María Guadalupe Salazar García
Expediente 541/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Salazar García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en autos, que sobreseyó, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Devolución de documentos. En atención a que resulta innecesario conservar el cuaderno de pruebas que la autoridad responsable, adjuntó como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, en un tomo. 1.2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 2. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno a esta. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 541/2022, promovido por María Guadalupe Salazar García, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama del: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La resolución dictada el ocho de abril de dos mil veintidós, dentro del toca I-76/2022, relativo al recurso de apelación interpuesto por la quejosa, ostentándose sucesora, contra el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario 1182/2016. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de una autoridad, cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la norma, acto u omisión reclamada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se desprende de su informe justificado. Lo que se corrobora con el toca I-76/2022, al que se le concede pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, 6, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)". Sentado lo anterior, se tiene que en el juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la legislación aplicable toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por su parte el artículo 5° del mismo ordenamiento, dispone que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, al tener tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pero además sólo podrá seguirse por el agraviado o por su apoderado legal. En otras palabras, para la procedencia del amparo, debe existir un agravio personal y directo; es decir se requiere que el acto o actos de autoridad reclamados afecten los intereses jurídicos del quejoso, es decir que produzcan un agravio directo. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el primero de los mencionados debe ser actual para justificar la acción de amparo y el perjuicio se debe traducir en la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Fundamenta lo expuesto, la Jurisprudencia 138, emitida por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, sirve de apoyo la sustentada por el propio Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Sentado lo anterior, en el caso concreto, la quejosa carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo. Se explica. La quejosa se ostenta sucesora legalmente reconocida dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de J. Jesús Salazar Martínez, carácter que se tiene por acreditado si se toma en consideración la determinación dictada el tres de marzo de dos mil veintidós, por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, que constituye el auto recurrido en apelación y que dio origen al toca del cual deriva el acto reclamado. Al respecto, mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ante el juez de origen, la quejosa en su carácter de: heredera legalmente reconocida, titular del 40% cuarenta por ciento de los derechos hereditarios, promovió incidente de inclusión de bienes que pertenecen a la sucesión de J. Jesús Salazar Martínez. En ese sentido, el juez de origen mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, acordó tenerlo por presentado -dijo- con el carácter que tiene reconocido en autos; y, en el fondo, determinó no admitir a trámite el citado incidente, toda vez que -señaló- en términos de lo establecido por el artículo 1048 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los coherederos solo pueden manifestar su conformidad o inconformidad con el inventario y avalúo; luego en diversa parte del proveído en mención, también precisó que en todo caso en términos del artículo 917 del Código Civil del Estado, cualquier heredero podrá promover la formación de inventarios. El anterior contexto deja evidencia de que la quejosa efectivamente es heredera de la sucesión. Ahora, no obstante ese carácter acreditado, como ya quedó establecido, la quejosa carece de facultades para intentar cualquier acción que pertenezca a la sucesión; pues las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. No se inadvierte la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA); tampoco los argumentos de la quejosa en el sentido de tener derechos y personalidad jurídica distinta a la del albacea de la sucesión, que los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles en el Estado reconocen la capacidad jurídica y los derechos procesales individuales a cada uno de los herederos; asimismo, que cuenta con potestad de acudir ante los órganos jurisdiccionales a título personal, a ejercitar las acciones que consideren pertinentes para la defensa de sus intereses, y que con ello resulte procedente el juicio de amparo, pues de las constancias de autos también es posible advertir que la sucesión sí cuenta con albacea, a quien le corresponde la defensa de los bienes. Dicho de otra manera, no se aprecia alguna circunstancia especial que permita considerar procedente el juicio de amparo promovido por la quejosa en defensa de los bienes de la herencia, pues se insiste, el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garantías, es atribución propia de dicho albacea. En ese sentido, la acreditación del albacea en el asunto a estudio se tiene, si se considera lo expuesto en la resolución aquí reclamada, pues el Magistrado responsable, precisamente como sustento de su determinación