María Isabel Cohuo Sansores
Expediente 483/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- María Isabel Cohuo Sansores
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), por el cual acusa recibo del oficio con el que le fueron enviados los autos del juicio de amparo 483/2022, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Asimismo, informa que el tres de octubre del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Directora General de Amparos Contra Leyes de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, contra la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, el cual quedó registrado bajo el número de amparo en revisión 527/2022 de su índice.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, fracciones IV, V y VI, 77, fracción I y 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ****, por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades responsables en este asunto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución; a saber: a) Que las autoridades responsables no apliquen en el presente y en lo futuro a la parte quejosa *****, el artículo tildado de inconstitucional; b) Como consecuencia, el Titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el documento denominado "liquidación de pago previa incorporación a nómina", número de folio 23000388906004, de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por concepto "48", relativo a causas de compatibilidad; y, c) Habrá de restituirse de manera íntegra a la parte quejosa, las deducciones realizadas con motivo de las pensiones de viudez y jubilación. En el entendido que el monto de la pensión debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo. Bajo la salvedad, de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoriada, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (10a.), les es inaplicable retroactivamente. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios de cuenta por medio de los cuales rinden informe justificado las autoridades que se señalan a continuación: 1.- Directora General de Amparos Contra Leyes, en representación del Presidente de la Republica. 2.- Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, la documental que remite consistente en:*****. Mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. También, se tienen a las autoridades mencionadas señalando como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones los proporcionados en los oficios de cuenta y, así como por designados con el carácter de delegados a las personas que mencionan, en términos del dispositivo 9° de la ley de la materia. Consecuentemente, a fin de que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, para su desahogo. Sin que sea necesario emitir oficios a las responsables para notificarles el señalamiento de la nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual**** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 483/2022-II-B, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: "******." Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las diez horas del veintidós de julio de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes justificados, manifiesten si la parte quejosa, con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a las propias autoridades responsables, a sus representantes o los encargados de recibir la correspondencia en su oficina, y, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Ahora, respecto a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cabe precisar que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en diversos juicios de amparo de esta estadística, se advierte que en materia de amparos administrativos derivados de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se ha delegado la representación Presidencial al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México (lo que también se advierte del Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), por tanto en obvio de mayores dilaciones y a fin de no retardar la impartición de justicia, requiérase a la autoridad responsable por conducto de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional Federal, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. En otro tenor, como lo sostiene la parte quejosa y en atención a la naturaleza del acto que por esta vía reclama, el suscrito juzgador advierte que, hasta este momento, no se actualiza la figura del tercero interesado, en términos del artículo 5º, de la Ley de Amparo; sin que sea obstáculo lo anterior, para reconocer con posterioridad la existencia de dicha parte, si del informe y constancias que en su caso remita la responsable, se desprende esa actualización. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las que relaciona en su escrito de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de las determinaciones que con motivo de este asunto se emitan. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1°, 6°, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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