María Guadalupe Villa Vicente
Expediente 198/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Guadalupe Villa Vicente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el quince de agosto de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Se ordena la devolución del disco remitido por el Juez responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 198/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. MARÍA GUADALUPE VILLA VICENTE, por propio derecho, mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, y que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez de Control en materia Penal en Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, Titular de la Unidad de Recursos Humanos de la Defensoría en el Estado, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sede en la ciudad de Oaxaca, consistentes en: la incorrecta aplicación de la ley en la determinación dictada en la audiencia de comunicación de imputación de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la que se hizo efectivo el apercibimiento de multa; el descuento a su sueldo como defensora pública, y el cobro coactivo de la multa, los cuales estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo y 22 primer párrafo de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada. TERCERO. En auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, se dejó de tener como autoridad responsable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sede en la ciudad de Oaxaca, ante su inexistencia. Después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional culminó con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente expediente en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La multa impuesta en audiencia de formulación de imputación en la causa penal 224/2018, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, ante su incomparecencia. La ejecución de dicha multa. TERCERO. La Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que se refiere a tales autoridades. Es aplicable en la especie la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, bajo el rubro y texto literal siguiente. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La juez Coordinadora del Juzgado de Control de Legalidad de la Región Costa, con sede en el Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación del mismo, como lo es un disco digital versátil DVD, que contiene el audio y video de la audiencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, así como las documentales integrantes de la causa penal 224/2018, el cual adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, de la referida ley, así como en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, el suscrito advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos se actualiza básicamente en dos supuestos; por una parte, cuando el acto reclamado por la quejosa ha dejado de producir sus consecuencias jurídicas de manera total e incondicional y, por ende, su derecho fundamental quedó en las mismas condiciones en que se encontraban antes de su violación; y, por otro lado, derivado de la sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2546, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En el caso, se tiene que mediante audiencia de formulación de imputación de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la juez responsable impuso a la hoy quejosa una multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $5,134.00 (cinco mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N), en razón de no haber comparecido a la misma, no obstante haber quedado legalmente notificada. Ahora, de las constancias deducidas de la causa penal 224/2018, se advierte, contra la referida multa, la quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que resolvió la juez responsable mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el sentido de declararlo inadmisible. Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie no es jurídicamente posible analizar la determinación adopatada por la responsable en audiencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dado que la misma fue sustituída procesalmente con la emitida a través del recurso de revocación, la cual incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado primigeniamente. Es applicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 2466, Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ello es así, pues la determinación recaída al recurso de revocación es la que será materia de análisis a través del juicio de amparo, y no la hoy reclamada, ya que el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. No se soslaya que mediante proveído de once de julio de dos mil diecinueve, se requirió a la hoy quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demandada de amparo en contra de la resolución pronunciada con motivo del recurso de revocación que hizo valer respecto de la multa impuesta en audiencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante quedar legalmente notificada de dicho auto. En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee en el presente juicio conforme al artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 198/2019, promovido por MARÍA GUADALUPE VILLA VICENTE, en términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no ha transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa, en proveído de once de julio actual; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose de los mismos que en auto de veintidós de febrero del año en curso, dictado en la causa penal 224/2018, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, se declaró inadmisible el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa María Guadalupe Villa Vicente, en contra de la multa que constituye el acto reclamado en la presente instancia; por lo tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el 17, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, siguientes al que le surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste si amplía su demanda de amparo en contra del acuerdo veintidós de febrero del año en curso, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se indica, el presente juicio se resolverá en los términos planteados en la demanda de amparo; y en caso de que lo señale deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, y en obvio de acuerdos innecesarios, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas en proveído de veinticuatro de junio último, para la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DICINUEVE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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