Maria Guadalupe Jimenez Cano
Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Jimenez Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO veintidós de agosto de dos mil veintidós por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió del veinticinco de agosto al siete de septiembre del mismo año, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de agosto; tres y cuatro de septiembre del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de Amparo Indirecto 548/2022-IV En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Finalmente, vista la razón de cuenta de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual el Actuario señaló la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados, sin que sea necesario proveer al respecto, en atención a que en propia fecha, causa estado el auto de veintidós de agosto del presente año, en el que se dictó sobreseimiento fuera de audiencia, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3650/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, (antes Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche), mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado; y como justificación a su informe anexa copias certificadas del laudo de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 743/2014 de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 2 amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 548/2022-IV 3 violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Guadalupe Jiménez Cano, promovió demanda de amparo contra la negativa de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral 743/2014. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, en razón de que en el expediente laboral 743/2014, mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, se dictó el respectivo laudo relativo al expediente laboral en cita, remitiendo las constancias que así lo acreditan (fojas 21 a 43). Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que el diez de agosto del año en curso, se dictó el proyecto en forma de laudo en el expediente laboral 743/2014. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el proyecto en forma de laudo de diez de agosto del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 4 actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, no se soslaya que el aludido proyecto en forma de laudo, carezca de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener el proyecto de laudo. Finalmente, no pasa inadvertido, que en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Circuito Estrellas de Oro Sociedad Anónima de Capital Variable; y Operadora de Cinemas Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que a la fecha se haya logrado su emplazamiento, como se desprende de la razón de imposibilidad que levantó el actuario de la adscripción; toda vez que, la falta de su llamamiento a juicio de los referidos terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 548/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3650/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, (antes Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche), mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado; y como justificación a su informe anexa copias certificadas del laudo de diez de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 743/2014 de su índice. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 2 amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN Juicio de Amparo Indirecto 548/2022-IV 3 violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Guadalupe Jiménez Cano, promovió demanda de amparo contra la negativa de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral 743/2014. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado por el quejoso, en razón de que en el expediente laboral 743/2014, mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, se dictó el respectivo laudo relativo al expediente laboral en cita, remitiendo las constancias que así lo acreditan (fojas 21 a 43). Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que el diez de agosto del año en curso, se dictó el proyecto en forma de laudo en el expediente laboral 743/2014. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el proyecto en forma de laudo de diez de agosto del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los 20/07/24 14:13:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.35.33.32.39.38.36 LUCY OSIRIS CERINO MARCIN 4 actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, no se soslaya que el aludido proyecto en forma de laudo, carezca de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener el proyecto de laudo. Finalmente, no pasa inadvertido, que en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Circuito Estrellas de Oro Sociedad Anónima de Capital Variable; y Operadora de Cinemas Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que a la fecha se haya logrado su emplazamiento, como se desprende de la razón de imposibilidad que levantó el actuario de la adscripción; toda vez que, la falta de su llamamiento a juicio de los referidos terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, tres de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Guadalupe Jiménez Cano, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 548/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de María Guadalupe Jiménez Cano, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a su demanda de amparo copia digitalizada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veinticinco de junio de dos mil quince, relativa al expediente laboral 743/2014, de la que se advierte que el promovente Milton Alejandro Pech Juárez, tiene reconocido ante la autoridad responsable el carácter de apoderado legal de la parte actora María Guadalupe Jiménez Cano, aquí quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Por otro lado, es oportuno mencionar que constituye un hecho notorio que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de noviembre del año 2017 y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial No. 2 de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados: 1. Circuito Estrellas de Oro Sociedad Anónima de Capital Variable; 2. Operadora de Cinemas Sociedad Anónima de Capital Variable; Con domicilio ubicado en carretera Puerto Real kilómetro 2.5 colonia Palmira Ciudad del Carmen Campeche Por la tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, emplácese a juicio a los mencionados terceros interesados. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La copia simple del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede Ciudad del Carmen, en el juicio laboral 743/2014. 2. La copia simple del acuerdo de veinticinco de junio de dos mil quince, emitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede Ciudad del Carmen, en el juicio laboral 743/2014. 3. La instrumental de actuaciones. 4. La presuncional legal y humana. Las documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuando a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Miguel de la Madrid, número 69, colonia Miguel de la Madrid, código postal 24186, entre calle Javier Mina y calle Albatros, Ciudad del Carmen, Campeche. NOTIFICACIÓN ELÉCTRONICA. Con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Miltonpech". AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jonathan del Jesús Pech Juárez, Yuliana Pech Juárez y Estefani Ethel Montiel Almazán. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. COMUNICACIONES NO PROCESALES. No ha lugar a ordenar que las notificaciones al promovente se le realicen a través del correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no prevé que las notificaciones deban efectuarse a través de dicho medio de comunicación; sin embargo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, el correo electrónico miltonpech@hotmail.com. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por lista a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable.
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