María Josefina Alfonzo Ruiz

Expediente 2263/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2263/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • María Josefina Alfonzo Ruiz
  • Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado
  • MARÍA JOSEFINA ALFONZO RUIZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Visto; del estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, remitió a este Órgano de Control Jurisdiccional copias certificadas del Juicio Sucesorio Intestamentario número 197/2006, radicado ante el Juzgado Primero del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, del que deriva el acto reclamado, en dos tomos, para el conocimiento del presente asunto. Al efecto se acuerda: Atento a lo anterior, y en virtud de que el presente juicio se encuentra concluido y los mismos ya no son necesarios, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Atento a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que éste órgano jurisdiccional no cumple la función de fedatario público; además que las copias que solicita se encuentran a su disposición en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin que pase inadvertido por éste juzgado el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA EXPEDICIÓN DE TODAS AQUELLAS QUE FORMEN PARTE DE LOS AUTOS, INCLUYENDO LAS PERTENECIENTES AL JUICIO NATURAL, AL TOCA DE APELACIÓN O A CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO FORMADO DURANTE EL ITER PROCESAL. La ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apunta a que el tribunal de amparo, mediante la expedición de copias certificadas, debe abrir las actuaciones a las partes en igualdad de condiciones y con el fin de que participen activamente en la formación del litigio de manera informada y objetiva. En este sentido, la expresión "constancia o documento que obre en autos" contenida en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no debe limitarse a los legajos que se formen con motivo del juicio de amparo, sino que puede hacerse extensiva a los autos del juicio natural, al toca de apelación y a cualquier otro cuaderno proveniente de algún proceso jurisdiccional que fuere remitido al tribunal de amparo para la sustanciación del juicio; es decir, el significado de la norma debe extenderse a cualquier acto jurídico consignado a lo largo del iter procesal del juicio de amparo, incluyendo todos sus recursos e incidencias. Por lo anterior, el tribunal de amparo debe expedir, a solicitud de las partes, copias certificadas de cualquier documento o constancia contenida en cualquiera de los cuadernos referidos, con independencia de que no haya ordenado formalmente que tales documentos se integren al expediente de amparo, ni se hayan cosido, foliado, rubricado y sellado. La única restricción que se advierte en la norma referida consiste en que no se pueden expedir copias certificadas de aquellos documentos que no formen parte de los autos, por no haber sido ordenada su inclusión por alguna autoridad jurisdiccional. Ello, porque las constancias y demás documentos que obren en autos son un reflejo material de determinados actos jurídicos, por lo que debe tomarse en cuenta el respaldo institucional indispensable y consustancial en ellos, que viene a ser la orden de alguna autoridad jurisdiccional. Hipótesis que en el caso que nos ocupa, no acontece, al encontrarse sustanciado el presente juicio de amparo, máxime que en proveído de veintiuno de junio del presente año, se ordenó su archivo definitivo.NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto, el escrito de cuenta signado por *******, autorizado de la parte quejosa ***********, mediante el cual solicita copia simple de las constancias que aduce, mismas que obran en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídasele a su costa las reproducciones que solicita, autorizando indistintamente a cualquiera de las personas que indica, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia.NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Refugio Noel Montoya Moreno, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Este órgano jurisdiccional procede a resolver, si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida, de la manera siguiente: La sentencia ejecutoria emitida por este Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: "Sexto. De la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, en que se ha puesto de manifiesto la inconstitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 276-B-1C03/2008, consecutivo II, de su índice. En su lugar, dicte una nueva en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, establezca que la albacea incidentista, en el incidente sometido a su potestad por vía de apelación, sí justificó la necesidad de la entrega física o material del inmueble ubicado en la cuarta calle norte oriente, número 75 A, del barrio las siete esquinas de la ciudad de Comitán, Chiapas; por consiguiente, confirme la resolución interlocutoria de primer grado materia de apelación. Tomando en consideración que la coheredera A.N.P.V., resulta ser menor de edad, lo que implica el imperativo de ponderar esta circunstancia desde un triple concepto: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento; consecuentemente, conceda al albacea un plazo prudente para realizar la operación de venta en cuestión; o bien, acredite la imposibilidad que tiene para hacerlo". Guarda aplicación la jurisprudencia de la literalidad siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, del examen acucioso de las documentales enviadas por la responsable, que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, confrontadas con la ejecutoria de amparo, se desprende lo siguiente: Ejecutoria Cumplimiento Deje insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 276-B-1C03/2008, consecutivo II, de su índice. Mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 276-B-1C03/2008-II de su índice, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 147 a 1489); asimismo, ordenó turnar los autos del toca de referencia al Magistrado ponente para la formulación del proyecto de resolución respectivo; sin que pase desapercibido que la determinación atinente a dejar sin efecto la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue reiterada en la resolución de uno de junio del presente año (fojas 151 a 192). En su lugar, dicte una nueva en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, establezca que la albacea incidentista, en el incidente sometido a su potestad por vía de apelación, sí justificó la necesidad de la entrega física o material del inmueble ubicado en la cuarta calle norte oriente, número 75 A, del barrio las siete esquinas de la ciudad de Comitán, Chiapas; por consiguiente, confirme la resolución interlocutoria de primer grado materia de apelación. Tomando en consideración que la coheredera A.N.P.V., resulta ser menor de edad, lo que implica el imperativo de ponderar esta circunstancia desde un triple concepto: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento; consecuentemente, conceda al albacea un plazo prudente para realizar la operación de venta en cuestión; o bien, acredite la imposibilidad que tiene para hacerlo. El uno de junio de la presente anualidad (fojas 151 a 192), la responsable dictó una nueva en la que siguió las directrices precisadas en la ejecutoria de amparo; para tal efecto, expuso que se encontraba acredita la necesidad por parte de la actora incidentista de tener la posesión material del inmueble materia de la litis. De igual forma, la Sala responsable concedió a María Josefina Alfonzo Ruíz (albacea de la sucesión), el término de noventa días, para realizar la operación de compraventa del referido inmueble. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria que se analiza se encuentra CUMPLIDA SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito de quince de junio del año que transcurre, respecto a que el cumplimiento de la responsable no establece si el término de noventa días concedido a la albacea son hábiles o naturales; asimismo, que las iniciales de la menor no son A.C.A.R., sino A.C.A.P., y, finalmente, que no es correcto que la responsable determine que la venta judicial debe llevarse a cabo a través de previa autorización judicial en términos de lo dispuesto en el artículo 912 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; dado que debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, otorgada a la responsable; por tanto, no es factible que a través del presente se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable. Por los motivos que informa, guarda aplicación el criterio de rubro y texto siguientes: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Máxime que en relación al término de noventa días concedido a la albacea son hábiles o naturales, el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, establece que en ningún término se contaran los días en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales; es decir, la norma pondera que los términos deben ser hábiles. Por otra parte, en relación a las iniciales de la menor, se trata de un error involuntario que en nada afecta a ésta tomando en consideración que prevalece las constancias del juicio de origen. Aunado a lo anterior, se encuentra la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo concedido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin proveer lo conducente en los cuadernos incidentales, por no haber sido solicitados por el quejoso. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que se advierte que no existen documentos exhibidos por las partes, ni por la autoridad responsable, ya que en oficio de 611/2017, de veinticuatro de mayo del año en curso, de nuestro índice, se devolvieron las documentales que nexo a apoyo a su informe justificado, acusando recibo de los mismos en oficio 2317/2017, de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete del ndice de la responsable, se deja de proveer al respecto.

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