María Judith Zarate Huerta

Expediente 2271/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2271/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • María Judith Zarate Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de manera inmediata, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la quejosa, es decir, integre el expediente relativo, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente el Instituto responsable. Además, para el caso ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente, y entregarle la Patente original, que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. Asimismo, mediante oficio recibido el seis de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto siete de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a la partes con tal documento, mismo que se les notificó el trece de agosto del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió informó que en reunión celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, fue aprobada por la Junta Directiva de ese organismo la solicitud por jubilación de la quejosa María Judith Zárate Huerta, mediante acuerdo 054/2018; asimismo, remitió constancia de notificación a la referida quejosa. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones del Titular, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgada en sesión celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/2416/2018 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, por medio del cual informa que en reunión celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, fe aprobada por la Junta Directiva de ese organismo la solicitud por jubilación de la quejosa María Judith Zárate Huerta, mediante acuerdo 054/2018 y constancia de notificación a la referida quejosa; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de Juan Alfredo Vázquez Pliego autorizado de la quejosa María Judith Zárate Huerta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, visto su contenido, y en atención a que el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Ahora, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y remitir las constancias conducentes que apoyen dicho cumplimiento. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. .

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, remite copia certificada del memorándum DPJ/824/2018 de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el que solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos la opinión legal del dictamen del expediente de la aquí quejosa María Judith Zárate, para que una vez formulada dicha opinión jurídica se presentará la aprobación en la tercera sesión ordinaria de la junta directiva de ese Instituto, que se llevará a cabo el viernes veintinueve del mes y año en cita. En consecuencia, se le tiene haciendo gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo.

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