María Guadalupe Espíno Ibarra
Expediente 944/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María Guadalupe Espíno Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: Del Director de Sistemas de Agua y Saneamiento de Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, la omisión de dar respuesta a la petición realizada por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó baja temporal del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en calle Tomás Urbina dos de la colonia Allende, en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que el Gerente Administrativo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila: i) Dé respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a la petición de la parte agraviada, formulada mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. ii) Notifique a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la responsable Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Efecto. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el catorce de septiembre de dos mil veinte, dió contestación por oficio a la solicitud realizada mediante escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, misma que se le notificó en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y el oficio remitido por el Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4.1 Contestación a los argumentos de la parte quejosa. En el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la quejosa refiere esencialmente que la autoridad responsable es omisa a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha retirado el medidor del servicio de agua potable de su domicilio particular como lo solicitó. Es infundado su planteamiento. Se afirma lo anterior, dado que la sentencia constitucional se concedió únicamente para que la responsable diera contestación por escrito y de manera congruente a la petición de la parte agraviada, formulada mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y notificara a la quejosa dicha respuesta, lo que así aconteció. Sin que sea necesario analizar el objetivo de la contestación emitida por la autoridad responsable, dado que el fallo protector no tiene ese alcance. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Mario Alberto Nevárez Santana, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.nePiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a dos de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: Del Director de Sistemas de Agua y Saneamiento de Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, la omisión de dar respuesta a la petición realizada por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó baja temporal del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en calle Tomás Urbina dos de la colonia Allende, en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que el Gerente Administrativo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila: i) Dé respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a la petición de la parte agraviada, formulada mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. ii) Notifique a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la responsable Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Efecto. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el catorce de septiembre de dos mil veinte, dió contestación por oficio a la solicitud realizada mediante escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, misma que se le notificó en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y el oficio remitido por el Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4.1 Contestación a los argumentos de la parte quejosa. En el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la quejosa refiere esencialmente que la autoridad responsable es omisa a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha retirado el medidor del servicio de agua potable de su domicilio particular como lo solicitó. Es infundado su planteamiento. Se afirma lo anterior, dado que la sentencia constitucional se concedió únicamente para que la responsable diera contestación por escrito y de manera congruente a la petición de la parte agraviada, formulada mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve y notificara a la quejosa dicha respuesta, lo que así aconteció. Sin que sea necesario analizar el objetivo de la contestación emitida por la autoridad responsable, dado que el fallo protector no tiene ese alcance. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa María Guadalupe Espíno Ibarra, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector. 2. Acuerdo. En atención a lo que manifiesta en su ocurso de cuenta, hágase del conocimiento que una vez que se resuelva sobre el complimiento al fallo protector en este juicio de amparo, se acordará lo conducente. Asimismo, córrase traslado de dicho escrito a la autoridad responsable Gerente Administrativo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, para los efectos legales a que haya lugar.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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