María Ina Sabido Gutiérrez
Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Ina Sabido Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 42/2023-P.2., por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, relativo al amparo en revisión 216/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Alfonso Dávalos Mena, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de María Ina Mercy Sabido Gutiérrez, en contra de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA el auto recurrido. - - - - - - SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Ina Mercy Sabido Gutiérrez, contra los actos que reclamó del Delegado en Yucatán, Subdelegado de Prestaciones, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en la Delegación en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Acúsese recibo vía interconexión a la Superioridad. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia. Previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se determinó sobreseer en el presente juicio, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; del cual se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, bajo el número 216/2022. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 890/2021-I-A, que promovió por el Ejido de Sitpach, municipio de Mérida, Yucatán, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio Fernando Eduardo Alpuche Ojeda. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, compareció Ejido de Sitpach, municipio de Mérida, Yucatán, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio Fernando Eduardo Alpuche Ojeda a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 con sede en esta ciudad y Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, declaró fundada la queja interpuesta por la parte quejosa. CUARTO. Admisión de la demanda. En acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, se recepcionó la ejecutoria de mérito y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y del Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, lo hizo consistir la parte quejosa fundamentalmente, en: El auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en esta ciudad, en el juicio agrario número TUA 34-1412/2013, promovido por el Ejido de Sitpach, Municipio de Mérida, Yucatán en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual tuvo por efectuado el avalúo emitido por el Director de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales del inmueble sujeto a la controversia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad (número de promoción 2887, foja 104) y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con residencia en la Ciudad de México (número de promoción 8794, fojas 151 a 161), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se ha dictado el último acto en el período de ejecución, como será la resolución que apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado en la sentencia definitiva o reconozca la imposibilidad jurídica o material para ello. En efecto, el primero de los artículos antes invocados establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Respecto de este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 190,035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, también se han emitido diversas jurisprudencias en las que se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así lo demuestra la jurisprudencia 2a./J. 17/9, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 196,530, que dice: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." De igual manera, se ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, registro 181,144, que informa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquéllos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de la que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no contiene un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Las consideraciones anteriores fueron tomadas de la ejecutoria de la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, visible en la página 231, del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178,441, que establece: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el presente caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y cuatro, en el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, el cual señala lo siguiente: ".Mérida, Yucatán a tres de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS los autos del expediente en que se actúa, EL TRIBUNAL ACUERDA: PRIMERO.- Agréguense a los autos los escritos de cuenta y anexos para que surtan sus efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 195 de la Ley Agraria. SEGUNDO.- Téngase por presentado al licenciado RENÉ EDILBERTO CANCHÉ UICAB, con los folios de cuenta, por medio de los cuales, hace del conocimiento a este Tribunal Unitario Agrario el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el Amparo Indirecto 998/2018-V-A, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Estatus que se alcanza con la obtención del dictamen valuatorio emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de fecha veintitrés de marzo de la presente anualidad, que consta en tres fojas útiles. En este contexto, con copia de los (sic) de cuenta y del presente acuerdo, deben de darse de inmediato aviso a la autoridad de amparo requiriente, para acreditar que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto. TERCERO.- Por todo lo anterior, y en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, se deja a la vista de las partes el avalúo de referencia, y en términos de lo que establece en la parte final del resolutivo tercero, de la ejecutoria pronunciada por este órgano jurisdiccional el once de octubre de dos mil dieciséis, se concede al demandado Gobierno del Estado de Yucatán, un plazo improrrogable de treinta días naturales, para que haga entrega al ejido actor de la cantidad fijada como indemnización por la regularización de las tierras ejidales de que se trata. NOTIFIQUESE, LÍSTESE Y CÚMPLASE..." Como se puede observar, a través del mencionado acuerdo la responsable establece: a) Tuvo por recibido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 998/2018-V-A, el avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de fecha veintitrés de marzo de la presente anualidad, del cual ordenó dar aviso a la autoridad correspondiente, en cuanto al cumplimiento a una ejecutoria de amparo y b) Dejó a la vista de las partes en el juicio de agrario de origen, el aludido avalúo, ello en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. Asimismo, precisó que, en cumplimiento a la parte final del resolutivo tercero de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Agrario el once de octubre de dos mil dieciséis, c) Le concedió al demandado Gobierno del Estado de Yucatán, un término improrrogable de treinta días naturales, para que hiciera entrega a la parte actora la cantidad fijada como indemnización por la regularización de las tierras ejidales afectas al juicio de origen. Como puede verse, lo determinado en el acuerdo reclamado, no le causa perjuicio alguno al quejoso, puesto que el Tribunal responsable no se pronunció en cuanto a tener por cumplimentado el fallo que emitió. Esto es, dicha determinación está encaminada directamente con la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, precisamente porque tiende a darle cumplimiento al fallo dictado en el juicio en el juicio agrario; ya que concedió al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, término para que hiciera entrega al actor de la suma establecida como indemnización. Por ello no puede considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito de ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que se pudieran afectar derechos sustantivos, para estimar la procedencia del amparo indirecto, en virtud de que se impediría directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia invocada, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ejido de Sitpach, municipio de Mérida, Yucatán, en contra de los actos atribuidos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad y Director del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en la Ciudad de México; por lo motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio número 427/2022-P-1, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y anexo adjunto, con el que remite copia certificada de la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 135/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa María Virginia Cetina Gómez, contra la sentencia firmada en estos autos el treinta de noviembre de dos mil veinte; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto número 1349/2019-VI-A. - - -SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Virginia Cetina Gómez, contra la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez respecto del acto consistente en la emisión de la Convocatoria 2019 para la Beca "Jóvenes construyendo el futuro", por los motivos expuestos en el considerando Quinto de la sentencia impugnada. - - - TERCERO.- Queda SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez..." Acúsese recibo. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Maria Hernilda Salazar664/2023
- Maria Herrera Zavala535/2023
- Maria Humberta Tzab Cen861/2021
- Maria Ibarra May1211/2020
- María Ina Mercy Sabido Gutierrez1707/2022
- María Ina Mercy Sabido Gutiérrez917/2023
- María Indalecia Basto Loría649/2019
- María Indalecia Basto Loría727/2019
- Maria Ines Jimenez Mendez1261/2021
- María Inés Meza Martínez593/2016
- Maria Iracema Alfaro Gomez2627/2022
- Maria Irene Arteaga Rangel1047/2019