María Iliana Medrano Zepeda

Expediente 317/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
317/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
23/08/2017

Partes del expediente

  • María Iliana Medrano Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete (foja 123 a 126), dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, atento al estado de autos, se advierte que el Director Jurídico y de Vinculación Institucional en representación del Fiscal General del Estado, remitió a su informe justificado lo siguiente: ****. Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenado el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención de las citadas constancias, devuélvase a la autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo de estilo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de ***, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente juicio. Como lo solicita se tiene como domicilio del tercero interesado para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las limitaciones de dicho numeral a ***, al no tener registro en dicho Sistema.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos sin mayor proveído el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiuno de los corrientes, informa que desconoce el domicilio de los terceros interesados ***, toda vez que por auto de veintiocho anterior se acordó el sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos y se proveyó lo conducente a dichos terceros.

  4. Principal

    CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico y de Vinculación Institucional Zona Sur, del Estado de Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiuno del presente mes, remite copia certificada de la cedula y notificación practicada a la quejosa María Iliana Medrano Zepeda, de la resolución de inconformidad de once del actual, que se tienen por exhibidas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, para que sean valoradas de conformidad. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el análisis de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que, al respecto, cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de derechos fundamentales, lo que hace imperioso el sobreseimiento del mismo fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Para establecer con precisión lo anterior, resulta pertinente destacar que en el presente asunto, María Iliana Medrano Zepeda reclamó lo siguiente: ***** Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que la parte promovente se duele de negativa de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal decretada dentro de la averiguación previa AP/ZN/CAN/01/03/5032/8-2015, instruido por el delito de fraude y robo. En correlación a ello, el Director Jurídico de Vinculación Institucional Zona Sur, del Estado de Quintana Roo, mediante oficios FGE/VFZS/DJyVI/693/2017, recibido en acuerdo de veintiuno pasado, remitió copia certificada de la resolución dictada el once de este mes, en la que por un lado declaró procedente el recurso de inconformidad, y por otro, confirmó el no ejercicio de la acción penal de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, de la que se notificó a la aquí quejosa el veinticinco anterior según se acredita con las constancias anexos al oficio de cuenta. Constancias que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, dada que son expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones. En ese orden, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable resolvió el recurso de inconformidad el once de julio de dos mil diecisiete, materia de la presente instancia, el cual fue notificado el veinticinco de los corrientes, en ese tenor, se reitera, debe considerarse que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado en este asunto. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete. Por último, cabe hacer acotación que mediante auto de seis de julio de dos mil diecisiete se les reconoció el carácter de terceros interesados a Banorte Generalli S.A. de C.V., José Jesús Oliveros Herrera, José Luis Carrillo Salgado y Nancy Guadalupe Kahuil Medina, expidiéndose para su emplazamiento el exhorto 142/2017 orden 156/2017, sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, resulta innecesario insistir en el emplazamiento pues el sobreseimiento decretado no causa perjuicio alguno a sus derechos.

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