María Guadalupe Dávila Reyes
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Guadalupe Dávila Reyes
- Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 659/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, *****, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Radicación y prevención. En auto de cuatro de julio del año en curso, este órgano judicial radicó el asunto con el número 659/2023 y previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda. TERCERO. Admisión de la demanda. En proveído de catorce de julio del presente año, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, emplazó a los terceros interesados y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60, fracción III (materia civil), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado del juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, es el siguiente: El auto dictado en el punto resolutivo cuarto de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio intestamentario 612/2019, en el que desechó de plano el incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la quejosa mediante escrito de catorce de enero del presente año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La secretaria encargada del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, aceptó el acto reclamado (foja 38). Para corroboralo, remitió copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 612/2019, al que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de facilitar la comprensión del asunto, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se advierten de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario 612/2019, mismas que ya fueron valoradas. Se hace la precisión que en lo subsecuente, al hacer referencia a las páginas de las actuaciones, se entenderá que corresponden al expediente de origen. 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, Bárbara Silvia Castellanos Leyva denunció por propio derecho el juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto ***** (fojas 2-3). 2. En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca, radicó el expediente 612/2019, ordenó formar la primera sección denominada sucesión, convocó mediante edictos a los que se creyeran con derechos para intervenir en la sucesión y considerado que el de cujus falleció en el Estado de Zacatecas, envió exhorto al juez competente de esa entidad federativa para que fijara en el tablero de avisos un tanto del edicto (fojas 21, 25-27). 3. En acuerdo de veinticuatro de agosto del año próximo pasado, se tuvo por apersonada a la peticionaria del amparo ***** (fojas 178). 4. En ocurso de catorce de enero del presente año, la quejosa promovió incompetencia por declinatoria argumentando que el de cujus había fallecido en el Estado de Zacatecas, por lo que solicitó a la jueza familiar del conocimiento declinará competencia al juez en turno de esa entidad federativa (fojas 255-259). 5. En resolución de veintinueve de mayo del año en curso, se nombró a la promovente del amparo como albacea provisional de la sucesión; y en el auto dictado en el punto resolutivo cuarto fue desechado de plano el incidente de incompetencia por declinatoria planteado, lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. La parte conducente de esa decisión es la siguiente: "OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (.) RESUELVE: (.) CUARTO. Analizadas las constancias de autos se advierte que de la foja ciento sesenta y tres a ciento ochenta y nueve, corre agregado en autos el escrito de *****, de fecha catorce de enero de dos mil veintitrés, al que adjunta los documentos que se detallan en la certificación de recibido, con número de folio de recepción 0351/2023 de fecha diecisiete de enero del año en curso, mismo escrito que no se encuentra proveído en autos ni se dio cuenta del mismo, por lo que al no estar acordado en sus términos, con fundamento en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se procede a proveer el de cuenta: Visto el escrito de cuenta, toda vez que la presunta heredera *****, pretende promover INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA DE ESTE JUZGADO, por los motivos que menciona en el escrito que se provee, con fundamento en los artículos 36, 37, 53, 155 y 157 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de plano se desecha el trámite de la incompetencia que hace valer por notoriamente improcedente, habida cuenta que de las constancias de autos se advierte que por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la promovente apersonándose al presente juicio, por lo que al haber promovido en el presente juicio por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *****, mediante petición de fecha catorce de julio de dos mil veintidós recibida al día siguiente en este Juzgado, tácitamente quedó sometida a la jurisdicción de este tribunal, de ahí la improcedencia de la incompetencia que plantea". QUINTO. Causa de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal invocado, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto legal citado recoge el principio de definitividad, que constituye una de las reglas fundamentales del juicio de amparo, consistente en la obligación de agotar, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción, los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley del acto con el objeto de modificar, revocar o anular la resolución reclamada. Para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: 1) El acto reclamado provenga de un tribunal judicial o del trabajo; 2) La ley establezca dentro del procedimiento la procedencia de algún recurso o medio de defensa contra ese acto; 3) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura el principio en comento, pues el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que únicamente procede cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe precisar que existen excepciones al citado principio de definitividad, previstas en los incisos a) al c) del numeral y fracción invocados, que de actualizarse haría innecesario el agotamiento previo de los recursos ordinarios antes de acudir a la instancia constitucional En el caso concreto, la peticionaria del amparo reclama del juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, el auto dictado en el punto resolutivo cuarto de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio intestamentario 612/2019, en el que desechó de plano el incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la quejosa mediante escrito de catorce de enero del presente año. Conforme al principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de revocación antes de la instauración del presente juicio de control constitucional, en términos de los artículos 155, 666 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que señalan lo siguiente: "Artículo 155.- Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se desechará de plano continuando su curso el juicio. También se desechará de plano cualquier competencia promovida que no tenga por objeto decidir cuál haya de ser el juez o tribunal que deba conocer de un asunto. Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 677.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones en los casos en que no se encuentre prevenido que se admitan en ambos efectos. En los juicios sumarios y sucesorios, todas las apelaciones se admitirán en el efecto devolutivo, salvo que la Ley disponga otra cosa". Efectivamente, una interpretación sistemática de los artículos antes trascritos, lleva a concluir que la ley adjetiva civil no establece que sea irrecurrible el auto que desecha una cuestión de competencia, sino lo que señala es que los autos que no admitan el recurso de apelación, son impugnables por medio del diverso de revocación, toda vez que en ese caso (de la competencia) no se resuelve el fondo del asunto, sino cuestiones que surgen durante el trámite procesal. Se afirma que resulta procedente ese medio ordinario de defensa (revocación), porque en el numeral 80 de la citada legislación procesal, se menciona que las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores. Sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 262/2016, el trece de julio de dos mil dieciséis, analizó la clasificación de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de contenido similar a la legislación procesal civil de esta entidad federativa), cuya parte toral se transcribe: "22. (.) resulta necesario atender a la clasificación que sí se encuentra establecida en su ley supletoria, es decir, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 220, que establece: Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. 23. En dicha norma se adopta una clasificación tripartita de las resoluciones judiciales: decretos, autos y sentencias; lo cual significa que toda resolución debe poder incluirse en esas categorías. 24. Los decretos, como indica la disposición legal, son simples determinaciones de trámite, cuya finalidad es impulsar el desarrollo del proceso, esto es, tienen que ver con cuestiones meramente ordenatorias del proceso, sin que decidan sobre puntos dentro del juicio; como las que fijan la apertura o cierre de una etapa procesal, la notificación a las partes, el envío de exhortos o despachos, la citación a las partes para alguna audiencia o diligencia, tener por señalado un domicilio para recibir notificaciones, etcétera. 25. El auto, por su parte, es la declaración de voluntad del órgano jurisdiccional que, teniendo en cuenta la dirección final del proceso, no resuelve la cuestión principal, sino las cuestiones que surgen durante el trámite procesal. Esto es, a través del auto, el juzgador decide sobre aquello en lo que exista contradicción entre las partes durante la tramitación del juicio, por ejemplo: Los recursos contra providencias o decretos. La admisión o desechamiento de una demanda, reconvención, acumulación de acciones. La admisión o desechamiento de pruebas. La aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios. Las medidas cautelares y la nulidad o la validez de las actuaciones. Las cuestiones incidentales. Los presupuestos procesales La nulidad del procedimiento. 26. Esto es, en los autos no se decide sobre la cuestión principal discutida en el proceso, pero sí aspectos trascendentes y que pueden ser discutibles entre las partes durante el juicio. 27. En cambio, en la disposición legal transcrita el carácter de sentencia se reserva exclusivamente para aquella por la cual el juez resuelve el problema de fondo controvertido u objeto del proceso con la cual se da la terminación de éste. Esto es, se trata del fallo con el cual se resuelve el litigio, y que constituye la forma de terminación normal del proceso. 28. Es cierto que en el lenguaje forense y en algunas legislaciones también se ha dado el carácter de sentencias con el calificativo de interlocutorias a las que resuelven un incidente o deciden sobre un presupuesto procesal. 29. No obstante, en la clasificación adoptada en la ley aplicable al caso no cabe considerar dichas resoluciones en una categoría distinta a los autos, sino que están incluidos en esta última clasificación, considerando que la sentencia, según el citado artículo 220, sólo designa la que resuelve el fondo del pleito. Al respecto, los doctrinarios sostienen que esa terminología (sentencia interlocutoria) provoca confusión sobre la naturaleza y la función de las resoluciones judiciales que emite el juzgador, especialmente a las sentencias en sentido estricto, pues son las que deciden el fondo del asunto; por tanto, todas las determinaciones que resuelven cuestiones planteadas dentro del proceso deben ser reconocidos como autos, al menos en la clasificación de resoluciones judiciales aplicable en los procesos de amparo, por virtud de su ley supletoria". Luego, si en este asunto, el acto reclamado lo constituye el auto dictado en el punto resolutivo cuarto de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio intestamentario 612/2019, en el que fue desechado de plano el incidente de incompetencia por declinatoria, atendiendo a los razonamientos de la ejecutoria transcrita, se trata de un auto, en virtud que el órgano jurisdiccional no resolvió la cuestión principal, sino que se pronunció