María Lucero Jiménez López
Expediente 1169/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Lucero Jiménez López
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA LUCERO JIMÉNEZ LÓPEZ. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 29 a 37), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Lucero Jiménez López, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído de que se trata, para los efectos a que haya lugar. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de lajudicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general de consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA LUCERO JIMÉNEZ LÓPEZ. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el ocurso signado por la quejosa María Lucero Jiménez López; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo en tiempo y forma con la prevención efectuada en auto de veintidós de octubre en curso, al indicar la fecha exacta de conocimiento del acto reclamado. Atento a lo anterior, con la demanda de amparo y escrito complementario, provéase lo conducente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. De la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. b) Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. c) Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. De quienes reclamó los actos que hace consistir en lo siguiente: ? El emplazamiento practicado dentro del Juicio Ordinario Civil número 496/2018 y, como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia dictada en el mismo y el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve en el que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para la práctica de la diligencia de entrega material del inmueble marcado con el número 37, ubicado en la calle el Leñador de la colonia Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, el cual se encuentra en posesión de la quejosa. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercera extraña al juicio subyacente. En la especie, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Del precepto legal trascrito se desprende en lo que interesa, que se actualiza la mencionada causal de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: I. Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. II. Que se intente contra el mismo acto o actos reclamados. III. Que dicho juicio se encuentre en trámite. El artículo invocado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. En ese contexto, para la existencia de la litispendencia en el juicio de amparo, resulta necesario, pues, que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido diverso juicio de garantías en el que aún no se haya dictado sentencia respecto de las mismas partes o esté pendiente de causar ejecutoria sobre idénticas pretensiones, el mismo acto reclamado, por lo cual debe existir identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e igualdad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En el caso, la parte quejosa señaló en la demanda que se acuerda como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. b) Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. c) Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. De quienes reclamó los actos que hace consistir en lo siguiente: ? El emplazamiento practicado dentro del Juicio Ordinario Civil número 496/2018 y, como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia dictada en el mismo y el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve en el que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para la práctica de la diligencia de entrega material del inmueble marcado con el número 37, ubicado en la calle el Leñador de la colonia Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, el cual se encuentra en posesión de la quejosa. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercera extraña al juicio subyacente. Ahora, de la certificación secretarial que antecede se desprende que la demanda de amparo promovida por María Lucero Jiménez López, por derecho propio, con la que se formó el juicio de amparo indirecto número IV-1176/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, el cual constituye un hecho notorio para este juzgador, el cual puede invocarse aun cuando no se haya alegado y probado por las partes en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, se aprecia que la promovente de amparo, señaló como autoridades responsables al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, actuario y secretario de acuerdos de su adscripción, de quienes reclamó en esencia el emplazamiento practicado dentro del Juicio Ordinario Civil número 496/2018 y, como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia dictada en el mismo y el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve en el que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para la práctica de la diligencia de entrega material del inmueble marcado con el número 37, ubicado en la calle el Leñador de la colonia Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, el cual se encuentra en posesión de la quejosa acto que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercera extraña al juicio subyacente, porque afirma no se ha entendido ninguna diligencia de emplazamiento con ella (foja 3). Por tanto, de dicha demanda se puede destacar, en lo que importa, que en esencia la parte quejosa ya había promovido juicio de amparo, respecto de la determinación emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 496/2018, mediante la cual pretende desposeer a la aquí quejosa del inmueble objeto de controversia dentro del juicio de origen. De lo anterior se aprecia que tanto la presente demanda de amparo IV-1169/2019, como la diversa I-1176/2019, son promovidas por la misma quejosa, contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, actuario y secretario de acuerdos de su adscripción, por los propios actos reclamados, que en esencia consiste en el emplazamiento practicado dentro del Juicio ordinario civil número 496/2018 y, como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia dictada en el mismo y el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve en el que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para la práctica de la diligencia de entrega material del inmueble marcado con el número 37, ubicado en la calle el Leñador de la colonia Felipe Carrillo Puerto de esta Ciudad, el cual se encuentra en posesión de la quejosa, y que se reclaman las mismas violaciones constitucionales; esto es, se advierte que María Lucero Jiménez López, por derecho propio, promovió el diverso juicio de amparo número I-1176/2019, respecto de las mismas autoridades responsables y actos, que en el sumario que nos ocupa, y que la demanda que lo originó se admitió a trámite el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, misma que se encuentra en trámite. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XI.2o.8 K , que a continuación se reproduce: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Igualmente, resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 287 , Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Precisado lo anterior, debe decirse que, lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, por tratarse de actos materia de otro juicio de amparo que se encuentra en trámite, promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y las mismas violaciones constitucionales. Por tanto, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, ambos de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que cronológicamente se haya recibido primero la demanda de amparo en que se actúa y, con posterioridad la que dio origen al juicio de amparo I-1176/2019 promovido por la misma quejosa contra las mismas autoridades responsables, toda vez que la condición para que se actualice la litispendencia estriba en que exista un juicio de amparo previo pendiente de resolverse en el que se sometan a escrutinio constitucional los mismos actos que se reclaman a las autoridades responsables. Lo anterior se estima en ese sentido, en atención a que, a decir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la causal de improcedencia de litispendencia encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencia contradictorias. En tanto que el órgano jurisdiccional debe asegurarse que el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de defensión. Así, la circunstancia consistente en que la demanda de amparo que nos ocupa tenga un número de registro IV-1169/2019 que resulta cronológicamente anterior a la diversa I-1176/2019 no es obstáculo para considerar actualizada la causa de improcedencia en comento, ya que de las constancias que integran en juicio citado en segundo lugar se advierte que la acción de amparo se ejerció el uno de octubre del año en curso, ya que dicha demanda fue presentada en esa fecha ante la autoridad responsable en la vía directa. Lo cual motivó a que la misma fuera turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, quien, a su vez, la remitió a este juzgado federal el veintiuno del presente mes y año. Mientras que en el presente juicio de amparo IV-1169/2019, la acción constitucional se ejerció el dieciocho de octubre, esto es, diecisiete días después de la presentación del libelo que dio origen a la diversa demanda I-1176/2019. Cabe añadir que, de admitir a trámite el presente asunto, resultaría ocioso al existir un diverso en el que se están dilucidando las cuestiones controvertidas en sede constitucional por la quejosa, con lo cual se asegura que dicha parte conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad y no se le deje en estado de indefensión, pues, prima facie, es factible advertir que la demanda de amparo que dio origen al diverso amparo I-1176/2019 fue presentada en tiempo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 307/2012, determinó que tratándose de dos juicios de los que corresponde el conocimiento al mismo órgano jurisdiccional se debe atender a la fecha de admisión de uno de ellos no a la data en que fueron presentados, esto es, se deben analizar dos aspectos a) Evitar la ociosidad de tramitar un segundo juicio y b) Verificar la existencia de un juicio previo, en el que ya sean objeto de análisis constitucional los mismos actos reclamados en el segundo juicio. De ahí que a decir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el juzgador estime actualizada la causal de improcedencia en comento, lo trascendente es que se cerciore que al quejoso no se le dejara en estado de indefensión al permitirle la oportunidad de defenderse del acto de autoridad, en forma independiente del orden cronológico de la presentación de la demanda . No se soslaya que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Registro de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María Lucero Jiménez López, por propio derecho, contra las autoridades responsables siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; y, Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-1169/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia en su fracción V, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación;.". Ahora, del estudio integral al escrito inicial de demanda, analizado como un todo, se desprende que la parte quejosa se duele de lo siguiente: El emplazamiento y, como consecuencia de ello, todo lo actuado dentro