Maria Guadalupe Xoconoxtle Herrera

Expediente 375/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
375/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Xoconoxtle Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que firma la quejosa ***********; en atención a su contenido, dígasele que queda a su disposición el legajo de copias simples que adjuntó a su escrito aclaratorio, registrado con el número 5393, relativas a algunas constancias procesales del expediente laboral 444/2018/2018/L1/CA/EXH del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, previa razón de entrega que se deje en autos, a través de las personas que faculta para tal efecto. Sin que haya lugar a devolver documento original alguno, puesto que tal y como se advierte de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, con la que turnó la demanda a este juzgado federal, así como del referido escrito aclaratorio y sellos estampados en ambos ocursos, no se presentaron anexos en original, sino solamente el referido legajo de copias simples. En el entendido que no se hace necesario dejar constancia en este expediente judicial de las constancias que se autoriza su devolución, puesto que, además de tratarse de copias simples, el presente asunto se encuentra totalmente concluido y se ordenó su destrucción en términos del ordenamiento respectivo. Cabe precisar que para la devolución de tal documental, será necesario que la promovente o sus autorizados agenden una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo signada por ****************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  3. Principal

    Recepción del escrito. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito presentado por la quejosa ********, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, lo que hace proporcionando la información requerida. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 63, fracción IV, así como 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda constitucional, presentada por *******, en contra de los actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y de su presidente, habida cuenta que se estiman inexistentes los actos cuestionados. Los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracción IV, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Las porciones normativas transcritas disponen, en esencia, que es improcedente el juicio constitucional cuando los actos reclamados son inexistentes, situación que en forma clara y patente se actualiza en la especie. Para corroborar lo que precede, en principio, se precisa que, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, del análisis integral del escrito inicial de demanda y su aclaratorio, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: la falta de ejecución del laudo emitido el ocho de junio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral ***Destaca que el acto reclamado es genérico, pues a pesar de que se previno a la agraviada para que indicara si duele de algún acto en concreto, lo cierto es que reiteró que el motivo del reclamo es la omisión de no cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo mediante la realización de actos procesales necesarios para que se cumpla con lo condenado en laudo de ocho de junio de dos mil diecisiete. También debe subrayarse que la parte quejosa, bajo protestad de decir verdad, por tanto con eficacia probatoria acorde a lo dispuesto por el numeral 200 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su numeral 2º, que en el juicio laboral subyacente se ubica en el periodo de ejecución de laudo y que es la parte procesal actora y vencedora. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante criterio vinculatorio -en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo-, que cuando se reclama a través del juicio de amparo indirecto la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, toda vez que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a las autoridades encargadas del procedimiento de ejecución de laudo. En invocado criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), legible en la página dos mil setecientos sesenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de dos mil once, tomo cuatro, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Luego, si en la especie se reclama de la junta laboral responsable y su presidente, la omisión o falta de ejecución -en forma genérica- del laudo emitido el ocho de junio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral ****, sin especificar un acto en concreto dentro de esa fase de ejecución, es inconcuso que dicho acto es inexistente a la fecha de presentación de la demanda; ello en razón de que, se insiste, las actuaciones en la fase de ejecución de laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso de la parte ejecutante, por lo que no es jurídicamente factible tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a las autoridades responsables. También es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.16/2011 (10a.), legible en la página dos mil setecientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de dos mil once, tomo cuatro, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda constitucional promovida por *********No pasa inadvertido para este órgano judicial, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos fundamentales; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda constitucional al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la parte promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano".

  4. Principal

    Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo signada por *******, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato y de su presidente; fórmese expediente tanto físico como electrónico, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 375/2019-V. Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, III, IV, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Exhiba la hoja número uno de su escrito inicial de demanda. Esto debido a que en la primera página de esta, en el apartado correspondiente a acto reclamado, el último renglón no se imprimió completo, lo que impide una completa lectura del escrito de demanda. Aclare qué acto en concreto reclama a la autoridad señalada como responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esa ciudad. Es así, porque si bien se duele de la falta de ejecución del laudo que menciona; sin embargo, conforme a la Ley Federal del Trabajo el procedimiento de ejecución le está encomendado al presidente de la junta, no al pleno de esta; en razón de lo que precede es necesario que señale que le reclama a la junta laboral. Precise los puntos resolutivos del laudo condenatorio de ocho de junio de dos mil diecisiete en el juicio laboral número ********, a fin de saber a qué prestaciones fue condenada la parte demandada y quienes conforman dicha parte. Ello en atención que la información proporcionada sobre dicho punto (foja 5), únicamente hace alusión a que se condena a ************ y enseguida indica: "(.) 7.- La devolución y entrega física de boletas de aportacionesa (sic) la administradora de fondos para el retiro (antes SAR), Instituto Mexicano del seguro social y fondo nacional para la vivienda de los trabajadores o, en su defecto, el pago de dichas cuotas, se condena a la patronal a la exhibición de las mismas. (.)"; esto es, la información relacionada con el laudo es incompleta y por tanto se torna confusa. Manifieste si solicitó expresamente al presidente de la junta responsable la ejecución del laudo; en caso afirmativo, indique en qué fecha y sentido se acordó la petición respectiva. Lo anterior, debido a que la información proporcionada en el ocurso de cuenta, resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, acorde con el artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por *********, no así por la persona que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Cabe mencionar que del escrito aclaratorio y de la hoja número uno de la demanda, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción indicada por el artículo 110 de la ley de la materia; es decir, una para cada una de las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y una por cada tercero interesado. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio y autorizados Se le tiene designando como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que en el caso se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso figura como parte actora -trabajadora-. De igual forma, se tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle Vicente *** en esta ciudad. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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