María Julita Rosa Aguilar Velazquez
Expediente 403/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2015
Partes del expediente
- María Julita Rosa Aguilar Velazquez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cinco de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Finalmente, se determina que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil quince. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por María Julita Rosa Aguilar Velázquez; visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones respecto al cumplimiento efectuado al requerimiento realizado mediante acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince. Por otra parte, vista el acta de cuatro de junio de dos mil quince, en la que consta que la promovente María Julita Rosa Aguilar Velázquez, ratificó como suya la firma que calza el escrito presentado ante este juzgado el veintinueve de mayo anterior; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En principio, debe señalarse que del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por la promovente del amparo consiste en la orden de cesación y/ó despido injustificado. De lo anterior, el suscrito juez Federal advierte que la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente, pues respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2ª.CCCIV/2001, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a las autoridades señaladas como responsables, se advierte que el acto del que se duele no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral preexistente entre la parte inconforme en su carácter de trabajadora y las responsables que fungen como patrón. En efecto, el acto reclamado por la inconforme no fue emitido en una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre las autoridades responsables y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues la solicitante de garantías manifestó que laboraba como Oficial I en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, adscrita a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla, y el acto que reclama lo hace consistir en cesación y/ó despido injustificado de trabajo. De lo anterior, se puede advertir que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe entre la quejosa y las autoridades responsables; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, exceptuando únicamente a los militares, marinos, miembros del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y agentes de las instituciones policiales, así como a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. Ahora, el artículo 82 la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, establece la competencia del Tribunal de Arbitraje, conforme a lo siguiente: "Artículo 82.- El Tribunal de Arbitraje será competente: I.- Para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre alguno de los Poderes del Gobierno del Estado y sus trabajadores. II.- Para conocer de los conflictos colectivos que surgieren entre el Sindicato y el Estado. III.- Para conocer de los conflictos que se susciten entre los miembros del Sindicato. IV.- Para llevar a cabo el Registro del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, y en su caso, la cancelación del mismo. V.- Para resolver sobre las condiciones generales de trabajo, en el caso del segundo párrafo de la fracción III del artículo 40 y para efectuar el registro de dichas condiciones." En ese sentido, el suscrito juzgador considera que las autoridades señaladas como responsables no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, en atención a que el acto del cual se duele la solicitante del amparo deriva de la relación de trabajador-patrón que existe con las mismas. Por tanto, la vía impugnativa no es el amparo, pues el ordenamiento legal antes citado, establece la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis 2a. LVII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 243, Tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 1998, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE ALGUNO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SUS TRABAJADORES, CUALQUIERA QUE SEA LA CATEGORÍA DE ÉSTOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Tribunal de Arbitraje de dicho Estado es competente para conocer y resolver las controversias que se susciten entre alguno de los órganos de gobierno de dicho Estado y sus trabajadores, cualquiera que sea su categoría, ya que la relación jurídica sustancial entre las partes litigantes deberá ser materia del estudio que realice dicho tribunal en relación con lo fundado o infundado de la acción que haya ejercitado el actor, y no del relativo a la competencia." Por tanto, debido a que el acto reclamado en la presente instancia constitucional no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. 3 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis VI.1o.A.38 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, con número de registro 2009058, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el ocho de mayo de dos mil quince, de rubro y texto siguientes: "MUNICIPIOS CONURBADOS. LO SON LOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y CUAUTLANCINGO, POR LO QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE EN ELLOS TIENEN SU RESIDENCIA COINCIDEN CON LA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, RESPECTO DE ELLAS DEBE CELEBRARSE UNA SOLA AUDIENCIA INCIDENTAL, AL NO DARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE AMPARO PARA DIFERIR DICHA AUDIENCIA, PUES NINGUNA DE ELLAS PUEDE CONSIDERARSE COMO FORÁNEA. En términos de la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, por conurbación debe entenderse la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, y del Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se obtiene que se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Consecuentemente, si las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en cualquiera de los referidos Municipios, ésta es la misma que la de los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, establecidos en San Andrés Cholula, Puebla, por lo que en el incidente de suspensión debe celebrarse una sola audiencia incidental, al no actualizarse el contenido del artículo 141 de la Ley de Amparo, que indica que puede celebrarse una primera audiencia por las autoridades residentes en el mismo lugar que el órgano que conoce del amparo, y que sólo podrá celebrarse otra en el supuesto de que la autoridad responsable no rinda oportunamente su informe previo, pero en atención a que su residencia esté en un lugar diverso al del Juez Federal, es decir, por ser autoridad foránea, supuesto que no se da ante la referida conurbación. En consecuencia, si el Juez de Distrito da a alguna de las autoridades que residen en los Municipios conurbados el trato de foránea, con la consecuencia de la celebración de dos audiencias incidentales, se viola el principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para dicha audiencia e incurre en una violación al procedimiento del incidente de suspensión susceptible de reponerse, a fin de que atendiendo a esa finalidad de concentración procesal se celebre una sola audiencia con el dictado de una sola resolución interlocutoria, con el objeto de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de la suspensión respectiva." 4 CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE EXPEDIENTE Finalmente, se hace del conocimiento del quejoso que con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, este Juzgado de Distrito a partir del uno de junio de la presente anualidad tiene como denominación la de Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; asimismo, el juicio de amparo que se encontraba identificado bajo el número: 792/2015, ahora se radica con el: 403/2015-III, de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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