invocó como hecho notorio la tramitación del toca I-31/2022, que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por Edgar Salazar García, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Salazar Martínez -aquí tercero interesado-, en contra de la sentencia interlocutoria de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente sobre ampliación de inventario que éste planteó, mismo del que refirió tener a la vista las constancias que lo integran, entre ellas, el escrito incidental, en el que se contiene un listado de bienes cuya inclusión se pretendía -entiéndase por el albacea-. Luego, siguió diciendo tener también a la vista, que en dicho toca, la decisión adoptada por ese tribunal responsable fue dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, misma que al ser analizada logró advertir que a través del incidente pretendido por la apelante -aquí quejosa- se procuraba incorporar al inventario los veintinueve bienes muebles que no fueron aprobados en la interlocutoria pronunciada con motivo del incidente que sobre la misma materia (ampliación de inventario) promovió el albacea de la sucesión, habiéndose emitido -dijo la responsable-, un pronunciamiento de fondo por su parte sobre el particular; de ahí que, basado en ello, resolvió que los motivos de inconformidad expuestos por la sucesora/heredera -aquí quejosa-, sobre la inclusión de los bienes enlistados y que pretende sean adicionados al inventario y avalúo, ya se llevó a cabo no solamente un estudio en cuanto al fondo a partir del similar que planteó el albacea de la sucesión; decisión jurisdiccional por parte de esa alzada que precisó ha quedado firme por consentimiento de las partes. En ese contexto, se sustenta la improcedencia del juicio de amparo, pues la quejosa carece de legitimación para su promoción, ya que su participación debe entenderse limitada al proceso de origen, según corresponda. Se insiste, tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Por ende, la instancia constitucional, por lo general, debe instarse por conducto de su albacea. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, 6, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el juicio de amparo. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Salazar García, contra la autoridad y el acto precisados en esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad remite emplazamiento. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional mediante proveído del ocho de agosto del año en curso, remite la constancia que acredita que el tercero interesado Edgar Salazar García en cuanto albacea general definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Salazar Martínez, fue debidamente emplazado a juicio, el diecisiete de agosto pasado. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Diferimiento. Finalmente, se tienen señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Materia; empero, para dar margen a que transcurra el término concedido a la parte tercera interesada, con la vista otorgada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, de manera anticipada se difiere el desahogo de la audiencia constitucional señalada, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con este, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la responsable adjuntó a su informe justificado. Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. Prueba documental de la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se reservó proveer respecto a la prueba documental ofertada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado y remitiera las constancias que acreditaran su dicho; por lo que atendiendo a los párrafos precedentes, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la Materia, se le tiene por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental a que alude en su ocurso de demanda; la cual, se ordena dar de nueva cuenta en la audiencia constitucional, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la misma. Emplazamiento tercero interesado. Ahora bien, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado a Edgar Salazar García en cuanto albacea general definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Salazar Martínez, reservándose ordenar su emplazamiento hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que el aquí tercero interesado dentro del juicio natural de donde emana el acto reclamado, señaló dirección electrónica ante la autoridad de que se trata, para oír y recibir notificaciones. En virtud de lo anterior, y como se advierte de las constancias remitidas por la responsable, que las notificaciones le fueron hechas vía electrónica del órgano judicial de origen; gírese atento oficio a la autoridad de que se trata, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, el emplazamiento del tercero interesado Edgar Salazar García en cuanto albacea general definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Jesús Salazar Martínez, a través de la vía electrónica de la autoridad de que se trata y deberá: Con copia de la demanda, emplazarla al presente juicio de amparo y comunicarle el derecho que tiene para apersonarse. Notificarle el contenido íntegro del auto admisorio, así como del presente proveído. Hacerle del conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requerirlo para que dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído, proporcione domicilio en Morelia, Michoacán donde recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, remita a este Órgano Jurisdiccional las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; y, personalmente al tercero interesado a través de la autoridad responsable. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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