María Ina Mercy Sabido Gutiérrez
Expediente 917/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Ina Mercy Sabido Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio 740/2023.P3, signado mediante el uso del FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la queja 240/2023, formada con motivo del recurso interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado en este asunto el nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el desechamiento de la demanda de amparo. Resolución de la que se advierte que el referido medio de impugnación interpuesto se declaró infundado. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 de dicho Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto por la parte quejosa, en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés; mismo que se registró con el número de toca 240/2023. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el escrito signado mediante el uso de la FIREL de Alfonso Dávalos Mena, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés. Al efecto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo que, envíese vía interconexión dicho recurso, al que deberá adjuntarse las constancias que conforman este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por +++++, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTOS RECLAMADOS El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la responsable se declara incompetente para conocer del juicio que promovió la quejosa para la designación de beneficiarios ante la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por pensión de viudez a su favor, derivado del fallecimiento de su esposo; concluyendo que la competencia se surte a favor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 917/2023-III-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deba desechar de plano la misma, de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. En este orden de ideas, los preceptos antes mencionados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ".ARTICULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". De la lectura de la demanda, así como de los anexos que se acompañan, se advierte como antecedentes que la aquí quejosa MARÍA INA MERCY SABIDO GUTIÉRREZ, promovió ante la Junta responsable el juicio correspondiente para la designación como beneficiaria de los intereses, derechos laborales y pensión de viudez, inherentes a su esposo fallecido, registrándose dicha demanda con el número de expediente 1154/2022; a lo que la Junta del conocimiento por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, notificado el diecisiete de mayo último, se declaró incompetente para conocer del procedimiento iniciado y remitió los autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; lo que en el caso, constituye el acto de que se duele la quejosa. Ahora bien, por actos que sean de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen derechos sustantivos públicos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. En otras palabras, para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquellos que afectan derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos. Como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, por sólo tener un efecto de carácter formal e inciden solamente en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, en la especie se advierte que la promovente acude a la presente vía constitucional reclamando la determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 1154/2022, por la que la Junta responsable, se declaró incompetente para conocer del asunto y lo remitió a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Acto que no tiene la característica de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; ya que si bien es un acto verificado dentro del juicio, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse de imposible reparación, pues está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso la que esta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del recurso o medio de defensa legal pertinente. Al caso se invoca la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2009721, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados: en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a Alfonso Dávalos Mena, Juan Carmelo Barrios Basto y Jorge Alberto de la Vega Toledo; mientras que en forma restringida, con las limitantes del citado precepto, a Leticia Mena Cardeña, y como lo solicita, a Marina de los Ángeles Pech Sulub y Samuel Armando Barrios Pat, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. Para lo cual, los autorizados restringidos, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte quejosa, se otorga autorización al usuario ADavalosM, únicamente para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio y presentar promociones por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. COMUNICACIONES NO PROCESALES Sin que, en caso de que así lo pretenda, haya lugar a notificarle por medio del correo electrónico y número telefónico que indica el promovente, toda vez que dichos medios electrónicos no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, téngase por proporcionados el correo electrónico y número telefónico que se relacionan en el escrito de demanda, con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, para establecer comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente y regístrese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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