María Guadalupe Escobedo García y Otros.

Expediente 2044/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2044/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • María Guadalupe Escobedo García y Otros.
  • María Guadalupe Escobedo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 81 y 82), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de febrero pasado (foja 68), se reservó proveer lo procedente respecto a la manifestación vertida por la quejosa, hasta en tanto la autoridad responsable remitiera a este Juzgado, copia certificada de las constancias que avalaran que la quejosa había recibido el monto correspondiente a la reparación del daño; sin embargo, en auto de cinco del actual, se tuvo al Juez responsable informando el impedimento que tiene para remitir tales documentales, toda vez que manifiesta el cobro relativo lo realiza directamente la parte quejosa ante la entidad bancaria respectiva, sin que conste en los autos de la causa penal 197/2014 de su registro, dato alguno al respecto; en tales condiciones, se provee: De autos se desprende que la quejosa María Guadalupe Escobedo García reclamó del Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, la falta y dilación en la entrega material del pago de la reparación del daño. El Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (fojas 14 y 15), pues indicó que en cumplimiento a la ejecutoria de la resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil quince, mediante diligencia de catorce de enero de dos mil dieciséis se hizo entrega a María Guadalupe Escobedo García, de copia simple de la relación de dispersas pagadas el veintinueve de diciembre de dos mil quince, para su respectivo cobro en la ventanilla de Banorte (fojas 20 a 63). Por lo cual se desprende que si la entrega de las dispersas relativas al pago de la reparación del daño, le fueron entregadas a la ahora quejosa el catorce de enero pasado, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de diciembre de dos mil quince -fojas 2 a 8-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Ahora bien, el análisis de las constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se atendió la petición de la quejosa consistente en el pago de la reparación del daño, misma que se llevó a cabo en diligencia de catorce de enero del año en curso, mediante la entrega de las dispersas relativas; máxime que la quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el dos de febrero del año en curso (foja 67), manifestó expresamente que le fue cubierto el monto de la reparación del daño de las cantidades que había depositado el procesado. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que mediante diligencia de catorce de enero último, la autoridad responsable hizo entrega de las dispersas relativas al pago de la reparación del daño a la ahora quejosa, para su cobro en la ventanilla de la institución bancaria Banorte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 75), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ernesto Valdivia Vásquez, designado por el Titular de este órgano jurisdiccional para el despacho del Juzgado en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con motivo del oficio 2808/2016 datado el cinco de abril de dos mil dieciséis, en el que se comunicó al citado Titular que el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, le concedió licencia oficial por el siete del mes en curso; ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que el oficio 428 signado por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, fue remitido vía fax, al cual se le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se ordena a la Secretaria certifique la hora y fecha, así como el nombre de la persona que lo remitió. Hecho que sea lo anterior, agréguese a los autos el citado oficio para que surta los efectos legales procedentes, por el que en atención al requerimiento formulado en quince de marzo pasado (foja 75), el Juez responsable informa el impedimento que tiene para remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cobro de la reparación de daño realizado por la ahora quejosa, por las razones que indica.

  4. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para este día la audiencia constitucional (foja 69), y por otra, que por proveído de veintiséis de enero del año en curso (foja 64), se requirió al Juez de Ejecución de Sanciones con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, para que informara si la impetrante realizó el cobro relativo a la reparación del daño concedido a su favor, y de ser el caso, remitiera las constancias necesarias para acreditarlo, sin que a la fecha lo haya hecho o manifestado el impedimento que tenga para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificado de tal petición. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que de inmediato, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las aludidas constancias; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento legal invocado, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

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