María Josefina Alfonzo Ruíz

Expediente 812/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
812/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2017

Partes del expediente

  • María Josefina Alfonzo Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior y apareciendo que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, y en carácter de albacea en sucesión de ***, contra actos, contra actos del Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de amparo señala como acto reclamado: Resolución de uno de junio de dos mil diecisiete dentro del toca 276-B-1C03/2008, consecutivo II, derivado del juicio sucesorio Intestamentario 197/2006, del índice del Juzgado Primero Civil, del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas.. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto a la referida quejosa. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista como hecho notorio, los autos del diverso juicio de garantías 2263/2016-VIII, de la estadística de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en rubro y texto dice: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido a la quejosa María Josefina Alfonzo Ruíz, toda vez que éste resulta ser: la resolución de uno de junio de dos mil diecisiete dentro del toca 276-B-1C03/2008, consecutivo II, derivado del juicio sucesorio Intestamentario 197/2006, del índice del Juzgado Primero Civil, del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas; acto que incuestionablemente le causa un agravio a la referida impetrante. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por las razones que la informan resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Aquí debe aclararse que la impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate, desde cuando menos, el trece de junio de dos mil diecisiete, por las consideraciones que a continuación se vierten. De los autos del juicio de amparo 2263/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se trae como hecho notorio de conformidad en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su artículo 2; se advierten los siguientes antecedentes: En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por la quejosa María Josefina Alfonzo Ruiz, la cual se registró con el número 2263/2016, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Seguida la secuela procesal, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, este órgano dictó la sentencia constitucional relativa al referido juicio, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la quejosa María Josefina Alfonzo Ruiz. La sentencia en cuestión causo ejecutoria el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante proveído de veinticuatro de mayo, por lo que se requirió al Juez responsable el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la Sala Regional Colegiada Mixta, con residencia en San Cristóbal de las Casas, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, en resolución de uno de junio del dos mil diecisiete, dejó insubsistente la diversa de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y en su lugar, declaró que la albacea incidentista, si justificó la necesidad de la entrega física o material del inmueble materia de la sucesión; el cual informó a este órgano jurisdiccional mediante oficio 2380/2017. Por auto de seis de junio de dos mil diecisiete, se dio a vista a la quejosa con el referido cumplimiento, el cual se les notificó por medio lista que se fijó en los estrados de éste juzgado, el doce de junio de dos mil diecisiete; por lo que en auto de veintiuno de junio, se tuvo cumplido el fallo protector. En acuerdo de veintiuno de junio del presente año, se dio a vista a la quejosa con el referido cumplimiento, el cual se les notificó por medio lista fijada en los estrados de éste juzgado el veintisiete del mes y año en mención; No obsta mencionar que mediante escrito de dieciséis de junio del presente año, el autorizado de la parte quejosa; Antonio Rafael Aguilar Morales, realizó manifestaciones respecto de la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, en acatamiento a la ejecutoria de amparo. De ahí, que este órgano jurisdiccional, como hecho notorio advierta que María Josefina Alfonzo Ruiz, contrario a lo afirmado en su escrito de demanda tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia, desde cuando menos el trece de junio de dos mil diecisiete, fecha en surtió efectos la notificación del doce de junio de ese mismo mes, en el que se le dio vista con la resolución de uno de junio de dos mil dieciséis, dictada por la autoridad responsable, en el toca civil número 276-B-1C03/2008, en cumplimiento al recurso a la ejecutoria de amparo 2263/2016 del índice de éste juzgado. En ese tenor, si la quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde cuando menos el trece de junio de dos mil diecisiete, dicho acto ya le es aplicable el término de quince días establecido en el referido numeral 17, de conformidad con sustentado por nuestro máximo tribunal. Por lo que la quejosa tenía quince días hábiles a partir de esa data para combatir el acto que ahora reclama, pues fue la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo, ante la vista otorgada por este órgano jurisdiccional. En efecto, el término para presentar la demanda de amparo, inició el catorce de junio al cuatro de julio de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de la Amparo, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, el plazo para presentar la demanda de amparo venció el cuatro de julio de este mismo año; lo cual puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. JUNIO 2017 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (A) 13 (B) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JULIO 2017 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (E) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fecha en que se notificó sobre el cumplimiento (Nueva resolución de la sala responsable). B) Fecha en que surtió efectos la notificación. C) Plazo de quince días para promover el juicio de garantías. D) Días inhábiles. E) Día en que se presentó el escrito de demanda. Por lo que, dado que la solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, fecha en que presentó su demanda de amparo, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito por parte de la quejosa María Josefina Alfonzo Ruiz, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por la quejosa María Josefina Alfonzo Ruiz, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Rafael Aguilar Morales y Gerson Elsever Roblero Gutiérrez, por así haberlo solicitado la quejosa y por estar sus cedulas profesionales inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo se tiene por autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Wilbert Johnattan Ruiz Courtois, Ana María Bermúdez López, Azucena del Rosario Méndez Gutiérrez y Leticia Asunción Solís Méndez, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales el citado registro único de profesionistas. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora bien, en lo que respecta al uso de la reproducción electrónica, se autoriza su aplicación en el presente expediente a la quejosa, así como a sus autorizados, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

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