María Guillermina Hernández Velázquez

Expediente 300/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
300/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • María Guillermina Hernández Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ******** sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por **************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo Civil de partido de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 300/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de la materia, aplicable también a este tipo de resoluciones, emerge que la parte impetrante reclama, en esencia, la falta de emplazamiento al juicio civil C30/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, y todas sus consecuencias, como los actos de privación de la posesión de la parte alícuota de los inmuebles ubicados ************* de esta ciudad, ordenados en dicho controvertido. En tal virtud, analizado el acto reclamado y vista la certificación de cuenta, se advierte que el mismo es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución firme, el cual fue promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado, a saber, la falta de emplazamiento al juicio detallado en el parágrafo que antecede y sus consecuencias legales; por tanto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo, se desprende que ante este mismo órgano de control constitucional, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se recibió la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, la cual fue registrada con el número 259/2017, contra las mismas autoridades y por el mismo acto que señala en la demanda del presente juicio de amparo, lo que al constituir un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece la facultad del suscrito para invocar de oficio dicha circunstancia, se ordena anexar como medio probatorio al expediente en que se actúa copia certificada de la demanda, auto de radicación y suspensión provisional que obra en el aludido juicio de amparo e incidente derivado del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Ahora bien, de los datos precisados en el juicio de amparo 259/2017 del índice de este juzgado, se advierte que se fijó como acto reclamado falta de emplazamiento al juicio civil C30/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, y sus consecuencias, como los actos de privación de la posesión de la parte alícuota de los inmuebles ubicados ************ de esta ciudad, ordenados en dicho controvertido; en tanto que como autoridades responsables, se señalaron al Juez y Secretario, ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. Por otra parte, de la demanda de amparo en estudio, se desprende que el acto reclamado y las autoridades señaladas como responsable, son esencialmente los mismos. De ahí, que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, ya que tal cuestión será motivo de análisis en el diverso asunto 259/2017 a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquél tema, pues de hacerlo así, implicaría que la quejosa ********** pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que la constitucionalidad del acto que reclama **************, es materia de análisis en el diverso juicio constitucional 259/2017 del índice de este Juzgado y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la presente demanda de amparo. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****************; y como autorizado en término amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, pues su cédula profesional número 5849900 se encuentra debidamente inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto

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