María Juárez Esqueda

Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
280/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • María Juárez Esqueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: EVELIA GONZÁLEZ ANDRADE, el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de documentos. Por otra parte, en términos del artículo 21, del multicitado Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno a estas. 6. Solicitud parte quejosa. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente auto.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 280/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo, informe justificado, así como constancia de emplazamiento a la tercera con interés; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes a alegar, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 280/2022, promovido por María Juárez Esqueda, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, atribuida a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo: La orden de desalojo y lanzamiento del inmueble ubicado en calle Morelos, número 17 diecisiete, zona centro, de Pastor Ortiz, municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán de Ocampo, en su calidad de tercera extraña al juicio 1421/2011, que en vía de controversia en materia agraria entre ejidatarios, posesionarios y avecindados promovió Evelia González Andrade frente a Jesús Rosalío González Juárez, María Guadalupe González Zúñiga, Rosalío González Franco y María Soledad González Juárez. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado trata de ejecutarse en Pastor Ortiz, municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán de Ocampo, en que éste órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, refirió que en el considerando tercero de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veinte, que condenó a Jesús Rosalío González Juárez, María Guadalupe González Zúñiga, Rosalío González Franco y María Soledad González Juárez a entregar real y materialmente el solar urbano ubicado en calle Morelos, número 17 diecisiete, zona centro, de Pastor Ortiz, municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán de Ocampo. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del juicio agrario 1421/2011, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno al haber sido expedidas por funcionaria pública, en ejercicio de sus competencias legales, tienen la calidad de documento público de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. Por tanto queda desvirtuada dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado, al haberse ordenado la entrega del inmueble que defiende la quejosa. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no justificó su interés jurídico. Cabe precisar que, conforme a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de éstos; sin embargo, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con tal acto. De ahí que, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, pues se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Luego, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de forma genérica se debe demostrar: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y La transgresión de dicha prerrogativa por los actos de autoridad tildados de inconstitucionalidad, lo cual faculta al gobernado a solicitar la protección constitucional en su favor. Lo cual de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley Agraria, no es óbice, cuando la parte quejosa reclama derechos sobre parcelas y demás tierras ejidales, los cuales son propios de los ejidatarios y se acredita principalmente con: a) Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; b) Certificado parcelario o de derechos comunes; c) Sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario; d) Lista de sucesión. Ahora bien, la quejosa reclama que se pretenda ejecutar una orden de desalojo y lanzamiento en su detrimento, respecto del solar urbano ubicado en calle Morelos, número 17 diecisiete, zona centro, de Pastor Ortiz, municipio de José Sixtos Verduzco, Michoacán de Ocampo, inmueble sobre el cual dice ejercer derecho de posesión. Sin embargo, no aportó prueba alguna que ampare el derecho de posesión de forma legal que refiere, por tanto, es claro que no acredita el interés jurídico, el cual solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, pues ello no otorga un derecho autónomo para acudir al juicio de amparo, en razón a que no constituye la posesión que protegen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento la tesis de registro digital 245322, de rubro "AGRARIO. NUCLEOS DE POBLACION. CARECEN DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR TIERRAS QUE NO LES CONCEDE RESOLUCION PRESIDENCIAL, QUE NO POSEEN LEGITIMAMENTE". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia estudiada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Juárez Esqueda, respecto del acto reclamado a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto.

  3. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que transcurre el plazo otorgado en auto de ocho de abril de dos mil veintidós a la tercero interesada Evelia González Andrade para que se imponga del informe justificado rendido por la Magistrada responsable. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a que la tercera interesada esté en condiciones de imponerse de los autos del presente juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que en el juicio de amparo 288/2022 se señalaron las nueve horas con dieciocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; así como que la misma fecha y hora fue señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa, mediante auto de veintisiete de los corrientes. Asimismo, toda vez que el pasado ocho del presente mes y año se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Evelia González Andrade, diligencia que se encuentra en proceso de realización dada la cercanía de la fecha. 2. Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada dentro del presente juicio de amparo 280/2022 y para su verificativo se fijan las nueve horas con veintiocho minutos del dos de mayo de dos mil veintidós.

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