María Guadalupe y/p Ma. González Ponce

Expediente 1170/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1170/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo
  • María Guadalupe y/p Ma. González Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; para ello manifiesta cuando tuvo conocimiento del acto reclamado. Actos reclamados: la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Sala responsable por medio de la cual dejó sin efectos la sentencia condenatoria de primera instancia y repuso el procedimiento a efecto de recabar diversas probanzas. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Glósese a los autos el escrito signado por las quejosas por María Guadalupe González Ponce y/o Ma. Guadalupe González Ponce, y atento a su contenido, dan cumplimiento con lo ordenado mediante proveído del ocho de diciembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Guadalupe González Ponce y/o Ma. Guadalupe González Ponce, contra actos de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De tal disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de la Materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputará consentido tácitamente el acto reclamado. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quien días, contados a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efecto, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) En que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y c) Aquél se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan como efecto o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que de los actos reclamados que intenta recurrir tuvo conocimiento el cuatro de abril de dos mil diecisiete. Cierto, la parte peticionaria controvierte: La resolución dictada por la Sala responsable por medio de la cual dejó sin efectos la sentencia condenatoria de primera instancia y repuso el procedimiento a efecto de recabar diversas probanzas. De acuerdo con la naturaleza de esos actos, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días porque no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo, lo que aparta el caso de alguna excepción para la temporalidad común de quince días para la promoción de la demanda. Ello es así por que, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado; no opera el plazo de ocho años para la presentación de la demanda de amparo ya que no se trata de una sentencia condenatoria, ni impuso pena preventiva de la libertad En esa condición, el plazo de quince días con que, en todo caso, contó para promover juicio de amparo respecto del acto reclamado, comenzó al día siguiente en que surtió efecto la notificación del acto de acuerdo con el articulo 172, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán; esto es: PLAZO. Del seis de abril al dos de mayo de dos mil diecisiete. Plazo del que se descuentan los sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como con los días correspondientes a la semana santa. Entonces, si la demanda de amparo fue fechada hasta el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, como se desprende del escrito inicial (foja 01 y 02), es evidente que su promoción resultó extemporánea, por lo que debe considerarse consentido tácitamente el acto reclamado. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción distinta los elementos que eventualmente se allegaran al sumario, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Por este medio se notifia a quejoso y autorizados el auto de ocho de enero de dos mil dieciocho que en síntesis refiere:Actos reclamados: la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Sala responsable por medio de la cual dejó sin efectos la sentencia condenatoria de primera instancia y repuso el procedimiento a efecto de recabar diversas probanzas. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Glósese a los autos el escrito signado por las quejosas por María Guadalupe González Ponce y/o Ma. Guadalupe González Ponce, y atento a su contenido, dan cumplimiento con lo ordenado mediante proveído del ocho de diciembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Guadalupe González Ponce y/o Ma. Guadalupe González Ponce, contra actos de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de este Distrito Judicial. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De tal disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de la Materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputará consentido tácitamente el acto reclamado. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quien días, contados a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efecto, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) En que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y c) Aquél se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan como efecto o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que de los actos reclamados que intenta recurrir tuvo conocimiento el cuatro de abril de dos mil diecisiete. Cierto, la parte peticionaria controvierte: La resolución dictada por la Sala responsable por medio de la cual dejó sin efectos la sentencia condenatoria de primera instancia y repuso el procedimiento a efecto de recabar diversas probanzas. De acuerdo con la naturaleza de esos actos, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días porque no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo, lo que aparta el caso de alguna excepción para la temporalidad común de quince días para la promoción de la demanda. Ello es así por que, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado; no opera el plazo de ocho años para la presentación de la demanda de amparo ya que no se trata de una sentencia condenatoria, ni impuso pena preventiva de la libertad En esa condición, el plazo de quince días con que, en todo caso, contó para promover juicio de amparo respecto del acto reclamado, comenzó al día siguiente en que surtió efecto la notificación del acto de acuerdo con el articulo 172, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán; esto es: PLAZO. Del seis de abril al dos de mayo de dos mil diecisiete. Plazo del que se descuentan los sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como con los días correspondientes a la semana santa. Entonces, si la demanda de amparo fue fechada hasta el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, como se desprende del escrito inicial (foja 01 y 02), es evidente que su promoción resultó extemporánea, por lo que debe considerarse consentido tácitamente el acto reclamado. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción distinta los elementos que eventualmente se allegaran al sumario, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de diciembre de dosmil diecisiete que en sintesis dice: Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1170/2017. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por María Guadalupe y/o Ma. Guadalupe González Ponce, contra actos de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: a) Manifieste bajo protesta de decir verdad, cuando tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello, toda vez que de la lectura integra de la demanda no se advierte con claridad dicha situación. Datos que se consideran necesarios para estar en condición de proveer sobre la demanda de amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues su autorizado carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010 . SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término , se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios a la persona que refiere en su escrito de demanda, toda vez que acreditó tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo.

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