María Juaquina Melesia Colula González
Expediente 2267/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2267/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/06/2016
Partes del expediente
- María Juaquina Melesia Colula González
- Juez de lo Civil de Chalchicomula, con cabecera en Ciudad de Serdán, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de tres días, sin que las partes efectuaran alguna manifestación respecto a la vista dada mediante acuerdo de diez de junio del año en curso, donde se tuvo a la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 192 a 193). Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibí iento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. " Al respecto, es necesario destacar lo siguiente: Por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los siguientes efectos: ". En tal virtud, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a María Juaquina Melesia Colula González, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Matilde González Montiel, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario de usucapión 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres y su ejecución, para lo cual deberá girar oficio al Registrador Público de la Propiedad de Ciudad Serdán, Puebla, a fin de que cancele la inscripción de esa sentencia y de la escritura que derivó de la misma. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, y al Registrador Público de la Propiedad de ese Distrito Judicial. . En el entendido de que los efectos de la sentencia de amparo se deben hacer extensivos al codemandado Pedro Toxqui Argüello, a través de quien legalmente lo represente, aun cuando no haya incoado la presente acción constitucional, porque se actualiza la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, que se traduce en la necesidad de dictar la sentencia con relación a él y con la audiencia de los sujetos de la relación jurídica sustancial, pues en caso contrario se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Lo anterior, porque de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que al codemandado en cita le fueron reclamadas las mismas prestaciones que a la aquí quejosa, por tanto, al habérsele enjuiciado en el juicio civil de donde emerge el acto reclamado, existe litisconsorcio pasivo necesario, de ahí que sea válido que la concesión de amparo también beneficie al otro encausado, a través de quien legalmente lo represente. ." (fojas 151 a 159). Por auto de veintiséis de mayo reciente, se requirió el debido cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables (fojas 171 a 172). Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las responsables, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende lo siguiente: 1). El Encargado del Despacho adscrito al Juzgado Civil de Ciudad Serdán, Puebla, informó que por auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, así como su ejecución; de igual forma, giró oficio a la Registradora Pública responsable, a efecto de que realizara la cancelación de inscripción de aquélla sentencia que sirvió como título de propiedad a la parte actora (fojas 174 a 175); 2). Por su parte, la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, remitió copia certificada de la cancelación de inscripción de la sentencia derivada del expediente 548/1992 del juzgado de origen (fojas 177 a 190). En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Nueva Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva, en el entendido que el presente asuntos se tramitó glósese el original del incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón secretarial que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de tres días, sin que las partes efectuaran alguna manifestación respecto a la vista dada mediante acuerdo de diez de junio del año en curso, donde se tuvo a la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 192 a 193). Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibí iento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. " Al respecto, es necesario destacar lo siguiente: Por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los siguientes efectos: ". En tal virtud, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a María Juaquina Melesia Colula González, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Matilde González Montiel, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario de usucapión 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres y su ejecución, para lo cual deberá girar oficio al Registrador Público de la Propiedad de Ciudad Serdán, Puebla, a fin de que cancele la inscripción de esa sentencia y de la escritura que derivó de la misma. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, y al Registrador Público de la Propiedad de ese Distrito Judicial. . En el entendido de que los efectos de la sentencia de amparo se deben hacer extensivos al codemandado Pedro Toxqui Argüello, a través de quien legalmente lo represente, aun cuando no haya incoado la presente acción constitucional, porque se actualiza la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, que se traduce en la necesidad de dictar la sentencia con relación a él y con la audiencia de los sujetos de la relación jurídica sustancial, pues en caso contrario se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Lo anterior, porque de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que al codemandado en cita le fueron reclamadas las mismas prestaciones que a la aquí quejosa, por tanto, al habérsele enjuiciado en el juicio civil de donde emerge el acto reclamado, existe litisconsorcio pasivo necesario, de ahí que sea válido que la concesión de amparo también beneficie al otro encausado, a través de quien legalmente lo represente. ." (fojas 151 a 159). Por auto de veintiséis de mayo reciente, se requirió el debido cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables (fojas 171 a 172). Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las responsables, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende lo siguiente: 1). El Encargado del Despacho adscrito al Juzgado Civil de Ciudad Serdán, Puebla, informó que por auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, así como su ejecución; de igual forma, giró oficio a la Registradora Pública responsable, a efecto de que realizara la cancelación de inscripción de aquélla sentencia que sirvió como título de propiedad a la parte actora (fojas 174 a 175); 2). Por su parte, la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, remitió copia certificada de la cancelación de inscripción de la sentencia derivada del expediente 548/1992 del juzgado de origen (fojas 177 a 190). En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Nueva Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva, en el entendido que el presente asuntos se tramitó glósese el original del incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada de la cancelación de inscripción de la sentencia derivada del expediente 548/1992 del juzgado de origen, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se considera importante destacar que por auto de seis junio del año en curso, se tuvo al Encargado del Despacho adscrito al Juzgado Civil de Ciudad Serdán, Puebla, informando que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, así como su ejecución; de igual forma, giró oficio a la Registradora Pública responsable, a efecto de que realizara la cancelación de inscripción de aquélla sentencia (fojas 174 a 175). Con lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Ciudad Serdán, Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada de la cancelación de inscripción de la sentencia derivada del expediente 548/1992 del juzgado de origen, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se considera importante destacar que por auto de seis junio del año en curso, se tuvo al Encargado del Despacho adscrito al Juzgado Civil de Ciudad Serdán, Puebla, informando que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 548/1992, a partir del emplazamiento por edictos, hasta la sentencia dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, así como su ejecución; de igual forma, giró oficio a la Registradora Pública responsable, a efecto de que realizara la cancelación de inscripción de aquélla sentencia (fojas 174 a 175). Con lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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