se encuentran supeditados a un criterio de carácter económico, corresponde a los Estados determinar en sus legislaciones, la forma en que las personas podrán acceder a estos beneficios. De esa forma, los programas sociales a cargo del Estado se encuentran condicionados a que los particulares los soliciten pues dicha circunstancia constituye una condición necesaria para el ejercicio de los derechos en cuestión. Al respecto, si bien los Estados deben destinar ciertos recursos públicos al establecimiento de programas y servicios destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, lo cierto es que al tratarse de recursos limitados, deben dirigirse a los sectores y personas que más lo necesitan, debiendo garantizar una distribución equitativa entre la población, de conformidad con sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas (justicia distributiva). De esa forma, la solicitud constituye el medio a través del cual, las autoridades encargadas de ejecutar dichos programas, pueden cerciorarse acerca de la situación económica y social de quien solicita su incorporación a los programas estatales; de tal suerte que su presentación permite que las autoridades conozcan al solicitante, permitiéndoles determinar si puede considerarse candidato a ser beneficiario, y en qué medida, de los recursos y servicios que brinda el Estado. Así, debe reconocerse que si bien los Estados deben establecer todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población, ello no debe entenderse en el sentido de que las autoridades deban verificar y cerciorarse que las personas gocen de las mejores condiciones de vida. Finalmente, se considera que la solicitud constituye una garantía de respeto al derecho humano al desarrollo de la libre personalidad, entendida como la capacidad que tienen para elegir los medios para su desarrollo personal. Bajo esa tesitura, se determinó que la libertad positiva de las personas les permite elegir sus propios medios de desarrollo, así como las formas en las que habrá de participar en la sociedad, sin que el Estado pueda ni deba intervenir en sus decisiones de vida, debiendo involucrarse únicamente cuando así lo exijan las especiales circunstancias de cada persona. Así, se determina que el ejercicio de las prerrogativas previstas en los programas y servicios públicos, debe estar condicionados a que las personas las soliciten, debiendo además cumplir con los criterios establecidos en las leyes que los regulan. De manera que, al no haber demostrado que haya realizado su solicitud a las responsables a efecto de ser beneficiada en el programa social que refiere y garantizar el goce de condiciones satisfactorias de vida incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene, es incuestionable que las autoridades responsables no han incurrido en la omisión que les reclama. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES-. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de julio de dos mil veintidós. VISTA; la demanda de amparo promovida por María López Arcos, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Tumbalá, Chiapas y otra autoridad, que hace consistir en: "a) De las autoridades señaladas como responsables, le reclamo la VIOLACIÓN DIRECTA del derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera les reclamo la VIOLACIÓN DIRECTA al derecho humano a una vivienda digna y decorosa, garantizado por el artículo 4° párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, les reclamo la violación directa al artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad." Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 952/2022-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Prevención. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado la violación directa al derecho humano a una vivienda digna y decorosa, garantizado por el artículo 4° párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que del análisis integral del escrito de la demanda se advierte en el capítulo de antecedentes que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, haber realizado diversas gestiones ante la Presidencia Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas. En ese sentido, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, por escrito cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá exhibir medio de prueba alguno con el que acredite haber realizado los trámites de su solicitud ante las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que si la quejosa atribuye actos de carácter omisivo a las autoridades responsables que han quedado precisadas, dichas circunstancias no la releva de la obligación de demostrar, con cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley, que tiene derecho a ello, pues si bien es cierto que la promovente del amparo no está obligada a probar que las autoridades responsables omitieron la realización de ciertos actos, también es verdad que dicha regla genérica no es aplicable cuando la existencia de la conducta omisiva de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de manera previa, de la existencia de una solicitud del particular para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al justiciable no le corresponde probar la conducta omisiva de las responsables, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de estas últimas. Es aplicable a la anterior consideración, la tesis aislada número 2a. CXLI/97, visible en la página 366, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." III. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído, deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de la demanda, para emplazar a juicio a las partes. IV. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la quejosa el despacho ubicado en calle Pirita número 302, esquina con calle Rubí, fraccionamiento San Fernando, en Tuxtla Gutiérrez. Se tiene como autorizado a Gabriel Gómez Alonso, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la misma ley, a Erik Wenceslao Gómez Cruz, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. En cuanto al correo electrónico y teléfonos que proporciona la promovente, dígasele que conforme con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. VII. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la ley penal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realiza el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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