María Guadalupe Vizcarra Romero

Expediente 1106/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1106/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Vizcarra Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita copia certificada. Agréguese el escrito signado por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaria de Salud y su Titular con sede en la Ciudad de México, atento a su contenido, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y designando como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mediante oficio que al efecto se libre, remítasele copia certificada de las constancias que refiere vía de correo institucional que para tal efecto proporciona; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos, para el efecto de que envíe el oficio que al efecto se libre, anexando las constancias solicitadas por la autoridad oficiante al correo electrónico vianey.hernandez@salud.gob.mx. Notifíquese y publíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa solicita. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Vizcarra Romero, mediante el cual refiere que desde el tres abril le fue entregada la receta médica 56S0112322, del que se advierte un sello que refiere que se encuentra pendiente surtir, por lo que solicita la entrega de los insumos médicos que requiere. 1.1. Asimismo, solicita la revisión médica de un endocrinólogo, a fin de que éste verifique si la quejosa directa tiene o no obesidad, y en caso afirmativo le prescriban el medicamento de Semaglutida, el cual disminuye y regula el peso. 1.2. De igual forma, solicita que se le canalice a la clínica del sueño y que se le prescriban Mirtazapina, el cual regula su depresión y es el único fármaco que le permite dormir. 1.3. Además refiere que no se le informa de manera correcta y oportuna el lugar donde recibirá las citas médicas, pues por error se le cito en Hospital de Zona 83, no así al nosocomio responsable. 2. Estado de autos. Ahora bien, del estado que guardan los autos y de la certificación que antecede, se desprende que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la ejecutoria del amparo sin exceso ni defecto, y en esa data se ordenó su archivo definitivo. Ello fue así, pues las autoridades responsables informaron y acreditaron que se le ha proporcionado el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, son útiles y adecuados para su correcta atención médica, de acuerdo a los padecimientos que presenta la quejosa, tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos clínicos y médicos, no así el tratamiento y/o medicamentos que la quejosa "considera" es la adecuada para sus padecimientos -semaglutida y mirtazapina-, pues para ello están los especialistas en la materia quienes bajo su más estricta responsabilidad son los competentes para determinar cuáles son los tratamientos más adecuados de acuerdo a los padecimientos que presenta la paciente -aquí quejosa, por lo que dichos medicamentos que refiere necesitar son los que ella sugiere y no así los que los médicos calificados proponen para la quejosa, sin que ésta justifique la razón por las cuales lo solicita; de ahí que sus peticiones relativas a la prescripción del medicamento que pide, y que se le canalice a la clínica del sueño y que se le prescriban además Mirtazapina, resultan inatendibles, por las razones dadas. Finalmente, en cuanto a que la autoridad responsable no le surte los medicamentos que si le fueron prescritos, hágase saber a la quejosa que no justifica con documento idóneo -como lo refiere- que le hayan prescrito algún tratamiento y menos aún que éste se le haya negado, pues no se pierde de vista que refiere que su receta tiene un sello con la leyenda "pendiente de surtir", sin que la haya presentado; de ahí que si por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se determinó que con las constancias que hasta ese momento fueron presentadas por las partes, la ejecutoria de amparo fue cumplida, es que su petición también resulta inatendible. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Colegiado declara firme auto. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que declaró firme el auto en el que desechó dicho recurso de queja registrado con el número 61/2023, devolviendo el testimonio autorizado que le fue remitido para tal efecto. Lo anterior, se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  4. Principal

    En veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un escrito registrado con folio 2635, la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se concedió a María Guadalupe Vizcarra Romero, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "Le proporcione el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa María Guadalupe Vizcarra Romero, atendiendo a los padecimientos que presenta. En caso de no contar con los equipos e insumos que se requieran para brindar la atención médica que requiera la quejosa, deberá realizar las gestiones necesarias para obtenerlos y dar a la quejosa la atención médica de calidad entre las cuales se encuentra el servicio médico subrogado de ser necesario. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud de la paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si la paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán continuar actualizando el expediente clínico de la paciente conforme evolucione su historial médico, y mantenerla constantemente informada respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione su salud, teniendo siempre como eje rector la recuperación respecto de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, la responsable deberá informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento de la paciente y la evolución de su salud." 