María Isabel González Sámano
Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Isabel González Sámano
- Armando Salinas Solache
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Acepta competencia Tribunal Colegiado. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 6702/2018 y anexos, además informa que en proveído del veinte de marzo de dos mil dieciocho, ese Tribunal se avocó al conocimiento de dicho juicio. Se ordena el archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de incompetencia, como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, punto Vigésimo, fracción I, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo Vigésimo del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado y de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; y, toda vez que de un revisión exhaustiva del presente asunto, se advierte que no cuenta con documentos originales, se hace innecesario notificar personalmente a las partes, como lo establece el Punto Décimo Primero del citado acuerdo; en consecuencia, el Titular de este Órgano Jurisdiccional, ordena su destrucción conjuntamente con el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se ordena notificar por lista. Vista la razón levantada por el actuario adscrito, se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, por los motivos que expresa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele aquél proveído y el presente; mediante lista de acuerdos publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por lista éste y el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACION DE TRECE Y DIECISEIS MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se ordena notificar por lista. Vista la razón levantada por el actuario adscrito, se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, por los motivos que expresa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele aquél proveído y el presente; mediante lista de acuerdos publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por lista éste y el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe. Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 239/2017. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. INCOMPETENCIA. De la demanda de amparo promovida por María Isabel González Sámano, José Luis Pérez Hilagor y Amado Salinas Solache, se obtiene que este juzgador carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictado por la autoridad responsable dentro del recurso de reconsideración número JA-R-0361/2017-III, interpuesto por los quejosos en contra del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Primera Sala Ordinaria de dicho Tribunal, dentro de los autos que integran el Juicio Administrativo registrado bajo el número JA-1025/2015-I. Esa resolución conformó el auto que desechó la demanda natural. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza del proveído controvertido, se trata de una determinación que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones. En el particular el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio sin resolver el fondo del asunto. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibida. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 239/2017. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. INCOMPETENCIA. De la demanda de amparo promovida por María Isabel González Sámano, José Luis Pérez Hilagor y Amado Salinas Solache, se obtiene que este juzgador carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictado por la autoridad responsable dentro del recurso de reconsideración número JA-R-0361/2017-III, interpuesto por los quejosos en contra del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado por la Primera Sala Ordinaria de dicho Tribunal, dentro de los autos que integran el Juicio Administrativo registrado bajo el número JA-1025/2015-I. Esa resolución conformó el auto que desechó la demanda natural. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza del proveído controvertido, se trata de una determinación que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones. En el particular el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio sin resolver el fondo del asunto. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibida. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
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