María Guadalupe Rodríguez de Alba

Expediente 461/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
461/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rodríguez de Alba

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal, residente en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 461/2023-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la quejosa señaló como actos reclamados: IV.- ACTOS RECLAMADOS. La privación de la libertad fuera de procedimiento que se trata de ejecutar en mi contra ****************,", ya que no existe mandamiento por autoridad competente. La orden de detención, aprehensión, presentación, retención y/o aseguramiento girada en mi contra." Asimismo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado se advierte que la peticionaria del amparo narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1.- El día 26 DE MAYO de 2023 aproximadamente a las 19:00 horas fui detenido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, ESTO CUANDO CENABA EN COMPAÑIA DE MI PAREJA DE NOMBRE ************, ESTO EN LA TAQUERIA EL CHATO UBICADO EN EJE NOR-PONIENTE *************, IBAMOS A BORDO DE UNA CAMIONETA DE MARCA FORD PROPIEDAD DE MI PAREJA, NOS ESTACIONAMOS A LADO DE UNA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CELAYA Y NOS PERCATAMOS QUE HABIA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CENANDO EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO A LO CUAL SE NOS HIZO NORMAL, TERMINAMOS DE CENAR, PERO NOS PERCATAMOS QUE LOS POLICIAS SEGUIAN DENTRO DEL NEGOCIO PERO YA HABIAN TERMINADO DE CENAR Y SOLO ESTABAN COMO HACIENDO TIEMPO, ES ASI QUE TERMINAMOS Y PEDI LA CUENTA, MI PAREJA SALIO Y ME QUEDE DANDO PROPINA, Y AL SALIR ME DOY CUENTA QUE TENIAN DETENIDO A MI PAREJA ************, LO ESTABAN GOLPEANDO Y ESPOSADO Y YO LES PREGUNTE QUE PORQUE LO TENIAN DETENIDO Y EN ESE MOMENTO ME DETUVIERON A MI, EN ESE MOMENTO NOS LLEVAN A BORDO DE LAS PATRULLAS Y NUESTRA CAMIONETA SE LA LLEVO UN POLICIA MUNICIPAL MANEJANDO Y NOS LLEVARON A BARANDILLA NORTE EN DONDE NOS GOLPEARON, TORTURARON Y DESPUES SACARON UN ARMA DE UNA DE LAS PATRULLAS Y PUSIERON UNA MESA EN DONDE COLOCARON ESA ARMA Y BOLSAS PEQUEÑAS QUE ELLOS D.ECIAN QUE ERA DROGA, MIENTRAS LE DECIAN A MI PAREJA FREDY QUE AGARRARA EL ARMA Y LAS BOLSAS O NOS IBA A CARGAR LA VERGA, Y POR TEMOR ES QUE ACCEDIMOS A LO QUE PEDIAN Y ENSEGUIDA NOS TOMARON FOTOGRAFIAS CON EL ARMA Y LA DROGA, NO SE CUANTO TIEMPO PASO Y ENSEGUIDA NOS PUSIERON A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUMENTANDO QUE NOSOTROS TRAIAMOS EL ARMA DE FUEGO Y LA DROGA, QUE MOMENTOS ANTES ELLOS NOS HABIAN OBLIGADO A MANIPULAR Y QUE CLARO NO POSEIAMOS. ENSEGUIDA NOS DEJARON DETENIDOS POR VARIOS DIAS Y DESPUES NOS MANDARON CON EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EN DONDE NOS DETUVIERON EN OTRAS CELDAS, Y EL DIA DE AYER 29 DE MAYO SE LLEVO A CABO UNA AUDIENCIA INICIAL EN GUANAJUATO CAPITAL EN DONDE NOS QUERIAN FINCAR RESPONSABILIDAD POR LA SUPESTA POSESION DEL ARMA QUE YA COMETE, SIN EMBARGO, EL JUEZ DE CONTROL NO CALIFICO DE LEGAL LA DETENCION Y NOS DEJARON EN LIBERTAD. ASI MISMO AFUERA DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL ESTABAN AGENTES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO QUIENES LES DIJERON A MIS FAMILIARES QUE NOS ESTABAN ESPERANDO PARA CUMPLIMENTAR UNA ORDEN DE APREHENSION YA QUE SEGÚN ELLOS EL ARMA QUE SUPUESTAMENTE POSEIAMOS Y QUE FUE PARTE DE LA ACUSACION POR EL MINISTERIO PUBLICO EN LA AUDIENCIA INICIAL DE LA QUE HABLO, SEGUN HABIA SIDO UTILIZADA O PARTICIPADO EN UN HECHO DELICTIVO EN DONDE AL PARECER FALLECIO ALGUIEN Y QUE DERIVADO DE ESA CIRCUNSTANCIA TRAIAN UNA ORDEN DE APREHENSION EN NUESTRA CONTRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION NUMERO 61484/2023 RADICADA EN CELAYA, GTO." Lo destacado no es de origen. De lo antes narrado se desprende que el posible mandato de captura que reclama la aquí quejosa es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que los Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, le hayan dicho a sus familiares que la estaban esperando para cumplimentar una orden de aprehensión, no implica, ni de suyo, ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado en su contra alguna orden de privación de su libertad, o incluso, pretendan ejecutarla. De ahí que se consideren dichos actos reclamados como actos futuros de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o pueda llegar a existir. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que la propia quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que acude a esta instancia constitucional porque el veintinueve de mayo del año en curso los Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, le comentaron a sus familiares que la estaban esperando para cumplimentar una orden de aprehensión; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, se tiene a la quejosa autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en los artículos 35, 36, 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene como usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano