María Guadalupe Torres Sánchez

Expediente 823/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
823/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • María Guadalupe Torres Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de octubre de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil quince a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTRICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derechos, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de Silao, Guanajuato y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 823/2015-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie el suscrito estima que primeramente la demanda que nos ocupa es irregular [fracción I del numeral invocado], en virtud que de los datos proporcionados por la quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente al tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, la quejosa señaló en su demanda de amparo como: Acto reclamado: La integración de carpeta de investigación, averiguación, órdenes de presentación o comparecencia iniciadas o dictadas en su contra. Autoridad responsable ordenadora: Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de Silao, Guanajuato. Autoridades ejecutoras: Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, Policías y/o Agentes Ministeriales adscritos a dicha unidad Especializada, con sede en Silao, Guanajuato. Domicilio particular: ubicado en esta ciudad. Antecedentes del acto reclamado: la quejosa refirió que policías ministeriales se presentaron en el domicilio ubicado en Avenida José Torres Landa esquina Higueras, colonia Laureles de esta ciudad, donde su esposo tiene un negocio, preguntando por su persona, con la finalidad de ejecutar los actos reclamados. De lo anterior se advierte que la solicitante del amparo no señaló autoridad responsable ejecutora en esta localidad y donde se pretenden ejecutar los actos reclamados, la cual corresponde a la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, ya que de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el municipio de Silao corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato. Por ello, es necesario que la quejosa aclare su demanda y, si lo desea, haga el señalamiento de alguna autoridad ejecutora en esta localidad, a fin de que este tribunal cuente con competencia legal para proveer sobre la demanda, ya que el solo domicilio de la quejosa en la jurisdicción de este juzgado es insuficiente para justificar la competencia. La segunda irregularidad emerge del requisito establecido en la fracción IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, la promovente indico "Lo desconozco"; sin embargo, no lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que subsane tal omisión. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción II, en relación con el 114, fracciones I y II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente del amparo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento del tercero interesado y su domicilio, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Si lo desea, haga el señalamiento de alguna autoridad ejecutora de esta localidad. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque la sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por tratarse de un asunto en materia penal. Por otra parte, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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