María Isabel Barahona

Expediente 237/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
237/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • María Isabel Barahona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, , para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo, transcurrió del cuatro al quince de julio de dos mil veintidós, con exclusión de los días nueve y diez de julio de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VENTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio S.A./2983/2022, de la Presidenta de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de dieciocho de abril del año en curso, y de las constancias de notificación realizadas a las partes en el expediente laboral 75/2017. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Isabel Barahona, promovió demanda de amparo contra la negativa del Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de notificar a los demandados Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 75/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado mencionó que el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se notificó a la partes el nueve de junio de dos mil veintidós (foja 35). Para corroborar su dicho la autoridad responsable remitió copias debidamente certificadas de las cedulas de notificación realizadas, asimismo, la presidenta de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 75/2017, entre las que obran las siguientes: 1. La copia del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que señaló fecha y hora para el desahogo de diversas pruebas. 2. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós, a Ulises Trujillo Jiménez, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 3. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós, a Asesoría y Proyectos San Francisco S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 4. La copia de la cedula de notificación practicada el ocho de junio de dos mil veintidós a Emilio Lara Martínez, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 5. La copia de la cedula de notificación practicada el ocho de junio de dos mil veintidós a María Dolores Alcalá Elías, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 6. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a José Miguel Aparicio Ferrer, Emma Rosa Casanova Cruz y Jefiry S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 7. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Catamar de México S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 8. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Martha Noh Padilla, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 9. Copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Miguel Ángel Sainz Orozco, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 10. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Richar Edgar Cruz López, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 11. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Jazmin Vianey Pat, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Bajo ese contexto, al haberse realizado el nueve de junio de dos mil veintidós, la notificación del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, a las partes demandadas Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, en el expediente laboral 75/2017; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al notificar el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 75/2017, cesó la negativa, del Actuario de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de notificar a los demandados Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable, Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable, Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz el mencionado acuerdo, dictado en el expediente laboral 75/2017. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del uno de julio de dos mil veintidós (fojas 47 a 48). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se soslaya, que en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tuvo como terceras interesadas a Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por otro lado, es oportuno mencionar que constituye un hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de noviembre del año 2017 y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio S.A./2983/2022, de la Presidenta de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de dieciocho de abril del año en curso, y de las constancias de notificación realizadas a las partes en el expediente laboral 75/2017. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Isabel Barahona, promovió demanda de amparo contra la negativa del Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de notificar a los demandados Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 75/2017. Ahora bien, la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en su informe justificado mencionó que el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se notificó a la partes el nueve de junio de dos mil veintidós (foja 35). Para corroborar su dicho la autoridad responsable remitió copias debidamente certificadas de las cedulas de notificación realizadas, asimismo, la presidenta de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 75/2017, entre las que obran las siguientes: 1. La copia del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, que señaló fecha y hora para el desahogo de diversas pruebas. 2. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós, a Ulises Trujillo Jiménez, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 3. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós, a Asesoría y Proyectos San Francisco S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 4. La copia de la cedula de notificación practicada el ocho de junio de dos mil veintidós a Emilio Lara Martínez, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 5. La copia de la cedula de notificación practicada el ocho de junio de dos mil veintidós a María Dolores Alcalá Elías, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 6. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a José Miguel Aparicio Ferrer, Emma Rosa Casanova Cruz y Jefiry S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 7. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Catamar de México S.A. de C.V., del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 8. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Martha Noh Padilla, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 9. Copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Miguel Ángel Sainz Orozco, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 10. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Richar Edgar Cruz López, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 11. La copia de la cedula de notificación practicada el nueve de junio de dos mil veintidós a Jazmin Vianey Pat, del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Bajo ese contexto, al haberse realizado el nueve de junio de dos mil veintidós, la notificación del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, a las partes demandadas Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, en el expediente laboral 75/2017; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al notificar el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el expediente laboral 75/2017, cesó la negativa, del Actuario de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de notificar a los demandados Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable, Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable, Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz el mencionado acuerdo, dictado en el expediente laboral 75/2017. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del uno de julio de dos mil veintidós (fojas 47 a 48). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se soslaya, que en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tuvo como terceras interesadas a Asesoría y Proyectos San Francisco Sociedad Anónima de Capital Variable; Catermar de México Sociedad Anónima de Capital Variable; Jefiry Sociedad Anónima de Capital Variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por otro lado, es oportuno mencionar que constituye un hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de noviembre del año 2017 y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./2733/2022 del Actuario Adscrito a la antes Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, ahora Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que si es cierto el acto reclamado por el quejoso, y como justificación de su informe remite copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes en el expediente laboral 75/2017. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, las documentales que adjuntó a su informe justificado; las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y sus anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, vistas las razones de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable, Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, Jefiry, sociedad anónima de capital variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz, en el domicilio señalado por la quejosa en su escrito inicial de demanda. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte un domicilio diverso al proporcionado por la parte quejosa, en que pueda emplazarse a las demandadas Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, Jefiry, sociedad anónima de capital variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz. Mientras que respecto de la tercera interesada Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable, no se advirtió ningún domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale nuevo domicilio de los terceros interesados Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, Jefiry, sociedad anónima de capital variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz. Asimismo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles proporcione el domicilio donde en la expediente laboral 75/2017, se le practican notificaciones personales a la tercera interesada Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable. Por otro lado, tomado en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo es la negativa de notificar a los demandados Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable, Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, Jefiry, sociedad anónima de capital variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 75/2017; sin embargo, la autoridad responsable no remitió copia de dicho auto. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remita copia certificada del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 75/2017, toda vez que resultan necesarias para el dictado de la sentencia en la presente instancia constitucional. Se apercibe a la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, de autos se advierte que se encuentra programada las nueve horas del diecisiete de junio del año que transcurre, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 24 vuelta), sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que en este auto se dio vista a las partes con el informe y anexo rendido por la autoridad responsable; además, no han sido emplazados los terceros interesados Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable, Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, Jefiry, sociedad anónima de capital variable, José Miguel Aparicio Ferrer y Emma Rosa Casanova Cruz y se solicitó a la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remita copia certificada del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 75/2017, así como el domicilio donde le practican notificaciones personales a la tercera interesada Asesoría y Proyectos San Francisco, sociedad anónima de capital variable. Derivado de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas del uno de julio de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y personalmente a los terceros interesados.

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