del juicio reivindicatorio 496/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que ostenta la calidad de persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que, a su decir, no fue emplazada debidamente al juicio reivindicatorio de mérito. Ahora, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala expresamente lo siguiente: ".PRIMERO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO que Con fecha 25 de septiembre del presente año, siendo las 9:00 horas se presentó a mi domicilio el secretario de este juzgado en compañía de tres elementos de la policía municipal y el señor J. Jesús Segura Contreras y un cerrajero, y se presentó identificándose con mi señora madre de nombre José Fina López Morales, con la siguiente media filiación: De Una Edad De 63 Años, ella si es de una tés morena, de una estatura 155, ojos color oscuros, esta es mi señora madre, como consta en el acta levantada en esa fecha la manifestación del C. Secretario de este H. Tribunal quien da fe que es la misma que se identifica por su media afiliación con quien se realizó el emplazamiento de fecha 12 de julio del año 2018, adelanto que no es la media afiliación de la suscrita, lo que comprueba que no se me emplazo conforme a derecho y se cometió un error en el dicha diligencia, ya que ignoro con quien se llevó cabo dicha diligencia." (Sic). En efecto, en el antecedente tercero de su demanda de amparo narra lo siguiente: "TERCERO: De lo manifestado con anterioridad en el hecho primero me presente en el juzgado de primera instancia y bajo protesta de decir verdad me entere por primera vez que estoy demandada en el juicio al rubro indicado y en dicho expediente aparece una diligencia de emplazamiento de fecha 12 de julio del año 2018, en la cual se realiza con una persona de acuerdo a su media filiación es diferente a la suscrita, por lo siguiente que se en ese entonces la suscrita cuenta con una edad de treinta tres años, como lo acredito con mi credencial de elector, y no treinta y ocho años, la suscrita tengo una estatura de 165, un metro sesenta y cinco, y no 1,55 y no un metro cincuenta y cinco, la suscrita tiene una tés color claro y no tés morena, la suscrita tiene ojos color café claros y no oscuros." "como consta en autos, posteriormente la suscrita llego después de media hora de lo sucedido anteriormente percatándome de todo lo anterior." (Sic). De lo antes transcrito se desprende que en una parte de la demanda, la parte quejosa aduce que "tuvo conocimiento formal" del acto reclamado el uno de octubre del año en curso; sin embargo, en un apartado posterior refiere que el veinticinco de septiembre del presente año, se presentó en su domicilio el secretario del juzgado responsable en compañía de otras personas para llevar a cabo una diligencia, para lo cual, la propia quejosa llegó media hora después de que ello ocurriera. Asimismo, de las constancias que adjunta a la demanda de amparo se advierte una documental: Documental: Consistente en una invitación número 02062/MOR/CJA/2017, emitida por la facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, emitida el cinco de abril de dos mil diecisiete (foja 19). Instrumental de la cual se advierte que el cinco de abril de dos mil diecisiete, fue citada en el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de J. Jesús Segura Contreras [quien según lo narrado por la quejosa es parte actora dentro del juicio subyacente]. Lo anterior causa duda a este juzgado federal en torno a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, dato que resulta necesario sea expuesto por la parte quejosa en vía de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, pues para cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto a la expresión de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyan antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, la parte promovente debe realizar una narración precisa de todos aquellos sucesos de carácter positivo o negativo que se hayan llevado a cabo con antelación al acto que combate y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.7o.A.100 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Por tanto, toda vez que la expresión clara, precisa y pormenorizada de los hechos o antecedentes que dieron origen al acto reclamado, entre ellos la fecha de conocimiento del acto reclamado, se considera un requisito sine quanon que impide la admisión de la demanda, sin que antes la parte quejosa haga la aclaración correspondiente; por consiguiente, este Juzgador considera realizar la siguiente: Prevención Atendiendo al contenido de ese precepto, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la promovente del amparo para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, exprese en forma clara y precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. De igual forma, se le requiere para que adjunte las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable, tomando en consideración que es una para cada parte. Se hace saber a la promovente, que los artículos 248 y 261 de la Ley de Amparo, establecen una multa y una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos, o para dar competencia a un juez de Distrito designe como autoridad ejecutora a la que no lo es. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Señalamiento de domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Margarita Coria Quintana, toda vez que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los demás profesionistas, en virtud de que no acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciada en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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