Maria Guadalupe Hernandez Trujeque
Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Hernandez Trujeque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito recibido el doce de mayo de dos mil veintiuno, electrónicamente, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, María Guadalupe Hernández Trujeque, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales de la Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada, y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juez, que la quejosa hizo mención a la violación del artículo 22 Constitucional; no obstante, del estudio integral realizado a la demanda, se advirtió, que si bien señaló como actos reclamados destacados los ataques a la libertad fuera del procedimiento, lo cierto es, que éstos no son actuales ni inminentes; ya que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, declarados bajo protesta de decir verdad, se apreció que la quejosa no se encuentra afectada en su libertad personal, sino que teme que ello acontezca; razón por la cual, este juzgador no decretó la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por María Guadalupe Hernández Trujeque, con el número de juicio de amparo indirecto 442/2021-E; la cual, se desechó parcialmente, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de citarla a comparecer en su carácter de indiciada en la carpeta de investigación 1107/2020/UDS, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Mientras que por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como las órdenes de comparecencia, búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra, así como su ejecución; se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Empero, mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja, en contra del auto dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno (desechamiento parcial de la demanda de amparo), dentro del presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se ordenó suspender el procedimiento, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la resolución que emitiera en su oportunidad la Superioridad, motivo por el cual, se dejó sin efectos el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno). Posteriormente, por acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio II-1709/2021 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que hizo del conocimiento de este juzgado Federal, que por auto de tres de junio del actual, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por María Guadalupe Hernández Trujeque, contra el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por lo que se radicó bajo el número de expediente Q-69/2021. Finalmente, en proveído dictado el dieseis de julio del año en curso, se recibió en este órgano jurisdiccional, el oficio III-322/2021, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-69/2021 (relativo al recurso interpuesto en el presente sumario constitucional por la parte quejosa, en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno), por el cual, se declaró infundado dicho medio de impugnación. Ante tal circunstancia, se levantó la suspensión del procedimiento, se señaló fecha para la respectiva audiencia constitucional, y se continuó con las etapas procesales del presente juicio. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de once de agosto del año en curso, se señalaron las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. Mediante proveído dictado el treinta de julio del año en curso, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "6. Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 14. Titular de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro Poniente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 16. Titular de la Dirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, 17. Titular de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, 18. Titular del Sector Uno de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, 19. Titular del Sector Dos de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, 20. Titular del Sector Tres de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla, 21.Titular del Sector Cuatro de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla y 22.Titular del Sector Cinco de la Subdirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; toda vez que por acuerdo de dieciséis de julio del presente año, se ordenó dar vista a la quejosa por el término de tres días, contado a partir de que quedara legalmente notificada del referido acuerdo, a fin que precisara la denominación y completa de las citadas autoridades responsables, ante la imposibilidad asentada en el referido acuerdo de dieciséis de julio actual, para notificar los oficios dirigidos a dichas potestades, derivados del acuerdo admisorio de trece de mayo del año en curso; sin que al efecto dicha quejosa hubiera desahogado tal requerimiento. Luego, en acuerdo dictado fuera de audiencia constitucional, el once de agosto de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "11. Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Comercio adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana" y "13. Titular de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro Sur de la Fiscalía de Investigación Metropolitana", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; lo anterior, en virtud que mediante proveído de treinta de julio del presente año, se ordenó dar vista a la quejosa por el término de tres días, contado a partir de que quedara legalmente notificada del referido acuerdo, a fin que precisara la denominación y completa de las autoridades de que se trata, ante el impedimento expuesto en acuerdos de diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, para notificar los oficios dirigidos a dichas potestades, derivados del acuerdo admisorio de trece de mayo del año en curso; sin que al efecto lo hubiera realizado. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la quejosa María Guadalupe Hernández Trujeque, reclama: 1. Ataques a la libertad fuera de procedimiento; 2. Las órdenes de comparecencia, búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra; y, 3. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 43) 2 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 47) 3 Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, (en su denominación correcta). Niega (fojas 62 a 64) 4 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión -en su denominación correcta-. Niega (69) 5 Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (en su denominación correcta). Niega (fojas 44, 71 y 112) 7 Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana -en su denominación correcta- (Jorge Pérez Melchor). Niega (foja 117) 8 Agente del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta). Niega (foja 188) 9 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia -en su denominación correcta-. Niega (foja 42) 10 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delito de Alta Incidencia (María del Pilar Chumacero Rodríguez) -en su denominación correcta-. Niega (foja 37) 12 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro Norte, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana -en su denominación correcta-. Niega (foja 45) 15 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (foja 46) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por la quejosa María Guadalupe Hernández Trujeque, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a las demás partes; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe previo de la autoridad responsable 8. Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos de la Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en relación con la autoridad de mérito. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. I. AUTORIDADES INEXISTENTES. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte, que a la data en que se emite este proveído, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara la denominación completa y correcta de las autoridades que señaló como: "11. Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Comercio adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana" y "13. Titular de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro Sur de la Fiscalía de Investigación Metropolitana"; sin que al efecto lo hubiera realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la quejosa María Guadalupe Hernández Trujeque, en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, y se tienen por inexistentes a las citadas autoridades señaladas como responsables, por lo que se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Asimismo, se ordena suspender cualquier comunicación procesal con dichas potestades. II. INFORME JUSTIFICADO. En otro tópico, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 3113 firmado por la autoridad responsable 8. Agente del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta); a través del cual, rinde su respectivo informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido dicho informe y dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. III. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las diez horas con dos minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin que transcurran los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido en esta data, por la autoridad responsable 8. Agente del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta), se difiere dicha audiencia y, en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por lista a las demás partes...
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