María Guadalupe Cabrera Farías
Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María Guadalupe Cabrera Farías
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Promoción. Téngase por recibido el escrito signado por María Guadalupe Cabrera Farías, mediante el cual promueven demanda de amparo contra actos de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 642/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2.1. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción l y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es el siguiente: La suspensión del otorgamiento de pensión por viudez a favor de la quejosa, que le fue otorgada mediante resolución número 21/142977, a partir del veintidós de junio de dos mil veintiuno, derivada del número de seguridad social 32 72 28 1250-3 a nombre de Rogelio Cepeda Cortés; sin que medie resolución alguna que tenga por suspendiendo y/o cancelando la mencionada pensión. De igual manera, en su escrito de demanda la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: [.] el último depósito de la pensión otorgada correspondió al mes de noviembre de 2021, por parte de las autoridades responsables. Así las cosas, pasaron los meses de diciembre de 2021, enero, febrero, marzo y abril de la presente anualidad (..) siendo que en ese mes de mayo una vez más reiteró verbalmente que la pensión NO sería reactivada [.]. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, del escrito de demanda se advierte que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el mes de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se percató que ya no le fue realizado el depósito a la cuenta bancaria 1153116929 con CLABE 072 072 011531169290, con motivo de la pensión por viudez, derivada del número de seguridad social 32 72 28 1250-3 a nombre de Rogelio Cepeda Cortés; tales manifestaciones constituyen una confesión expresa en término del artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, lo cual hace prueba plena acorde a lo establecido en el numeral 199 y 200, de la citada legislación procedimental, al haberse hecho por una persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y, que además, correspondía a hechos propios de la parte quejosa. En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento, al advertir, que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, no le fue depositada su pensión por viudez, así como tampoco los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintidós, y al acudir a preguntar en diversas ocasiones a las instalaciones de las autoridades responsables, se le reiteró verbalmente que no sería activada por los motivos que refiere; resulta claro que el plazo de quince días (del tres al veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno), para promover la demanda transcurrió en exceso, ya que ésta se presentó ante este juzgado de Distrito hasta el treinta de mayo de dos mil veintidós. De modo que si entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado (suspensión del pago de su pensión por viudez) y aquella en la que se instauró el juicio constitucional, pasaron alrededor de cinco meses, resulta evidente que éste se promovió después de concluido el plazo legal que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia, por ende, se ejerció en forma extemporánea. Más aún, la conducta de la parte quejosa evidencia su conformidad con las consecuencias de la suspensión reclamada, pues no existe una justificación objetivamente razonable con la que se pueda explicar el motivo por el cuál, después de resentir una afectación a su esfera jurídica consistente en la suspensión de la pensión por viudez y por ende, en la suspensión y falta de pago de la pensión que recibía de manera ordinaria desde junio de dos mil veintiuno, no se inconformó enseguida con esos actos de autoridad; por el contrario, su conducta permite considerar que consintió ese acto que indudablemente afectó en su momento su esfera jurídica. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa aduzca que desconocía los motivos por los cuales fue suspendida la pensión en mención, y que fue el diecisiete de mayo del año en curso, que se enteró por información que le proporcionó el Titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, al reiterarle una vez más de manera verbal que su pensión no sería activada porque "había cometido un delito", pues tal circunstancia no es una eximente para promover el juicio de amparo dentro de los términos legales. Esto es, con independencia de que la peticionaria de amparo conociera o no los fundamentos y motivos por los cuales fue suspendida la pensión en mención, estaba constreñida a inconformarse dentro del plazo legal previsto para ello; sobre todo, porque al ser suspendida la pensión que le fue otorgada, fueron suspendidos los pagos que recibía; por lo cual, es palpable que resintió un agravio en su contra desde ese momento, ante lo cual debió haber promovido el juicio constitucional en el plazo genérico previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, consintió el acto tácitamente. Luego entonces, si la demanda se presentó hasta el treinta de mayo del año en curso, es evidente que se presentó con posterioridad al plazo de quince días que tenía la parte quejosa para promover el amparo; actualizándose así la causal de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ante la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo y por ende, ante el consentimiento tácito del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que para tal efecto señala en su escrito. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a ****. En virtud de que la promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como dicha figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 4.1 Criterio legal aplicable. Sirve la tesis XXII.1o.22 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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