sobre uno de los presupuestos procesales, entendidos como los requisitos que permiten la constitución y desarrollo del juicio, sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica, como es la competencia. Por tanto, contra dicho acto de autoridad sí resulta procedente el recurso de revocación establecido en el numeral 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el cual dispone claramente que los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó. En tal virtud, si previo a promover el juicio de amparo indirecto, la quejosa no interpuso el citado recurso de revocación para combatir el acto reclamado, no puede tenerse por cumplido el principio de definitividad a que se refiere la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2009912, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo". En ese contexto, se estima que la parte quejosa estaba obligada a agotar el aludido medio de defensa previo a interponer el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa podía hacer valer las alegaciones que expresó en sus conceptos de violación, y en vista de ellas, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente. Máxime que no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; además, la procedencia del recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, para que fuera optativo para la quejosa agotar tal recurso. Es aplicable, por su sentido, la tesis III.2o.C.21 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registro digital 2009148, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. EL PROVEÍDO QUE DESECHA ESA EXCEPCIÓN, ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El proveído dictado durante la tramitación de una cuestión de competencia, propuesta en un juicio sumario, en el que la respectiva Sala desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, por no reunirse uno de los requisitos de trámite de esa excepción dilatoria, al invocar tal motivo para desecharla, no resuelve el fondo sustancial de ésta, porque no determina cuál Juez resulta competente para continuar conociendo del trámite del juicio de origen, por lo cual esta resolución es recurrible en revocación, en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues en este evento, la Sala no dirime la competencia propuesta, esto es, una controversia entre dos Jueces de distinta materia; de ahí que, de no agotarse el recurso ordinario, el amparo indirecto resulta improcedente contra aquel proveído, por surtirse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Lo anterior se robustece con la tesis III.4o.C.42 C (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registro digital 2011512, del tenor: "RECURSO DE REVOCACIÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PROCEDE CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN UN JUICIO DE CARÁCTER CIVIL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 22, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y/o la excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destaca el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, ya que la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. En congruencia con lo anterior, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el proveído dictado en uno de carácter civil, que deseche la excepción de incompetencia por declinatoria, procede el recurso de revocación, en términos del artículo 431 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que en ese evento, la Sala no resuelve el fondo sustancial de aquélla, pues no determina cuál Juez resulta competente para continuar conociendo del trámite del juicio de origen". En tales circunstancias, al haberse actualizado la citada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. El sentido de esta sentencia impide ocuparse de los conceptos de violación inherentes al fondo del asunto, sirviendo de sustento para ello la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Los criterios citados a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables al caso concreto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, en atención a que no se oponen a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***** , contra el acto reclamado del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de septiembre del año en curso, remite las constancias de emplazamiento de dicho auto a la parte tercera interesada ******************** y ********************. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada, ******************** y ********************, dentro del plazo de tres días que les fue concedido, no señalaron domicilio para recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, y se ordena que las notificaciones personales que surjan en este asunto, se realicen por medio de lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional; lo anterior hasta en tanto subsanen tal omisión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en auto de veintisiete de septiembre actual; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado de los autos se advierte, en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro por Ministerio de Ley, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Se requieren constancias. Por otra parte, del estado de los autos se advierte que no obran las constancias de emplazamiento a la parte tercera interesada Bárbara Silvia Castellanos Leyva y María Luisa Alcalá Macías, como partes en el juicio sucesorio intestamentario 612/2019, de la estadística de la responsable antes citada, que le fueron solicitadas en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérasele al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro por Ministerio de Ley, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, remita las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada antes citada; apercibiéndolo que de no hacerlo en el plazo indicado, se hará acreedor a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente al valor en que se haga efectivo el medio de apremio; en términos del artículo 251 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
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