María Ines Acosta Cerroblanco
Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Ines Acosta Cerroblanco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ********************, interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa por un término de noventa días, la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, esta podrá ser depurada del sumario y destruida en su momento.
- Principal
a) Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *****, en contra de actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Oralidad 2 de la Ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 29/2019-I-B. Del análisis integral del escrito de cuenta y de los propios antecedentes que expone la quejosa, bajo protesta de decir verdad, emerge que: El trece de enero del dos mil diecinueve, un policía ministerial adscrito a la agencia investigadora de la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato, dejó en poder de la quejosa un citatorio a fin de que compareciera a una diligencia de carácter ministerial en las instalaciones de dicha dependencia a las trece horas del catorce siguiente; citatorio que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." b) Causal de improcedencia. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Conviene recordar que a través del juicio de amparo es reclamable todo acto de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos al particular y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 1° de la ley de la materia; en tanto que en el numeral 107, se indican con precisión los casos específicos en que procede el juicio de amparo biinstancial, cuya hipótesis establecida en la fracción III, inciso b), refiere que los actos en el procedimiento deben ser de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio constitucional por la vía biinstancial, puesto que la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución; esto es, cuando el acto reclamado únicamente afecta derechos adjetivos o procesales. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) , del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que se lee: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sobre el particular, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos con ejecución de imposible reparación solo se presentan, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado de la resolución respectiva; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, ya que la afectación no podría repararse, aun obteniendo resolución favorable en el procedimiento respectivo, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese sentido, del análisis integral del escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, emerge que la parte quejosa reclama, el citatorio ***, derivado de la carpeta de investigación ***, por el que se le solicita se presente en las instalaciones del Ministerio Público de Juventino Rosas, Guanajuato a fin de desahogar una diligencia de carácter ministerial. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. Lo anterior toda vez que el citatorio no es un acto que afecte la libertad personal, se trata de una simple comunicación del Ministerio Público en el sentido de requerir su presencia para el desahogo de una diligencia; no obsta que en caso de no comparecer sin causa justificada se pueda ordenar su comparecencia mediante el uso de medidas de apremio, ya que se trata de un acto futuro e incierto condicionado a que el citado no asista, sin justificación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el siete de diciembre del dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese contexto, es inconcuso que el citatorio que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que con el mismo no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la promovente, dado que el citatorio no representa restricción alguna a su libertad personal pues se trata de un acto fuera de juicio que no le limita en forma alguna sus libertades. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De ahí que en el particular, al reclamarse un acto que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sentido, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Cabe precisar que la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." c) Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón electrónico bajo el usuario *** se insta a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, para que autorice al citado el acceso al expediente en que se actúa Ahora bien, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo, (número de cédula profesional y el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. De igual forma, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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