Maria Irene Arteaga Rangel
Expediente 1047/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Irene Arteaga Rangel
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio III-515/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, con el que remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 8/2019, formado con motivo del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y este Juzgado; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para continuar conociendo del juicio de amparo interpuesto por María Irene Arteaga Rangel en contra de los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución." Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe en la Secretaría de este juzgado el presente cuaderno de antecedentes, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis a que se refiere la fracción l del punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo citado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 3358/2019 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial surgido entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en relación con el juicio de amparo número 1150/2018 de su índice, el cual dio origen al juicio de amparo número 1047/2019-V-B de este Juzgado, del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio 44398/2019 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, recibido vía electrónica en este Juzgado el doce de agosto de los corrientes a las trece horas con diecinueve minutos, mediante el uso de la FIREL. Oficio con el cual acusa recibo del oficio 24963/2019-V-B, por el que se devolvió a dicho Juzgado el juicio de amparo número 1150/2018 de su índice, promovido por María Irene Arteaga Rangel, en virtud de que por acuerdo de seis de agosto del presente año, no se aceptó la competencia planteada para conocer del referido juicio constitucional que remitió el Juez declinante, mismo que dio lugar al juicio de amparo número 1047/2019-V-B, del que deriva este cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa que dicho órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia del presente asunto, conforme a lo considerado en auto de nueve de agosto pasado dictado en autos del expediente 1150/2018 de su índice. En consecuencia, remitió el citado juicio de amparo de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, para que determine a quién corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por María Irene Arteaga Rangel, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, el oficio 38127/2019, con el que remite por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, los autos originales del juicio de amparo 1150/2018 del índice de ese Juzgado Federal, promovido por María Irene Arteaga Rangel, con motivo de la incompetencia planteada por auto de doce de julio del presente año, en autos del citado juicio de amparo, que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente y regístrese bajo el número 1047/2019-V-B, en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de manera respetuosa, este juzgador no acepta la competencia planteada para conocer del juicio constitucional que remite el Juez declinante, en atención a las siguientes consideraciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se advierte que se establecen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: a) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse. Y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Así, se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Asimismo, se observa la pretensión del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. En el caso, del análisis a las constancias que integran el juicio de amparo 1150/2018, se advierte que los actos reclamados por la quejosa, consisten esencialmente en: Las órdenes de aprehensión, citación y/o presentación, cateo, búsqueda y detención, así como su respectiva ejecución. Al respecto, las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras: Jueces Primero y Sexto de Distrito Mixto en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; Jueces Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito Mixto en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Federales en el Estado de Puebla, con sede en Puebla; Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal en Puebla, con sede en dicha ciudad; Director General de la Agencia Estatal de Investigación Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron. Contrario a lo anterior, el diverso Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, rindió su informe en sentido afirmativo (fojas 98 y 99), respecto de la orden de aprehensión que emitió el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en contra de la quejosa y otros. Así, de acuerdo con la disposición legal antes transcrita, se advierte que, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso b), relativo a cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. Ello es así, porque la orden de aprehensión reclamada, en principio, tiene ejecución material, consistente en la detención de la aquí quejosa por parte de las autoridades ejecutoras, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la peticionaria del amparo. Luego, la quejosa señaló como autoridades ejecutoras al Director General de la Agencia Estatal de Investigación Dependiente de la Fiscalía General; Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General, ambos del Estado de Puebla, y Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización de la Policía Federal Ministerial en la propia entidad federativa. Autoridades que si bien negaron la existencia del acto reclamado, dada su naturaleza y las funciones que desempeñan, son autoridades que se encuentran obligadas a dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que el agente del Ministerio Público les ordene ejecutar, por lo que su negativa no excluye la competencia del Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Además, dicha negativa no se traduce en la certeza definitiva de que el mandamiento no habrá de ejecutarse en dicha entidad, toda vez que una de las aludidas responsables ejecutoras es dependiente de la Fiscalía General de la República, las cuales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, lo que patentiza el hecho de que cualesquiera de sus agentes adscritos, tiene facultad de ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales en cualquier entidad donde se encuentre la quejosa; máxime que la orden de aprehensión se libró a solicitud de un Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; o bien, puede solicitarse la correspondiente colaboración a la Policía Estatal. Asimismo, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la aquí quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que: ". personas que se dijeron ser agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos en el Estado de Puebla y en colaboración con elementos de Policía Federal Ministerial del Estado de Quintana Roo, se presentaron en mi domicilio particular ubicado en Boulevard Hacienda, número sesenta y cinco, Hacienda Capulines dos, de la Colonia Bosques de San Sebastián, de esta ciudad de Puebla, Puebla, con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, llevando una supuesta orden de aprehensión consigo.". Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas como anexos del referido juicio de amparo (foja 389, del anexo IV), se desprende que la aquí quejosa, además de ser originaria del Estado de Puebla, se desempeñaba laboralmente en la ciudad del mismo nombre en dicha entidad, como Servidor Público, como manifiesta en su comparecencia de trece de julio de dos mil seis, dentro de la averiguación previa 002/FEADP/2006, lo que demuestra que con independencia de que la amparista señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de donde es oriunda, también tenía su centro de trabajo y lo desempeñaba en ese lugar. Así, es inconcuso que, existe un principio de prueba de que la orden de aprehensión puede ser ejecutada en el Estado de Puebla. Por tanto, al asegurar la quejosa bajo protesta de decir verdad que en la ciudad donde reside, trata de ejecutarse la orden de aprehensión referida, la competencia para conocer del referido juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en ese lugar, por lo que es el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, quien debe seguir conociendo del presente juicio, pues fue quien previno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sostenida por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, página 3100, Libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016328, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.6o.P.97 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2093, Libro 50, del Tomo IV, Enero de 2018, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015956, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE. Si en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aseveró que a su domicilio se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad, y que esas autoridades ejecutoras federales son dependientes de la Procuraduría General de la República, atento a la naturaleza del acto (orden de detención o aprehensión), y que éstas tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, se concluye que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizado el quejoso, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio; criterio que es inaplicable cuando en el juicio de amparo sólo se señalan autoridades ejecutoras locales, y éstas niegan el acto de ejecución que se les atribuye." En ese contexto, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, recae en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante quien se presentó la demanda de amparo, por lo que este Juzgado no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con copias certificadas de dicho sumario, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y devuélvanse los presentes autos y anexos al citado Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, para que en su caso, dé trámite al juicio, decline su competencia, o plantee el conflicto competencial correspondiente. Notifíquese y regístrese.
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