Maria Leticia Martínez Carrillo
Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Leticia Martínez Carrillo
Actuaciones
- Principal
Demanda, radicación y admisión Vista la demanda de amparo promovida por María Leticia Martínez Carrillo por su propio derecho, contra actos de las autoridades siguientes: Secretario de Educación del Estado de Michoacán. Subsecretario de Educación Básica. Director de Administración de Personal. Subdirectora de Educación Preescolar. Jefe del Departamento de Normatividad. Dirección de Educación Elemental. Todos dependientes de la Secretaria de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad. De quienes reclama lo siguiente: La omisión de dictar acuerdo, con relación "A la solicitud pidiéndole que de manera pacífica y respetuosa LA IMPUGNACIÓN AL OFICIO SEE/SEB/DEE/SEP/534/20"; así como la falta de notificación personal de la determinación correspondiente. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número II-610/2020. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Análisis integral de la demanda. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son la falta de contestación al escrito de la parte quejosa en el que impugna el oficio SEE/SEB/QEE/SEP/534/20, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, signado por la Subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, en el que se le da a conocer la nueva adscripción para prestar sus labores de Profesora de Educación Preescolar en el Jardín de Niños Isidro Huarte, turno vespertino, con clave 16DJN2864Y, perteneciente a la zona escolar 092 sector 02 de Morelia, Michoacán; así como la falta de notificación personal de la determinación omitida. Así, una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, porque el contenido material de los escritos (petición) revela que se circunscribe dentro de una relación de tipo laborales, entre una trabajadora y a quienes presta su servicio. Actualización de causal de improcedencia. La causa de improcedencia que se estima actualizada, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2ª./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Por ejemplo, el hecho de que un patrón despida a un trabajador o le deje de pagar su salario no implica que contra ese acto específico proceda el juicio de amparo, por la sola circunstancia de que aquél ejecutó un acto de forma unilateral y obligatorio que extinguió la relación laboral, pues en ese supuesto el acto no ha sido emitido en un plano de supra a subordinación para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil, laboral, incluso administrativa, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que, en una relación de supra a subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien las dependencias señaladas como autoridad responsable" por la quejosa pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Estudio particular. Ahora bien, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que la peticionaria de amparo reclama la falta de contestación al escrito en el que impugna el oficio SEE/SEB/QEE/SEP/534/20, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se informa a la promovente la nueva adscripción para prestar sus servicios Profesora de Educación Preescolar en el Jardín de Niños "Isidro Huarte", turno vespertino, con clave 16DJN2864Y, perteneciente a la zona escolar 092 sector 02 de Morelia, Michoacán; así como la falta de notificación personal de la determinación omitida. Asimismo, señala que dicha omisión en que incurren las autoridades responsables, se materializa en lesiones en su perjuicio al artículo 8o. constitucional, pues ha transcurrido un plazo excesivo para que la dependencia estatal a la que presta sus servicios, le hubiese dado la contestación respetiva. Lo anterior, pone en evidencia que el acto impugnado es, naturalmente, un acto que surge dentro de una relación de coordinación, específicamente dentro de una relación laboral, entre el prestador y patrón, mas no en una de supra a subordinación. Se explica lo precedente porque si bien el artículo 8o de la Constitución Federal prevé el derecho de petición, también lo es que éste emerge en las relaciones de supra a subordinación, esto es entre autoridad y gobernado; y si bien en la demanda se aduce la violación a un derecho de petición, en el caso no puede desvincularse tanto la materia de la pretensión como el contexto de la relación en la que surge la misma, pues ello permitirá determinar si en realidad se trata o no de un derecho tutelado por el artículo 8º constitucional y, por ende, objeto de protección a través del juicio de amparo. Precisado lo precedente, se tiene que acorde a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, así como a los anexos de la misma, se tiene que mediante oficio SEE/SEB/QEE/SEP/534/20, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación Pública, comunicó a la quejosa la nueva adscripción para prestar sus labores de Profesora de Educación Preescolar en el Jardín de Niños "Isidro Huarte", turno vespertino, con clave 16DJN2864Y, perteneciente a la zona escolar 092 sector 02 de Morelia, Michoacán. A su vez, la aquí quejosa, en cuanto directora técnica de educación escolar, mediante escrito sin fecha, presentado los días tres, diez y once de marzo del año en curso, ante diversas áreas de las Secretaría de Educación en el Estado (precisadas en la demanda como autoridades responsables), impugnó el precitado oficio SEE/SEB/QEE/SEP/534/20 por estimar que es violatorio de sus derechos laborales. Y es, precisamente, el escrito antes relatado cuya omisión de proveer reclama la quejosa por violación al artículo 8º constitucional. Así, el contexto precedente revela que la quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación