María Guadalupe Lira Ayala

Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
956/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Lic. Ana Laura Cisneros Cruz
  • María Guadalupe Lira Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    1. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio ******************** signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de autorizado de la quejosa directa ******************** contra el auto de trece de septiembre del dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Registro. En la inteligencia que dicho medio de impugnación que quedó radicado bajo el número ********************; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos a que haya lugar.

  2. Principal

    1. Recurso de queja. Ténganse por recibidos los escritos remitidos vía electrónica por Homero de Hoyos Nagay, en su carácter de autorizado de la quejosa directa ...., por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer, por lo que se ordena remitir vía electrónica el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del referido recurso. 3. Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de trece de septiembre del año en curso. 4. Integración completa de expediente electrónico. Se instruye a la Secretaría responsable del trámite de este asunto, así como a la Actuaría, que en términos de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de manera inmediata suban a la plataforma tecnológica respectiva, todas las constancias de autos dada la urgencia para resolver el recurso interpuesto. 5. Disponibilidad de expediente electrónico. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad, haga disponible electrónicamente este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ********************. 1.1 Acuerdo. Se tiene a la quejosa directa cumpliendo con la prevención de cuatro de septiembre del dos mil veintitrés. 2. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis citada explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Autoridad responsable y acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa de la Secretaría de Educación Pública consisten en la negativa de asignarle la plaza en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ciclo escolar ********************, para ocupar la plaza de Subdirector Secretario de Secundaria Foráneo para ocupar ese cargo y plaza en la Escuela Secundaria del Estado Marcos Benavides, en Allende, Coahuila de Zaragoza, con motivo de la Convocatoria para Promoción Vertical de Educación Básica en la que se inscribió y se le asignó el folio número ********************; así como la irregularidad y/o manipulación de la plataforma de asignación de plazas en el "módulo del participante" al realizar el evento de asignación de plazas vacantes. 2.2 No es acto de autoridad, sino actos realizados en una relación de coordinación. Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la ley de la materia. El artículo 1, fracción I, de la citada legislación, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii. Esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii. Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv. Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la tesis 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de: i) supra a subordinación; ii) supraordinación y iii) de coordinación. i. Las relaciones de supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ii. Las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. iii. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. En esa línea de pensamiento, se estima que los actos reclamados tienen su origen en una relación de coordinación, en virtud de que la impetrante, según su manifestación bajo protesta de decir verdad, es docente de la ******************** y de la ********************, ambas ********************, con una antigüedad en el sistema educativo de ********************, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo sigue siendo maestra en dichas escuelas; circunstancia que le permitió participar en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ciclo escolar ********************, proceso del cual reclama diversas irregularidades. Sin embargo, los actos que intenta controvertir de esa relación no son susceptibles de ser revisados a través del juicio de amparo, como lo pretende, pues se trata de aquellos que provienen de una relación de coordinación, en la que todo deriva de la relación laboral entre la Secretaría de la Educación Pública como patrón (no como autoridad o ente superior) y la trabajadora (aquí quejosa), por lo que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal y las autoridades como lo son las irregularidades de que se duele en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ciclo escolar ********************, se rigen por la legislación laboral aplicable por encontrarse en una plano de coordinación. Orienta al criterio anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta razón, por sí sola, es suficiente para considerar que el nexo existente entre la parte quejosa y la autoridad responsable es burocrática -respectivamente trabajadora y patrón- en términos del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente-abrogada- y su correlativo numeral 107 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que las diferencias que surjan deben dirimirse en la jurisdicción ordinaria laboral. Pero además, aun cuando los actos reclamados los hizo consistir en la negativa de las "responsables" de asignarle la plaza en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ejercicio escolar ******************** al haber resultado vencedora en el concurso con motivo de la Convocatoria para Promoción Vertical de Educación Básica, así como la irregularidad y/o manipulación de la plataforma de asignación de plazas en el "modulo del participante" al realizar el evento de asignación de plazas vacantes; ello implica por una parte de que el efecto práctico de dicha negativa se traduce en impedir a la parte quejosa ejercer el derecho que a su criterio le toca, lo que lleva implícito una negación de asignarle la categoría a que aspiró. En tanto, lo segundo lo narra en sus antecedentes y refiere también denunció los hechos ante la propia autoridad señalada como responsable. Por lo anterior, el caso en estudio comparte las mismas propiedades que los asuntos que conocieron los tribunales federales que, a la postre, dieron vida a la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) citada con antelación. En tal virtud, esa jurisprudencia tiene aplicabilidad en la especie; máxime que ésta se publicó en el Semanario Judicial de la Federación con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo indirecto, pues el criterio obligatorio se divulgó el siete de agosto de dos mil veinte, mientras que la presente instancia constitucional se instó el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. 4. Conclusión. En consecuencia, si en ese criterio la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República ya definió que los actos reclamados en el caso singular no revisten las notas para ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, entonces ocurre la causa de improcedencia manifiesta, notoria e indudable, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, resulta indiscutible que los actos aquí reclamados no pueden plantearse a través de la vía constitucional, pues para dirimir los conflictos entre particulares se encuentra la jurisdicción del orden común, en este caso, la laboral; por lo que, lo procedente conforme a derecho es desechar la demanda, en términos del artículo 113 de la ley de la materia.

  4. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ********************, contra actos del Secretario de Educación, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 956/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones l, II y lV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la citada legislación, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo que a continuación se indica: i) Precise el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. Lo anterior, toda vez que del contenido del apartado IV que denomina como "acto reclamado", se advierte que asienta en forma genérica la negativa de asignarle la plaza en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, con motivo de la Convocatoria para Promoción Vertical de Educación Básica en la que se inscribió y se le asignó el folio número ********************; así como la irregularidad y/o manipulación de la plataforma de asignación de plazas en el "módulo del participante". Sin embargo, señala como responsables a diversas autoridades, respecto de las cuales omite precisar con claridad el acto que les reprocha, tomando en consideración que de la narrativa de su escrito concretamente se refiere a dos autoridades. Así mismo, deberá indicar el contenido y fecha de emisión de los actos que señale, así como la data y forma en que tuvo conocimiento de cada auto, diligencia o actuación que en su caso reproche a cada autoridad. El requerimiento formulado encuentra justificación en que, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. ii) Una vez hecho lo anterior, narre de manera clara y bajo protesta de decir verdad la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados. iii) Aclare si presentó algún medio de impugnación contra el acto o actos objeto de reclamo; de ser así ante qué autoridad lo realizó y el estado procesal que guarda el mismo. 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Además, se instruye a la parte promovente, que al momento de desahogar la prevención formulada se conduzca con la verdad, dado que la manifestación bajo protesta de decir verdad lleva consigo una responsabilidad, inclusive penal, conforme el artículo 261 de la ley de la materia, en el que se prevén las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor la parte quejosa, que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos y omita los que le consten. Asimismo, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia, es importante que exhiba copias del escrito aclaratorio para ser distribuidas entre las partes. 5. Autorizado para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5.1 Consulta y notificaciones vía electrónica. En atención a su contenido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al solicitante con el nombre de usuario ******************** En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que los usuarios proporcionados correspondan efectivamente a los profesionistas mencionados en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.1.1 Instrucción al Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule al usuario antes señalado con este expediente. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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