María Guadalupe Ruiz Ruiz y Otros.
Expediente 163/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Guadalupe Ruiz Ruiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de trece de marzo de la presente anualidad, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguense en autos los oficios remitidos vía correo electrónico por el Titular de la Célula B-I-8 de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales: Rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en auto de ocho de febrero de la presente anualidad, informa que: Los quejosos *********************, fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal el día veintisiete de febrero del presente año, por los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego del uso exclusivo, posesión de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de venta y operaciones de recursos de procedencia ilícita. El veintiocho del mismo mes y año, se dio inicio a la audiencia de control de detención dentro de la causa penal 225/2023, ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, misma que se suspendió por fallas en la interconexión. En fecha uno de marzo del año en curso, se continuo con la misma, en la cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal a consecuencia de determinar ilegal la detención de los citados imputados -aquí quejosos-, (resolución que se encuentra subjudice ante el Tribunal Colegiado de Apelación). Actualmente, por lo que respecta a la causa penal y carpeta de investigación que originó la detención, se decretó su libertad. Ahora bien, de las manifestaciones hechas por la referida autoridad, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI, del numeral 61, de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: Los impetrantes atribuyeron a las responsables Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula B-I-8, de esta ciudad y otra autoridad, actos de la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad oficiante, se desprende que actualmente, por lo que respecta a la causa penal y carpeta de investigación que originó la detención, se decretó su libertad. Por tanto, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Encargado de la Policía Federal Ministerial subsede Celaya, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el Titular de la Célula B-I-8 de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, al rendir su informe respecto a la suspensión de plano, informó a este juzgado que los aquí quejosos fueron detenidos el veinticuatro de febrero del año en curso, ante la comisión flagrante de un hecho que la ley señala como delito, generándose el registro de carpeta de investigación *************** y que el día veintiocho del mismo mes y año, se resolvería sobre su situación jurídica. Al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo requiérase al titular de dicha fiscalía para que en el plazo de veinticuatro horas: - Informe y acredite si los quejosos ***************, ya fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, debiendo precisar ante cuál y la hora exacta, o bien, en inmediata libertad; y, - Remita copia autorizada de la totalidad de la carpeta de investigación correspondiente. Se apercibe que de no cumplir con lo antes determinado, se hará acreedora a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, de cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como la sanción de prisión, destitución e inhabilitación, con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.
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