Maria Guadalupe Lara García
Expediente 342/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/01/2023
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Lara García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa María Guadalupe Lara García, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la quejosa, transcurrió del dieciséis al treinta de noviembre del año en curso, y para sus autorizados del dieciséis al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, así también, los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre del presente año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, por así establecerlo el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Destino del expediente (susceptible de depuración) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo 342/2022-IV 3 jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo es depurable, transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, toda vez que se resolvió: ".PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Guadalupe Lara García, contra auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta judicial 112/21-2022/JC-II, en contra de María Guadalupe Lara García, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley considera como delito de violación equiparada, previsto y sancionado en los artículos 161 y 162, en relación con los numerales 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche, ni contra su ejecución, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. (.)". Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "depurable" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Libro Uno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, el disco magnético certificado, que contiene la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial 112/21-2022/JCII, que acompañó a su informe justificado, lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la quejosa; por lista a las demás partes, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 38575. Éste Órgano se avoca al conocimiento y diligenciación de la comunicación oficial enviada 304/2022. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María Guadalupe Lara García, mediante el cual, manifiesta que renuncia a los plazos y términos para interponer recurso alguno contra la sentencia dictada en autos, y solicita quede firme la misma; en atención a su solicitud, dígasele que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que la Ley de Amparo no regula la renuncia a los plazos establecidos en la misma. Ahora bien, toda vez que en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, en turno, a fin de que se notificara la resolución dictada en autos a los autorizados de la quejosa. Por tanto, una vez que se devuelva a este órgano jurisdiccional el exhorto en mención, se acordará lo conducente. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte lo siguiente: 1. En su demanda de amparo la quejosa María Guadalupe Lara García, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Almendros, Manzana 4, Lote 29 del Infonavit Laureles, código postal 24096, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche (fojas 1 a 17). 2. En auto de radicación de uno de junio de dos mil veintidós, se determinó que las notificaciones personales que le correspondieran a la quejosa María Guadalupe Lara García, se le efectuaran en el lugar donde se encontraba privada de la libertad, esto es, en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen, Campeche, por ende, no se tuvo como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Almendros, Manzana 4, Lote 29 del Infonavit Laureles, código postal 24096, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche (fojas 18 a 21). 3. El once de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia que negó a la quejosa María Guadalupe Lara García, la protección de la justicia de la Unión contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 112/21-2022/JC-II, por la Jueza Tercero del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen (fojas 208 a 230). 4. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, se notificó personalmente a la quejosa María Guadalupe Lara 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 2 García, la sentencia que le negó la protección de la justicia de la Unión, en el lugar donde se encuentra recluida (foja 278). Ahora bien, dada la trascendencia de la sentencia dictada en este juicio de amparo, se considera que el fallo debe notificarse de manera conjunta a la quejosa y a sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, Miguel Ángel Ucan Uchin, Edwin David Trejo Gutiérrez, Jorge Wilberth Salazar Magaña, Juan Francisco Portela Rodríguez y Francisco Eustaquio Portela Chaparro. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo indirecto 342/2022-IV 3 Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 4 obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a cualquiera de los autorizados Miguel Ángel Ucan Uchin, Edwin David Trejo Gutiérrez, Jorge Wilberth Salazar Magaña, Juan Francisco Portela Rodríguez y Francisco Eustaquio Portela Chaparro, la sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós y el presente proveído, debiendo entregarles copias de la sentencia y de este acuerdo. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de amparo indirecto 342/2022-IV 5 Asimismo, los requiera para que dentro de los tres días siguientes de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, y los aperciba que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se les harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. De igual forma, faculte al actuario para el caso de que al constituirse en el domicilio proporcionado en el exhorto de cuenta, no sea el correcto y fuere informado que la parte quejosa puede ser notificada en uno diverso que se le proporcione en la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito, deberá practicar en ese domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar, en cualquier caso, la razón que corresponda. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
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