en el Estado, y que ésta, a través de la signante del oficio SEE/SEB/QEE/SEP/534/20, determinó asignarle nueva adscripción para desempeñar sus labores. De donde se sigue que el escrito presentado por la quejosa ante diversas áreas de la Secretaría de Educación en el Estado, a través del cual impugna el cambio de su adscripción, surge dentro de la relación laboral existente entre la quejosa y la Secretaría de Educación en el Estado. Por tanto, en el caso concreto, no es factible jurídicamente establecer el carácter de autoridades responsables, para efectos del juicio de amparo, a las distintas áreas de la Secretaría de Educación en el Estado ante quienes la aquí quejosa presentó el escrito cuya omisión de contestación reclama como violación al derecho de petición. Ello es así, porque -antes se ha visto- la relación que subyace entre la quejosa y la Secretaría de Educación en el Estado es de naturaleza laboral, por lo que el escrito presentado por aquélla ante diversas áreas de la segunda mencionada emerge de dentro de esa relación laboral, pues con él -y cuya omisión de contestarlo reclama en el juicio de amparo- pretende revertir su cambio de adscripción de sus labores. Todo lo antes dicho pone en evidencia, se insiste, que estamos en presencia de actos recíprocos generados dentro de una relación laboral, que se refieren a la determinación del lugar en el que deberá prestar sus servicios la ahora ocursante, lo que torna improcedente el presente juicio, al pretender otorgar el carácter de autoridades responsables a entidades administrativas que están actuando en un plano de coordinación respecto a la quejosa, derivado de la relación laboral que los une. De ahí que no es factible establecer que, en el caso concreto, se trata de autoridades responsables a aquellas entidades administrativas de la Secretaría de Educación en el Estado. Para orientar lo anterior, tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 298, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3º. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente. Así pues, se insiste, la circunstancia de que las dependencias señaladas como autoridades responsables no hayan dado contestación al escrito mencionado y tampoco le hayan notificado, no son actos de autoridad de supra a subordinación, sino que surgen en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con la quejosa, es decir, dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la tesis XII.1o.8 L, del Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1723, con número de registro 190214, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado". Por tanto, los actos reclamados atribuidos a las dependencias señaladas como "autoridades responsables" no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tales dependencias no actúan en una relación de supra a subordinación, sino en una diversa, pues es una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con la quejosa, es decir, dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre patrón y trabajador, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Desechamiento En términos de lo expuesto en el apartado precedente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que, excepcionalmente, será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la falta de contestación al escrito de la parte quejosa en el que impugna el oficio y, consecuentemente, la falta de notificación personal. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene a la quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y como autorizados para tal efecto a las personas que nombra; en el entendido de que gozarán de las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encuentran inscritas sus cédulas. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan. De conformidad con lo establecido en el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios judiciales para que las realicen tomando en consideración las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: I. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a la parte quejosa, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio Agenda OJ, en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común, las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes. Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Anotaciones y digitalización del expediente. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que corresponda; y, finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el oficio signado por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el dos de los actuales, informa que la parte quejosa no ha acudido a esa coordinación para que se le realice el reembolso de la cantidad que cubrió por el arrastre. Sin embargo, en dicho requerimiento también se le precisó que debía aclarar lo relativo a la multa, esto es si la parte quejosa cubrió alguna cantidad por ese concepto, o de cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación. Por tanto, se le requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio relativo a este auto, cumpla con lo anterior. En el entendido que de no hacerlo así o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de agosto del presente año. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- María Jarumi Vieyra Merino1239/2021
- María Jesús Aguilar Escamilla294/2022
- María José Espinosa Sombrerero1033/2019
- María Juárez Esqueda280/2022
- María Julieta Gisela Rodríguez Voirol337/2019
- María Leticia Bedolla Hernández563/2021
- María Loreto González Torres1202/2017
- María Lourdes Leyva Bobadilla493/2019
- María Lucero Jiménez López1176/2019
- María Lucero Jiménez López1169/2019
- María Luisa Estrada Farias364/2019
- María Luisa Murillo Alvarado81/2017