María Guadalupe Cruz Canseco

Expediente 1278/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1278/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Cruz Canseco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1278/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. MARÍA GUADALUPE CRUZ CANSECO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados, a los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y al Visitador General de dicho Consejo, que más adelante se precisaran. SEGUNDO. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en el expediente que se refiere, de conformidad con los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 11/2021, mediante la cual se confirma la diversa de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se le impuso un apercibimiento público por faltas a la función pública. Del Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la ejecución de la resolución del recurso de revisión. TERCERO. El Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y el Visitador General del mismo Consejo, al rendir sus respectivos informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias anexas al mismo, así como del disco compacto que remitió el primero de los nombrados, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. CUARTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa devienen por una parte inoperantes y por otra infundados, sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado versa sobre la determinación de una responsabilidad administrativa de un servidor público, la cual no implica el análisis de la relación de derechos y obligaciones obrero patronales y por tanto, se rige por el estricto derecho administrativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 705, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, se tiene que lo inoperante de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, deviene que son una reiteración de los agravios formulados en su escrito por medio del cual recurrió la determinación en la que se le impuso un apercibimiento público. Para ilustración, se precisa que la quejosa en sus conceptos de violación aduce en esencia: Que al momento de su emplazamiento, no se le corrió traslado con todas y cada una de las constancias que obraban en el instructivo de responsabilidad; el actuario jamás certificó que las copias del traslado se encontraban debidamente selladas y cotejadas con el original que existía en el instructivo. Se violó su derecho a la defensa adecuada, porque la autoridad instructora de origen debió designarle un defensor público que la asesorara en cada uno de los actos procesales en su calidad de imputada y como no lo hizo, eso lo dejó en estado de indefensión. Que en el caso había operado la prescripción de las facultades de la Visitaduría para sancionarla, pues conoció los hechos y a la probable infractora el 4 y 5 de octubre de 2018. A su vez, de su escrito de expresión de agravios, se advierte, hizo valer en esencia los siguientes: Que en el instructivo de responsabilidad se vulneró el derecho humano al debido proceso, pues al emplazársele no se le corrió con todas y cada una de las constancias que obraban en el mismo; que el actuario jamás certificó que las copias del traslado se encontraban debidamente selladas y cotejadas con las que existían en dicho instructivo. Que durante la integración del instructivo se cometieron violaciones a las normas del procedimiento, pues no se le nombró un defensor de oficio, de ahí que no tuvo una defensa adecuada. Que en el caso operó la prescripción, pues antes del siete de mayo de dos mil dieciocho, el Visitador General ya conocía la falta y al probable infractor, por lo que a la fecha de la sentencia ya había prescrito, que esa facultad no empieza cuando radica el expediente. Como se aprecia, los conceptos de violación que hoy formula la parte quejosa, son una reiteración de los agravios planteados en el recurso de revisión, mediante los cuales combatió la determinación en la que se le impuso un apercibimiento público. Sin que pase desapercibido que los mismos fueron contestados por los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sin que la parte quejosa formulara planteamiento alguno por el cual combatiera las razones que los llevaron a confirmar la resolución recurrida. Además, por cuanto hace a la prescripción de la sanción, hoy aduce un lapso de tiempo (cuatro o cinco de octubre de dos mil dieciocho), circunstancia que no fue formulada ante la responsable, por tanto, se trata de un argumento novedoso del cual no se pronunció del Consejo responsable, máxime, que no impugnó las razones por las cuales se estimó que en el caso no operaba dicha figura. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible a página 1150, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI REPITEN ESENCIALMENTE LOS DE ANULACIÓN Y NO CONTROVIERTEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si en los conceptos de violación de la demanda de garantías el quejoso sustancialmente repite los diversos de anulación que hizo valer en el juicio de nulidad respectivo, sin que de manera alguna controvierta las razones y fundamentos con base en los cuales la Sala Metropolitana o Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoció de ese juicio los analizó y desestimó en la sentencia que combate en el amparo, es de concluirse que dichos conceptos de violación devienen inoperantes, por falta de ataque a tales razones y fundamentos." Ahora, por lo que hace al motivo de disenso de la quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, el mismo resulta infundado. En efecto, pues contrario a lo alegado, de la lectura de la resolución impugnada, se advierte que la responsable invocó los preceptos que estimó aplicables al caso, así como las razones por las cuales consideró justificaba su aplicación, por tanto, cumplió con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin soslayar, que la quejosa en modo alguno combatió dichas consideraciones. En consecuencia, al resultar por una parte inoperantes, y por otra infundados los conceptos de violación, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita MARÍA GUADALUPE CRUZ CANSECO, contra el acto reclamado a los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 11/2021, mediante la cual confirman la diversa de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso un apercibimiento público por faltas a la función pública. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARÍA GUADALUPE CRUZ CANSECO, contra el acto reclamado a los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 11/2021, mediante la cual confirman la diversa de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la cual se le impuso un apercibimiento público por faltas a la función pública; así como en contra del acto de ejecución reclamado al Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes conozcan el contenido del informe justificado rendido por el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio que envía la autoridad responsable, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio y anexo que envía el Secretario Ejecutivo del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en representación de los integrantes del Pleno de dicho Consejo, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental el disco que se acompaña al oficio, el cual al abrirlo contiene los archivos de nombres INSTRUCTIVO DE RESPONSABILIDAD 232-2019VF y TOCA RR-11-2021VF, y que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Se ordena guardar el mismo en la Secretaría de este Juzgado y a disposición de las partes, como anexos a este expediente. NOTIFÍQUESE.

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