2. Ejecutoria. Mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Las autoridades responsables realizaron lo siguiente: -Mediante auto de doce de enero del año en curso, el apoderado jurídico de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, informó que a través del correo institucional de fecha nueve de enero del año en curso, el doctor Félix Govea Arriaga, Director Médico del Hospital General de Zona Número 83, remitió notas médicas actualizadas dentro del expediente clínico de la quejosa María Guadalupe Vizcarra Romero, en donde consta que se le ha estado atendiendo oportunamente y se le ha venido brindando el tratamiento para sus padecimientos, siendo su última cita el veintinueve de diciembre del año próximo pasado, donde fue valorada por el especialista en traumatología y ortopedia, doctor Jorge Ulises Lemus, adscrito al referido instituto de seguridad social, quien determinó con base en los estudios de resonancias magnéticas realizados, que no se encontraron lesiones que ameriten tratamiento quirúrgico, por lo que se envió a la paciente a rehabilitación y al servicio de control de peso por parte de nutrición, entregándosele diversos medicamentos, con lo que -afirma- se comprueba que la atención otorgada por parte de sus representadas, se está haciendo de forma oportuna, permanente y constante, actualizando continuamente el expediente clínico de la referida peticionaria de amparo. -En auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el diverso oficio por parte del apoderado jurídico de las autoridades responsables, a través del cual, informó que el doctor Félix Govea Arriaga, Director Médico del Hospital General de Zona Número 83, le remitió notas médicas actualizadas dentro del expediente clínico de la quejosa María Guadalupe Vizcarra Romero; además, comunicó que por medio de correo institucional, el doctor Gilberto Calderón Tinoco, Director Médico de la Unidad de Medicina Familiar número 84, remitió copias del expediente clínico de la citada impetrante de amparo, dentro de la unidad médica antes referida, haciendo mención que en el mes de noviembre del año próximo pasado se le realizó resonancia magnética atendiendo a sus padecimientos y el seguimiento dado a los mismos; lo que dijo acreditar con copia certificada del expediente clínico de la peticionaria de amparo. Con lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. 4. Quejosa desahoga vista. A través del escrito de cuenta registrado con el folio 2635 recibido el veintiuno de febrero del año en curso, María Guadalupe Viscarra Romero, manifestó su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector, pues señala una vez más que no se le ha practicado resonancia magnética en los años dos mil veintidós, y en el presente año, y que tampoco ha sido atendida por alguna endocrinóloga para que le prescriba semaglutida, o bien le brinde opinión médica para bajar de peso dada su obesidad manifiesta; ni le han informado cambio de reumatólogo, solicitando además que se le canalice a una clínica de sueño y se le prescriba mirtazapina para la depresión. Sin embargo, cabe señalar que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron para que las autoridades responsables le proporcionaran el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para su correcta atención médica, atendiendo a los padecimientos que presenta; y, que solo para el caso de que las responsables no contaran con los equipos e insumos que se requirieran para brindar la atención médica que necesita la quejosa -de acuerdo a sus padecimientos-, deberían realizar las gestiones necesarias para obtenerlos y dar a la citada impetrante la atención médica de calidad entre las cuales se encuentra el servicio médico subrogado de ser necesario. Es decir, la protección de la Justicia Federal no comprende que las responsables le proporcionen el tratamiento y/o medicamentos que la quejosa "considera" es la adecuada para sus padecimientos, pues para ello están los especialistas en la materia quienes bajo su más estricta responsabilidad son los competentes para determinar cuáles son los tratamientos más adecuados de acuerdo a los padecimientos que presenta la paciente -aquí quejosa; por lo que, si hasta este momento han informado y justificado que le han proporcionado el tratamiento y medicamentos necesarios de acuerdo con su estado de salud, lo que informan se le ha proporcionado de manera continua, oportuna, permanente y constantes, y que la mantienen informada de su estado de salud, entonces, se puede concluir que se ha dado cumplimiento con la ejecutoria, sin que respecto de esto último se haya inconformado la quejosa; pues se recuerda que su única disconformidad es que no le han prescrito el medicamentos que ella sugiere y que no la han remitido con el médico que ella propone, sin que haya acreditado las razones por las que así lo solicita. 5. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que las autoridades responsables informaron y acreditaron que se le ha proporcionado y se le continúa proporcionando el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, son útiles y adecuados para su correcta atención médica, de acuerdo a los padecimientos que presenta, tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos clínicos y médicos, lo que como ya se adelantó quedó acreditado con las copias certificadas del expediente clínico de la quejosa que remitieron para tal efectos, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Sin que lo anterior, implique desde luego, que las autoridades responsables queden eximidas de continuar salvaguardando en favor de la quejosa su derecho a recibir la atención médica gratuita y adecuada para contrarrestar los padecimientos que presenta. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales a la peticionaria del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando al impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6.2. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en el capítulo 7, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. 7.1. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos del cuaderno incidental, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 7.2. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. 8. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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