María González Lascarez o María González Lascarez
Expediente 1306/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María González Lascarez o María González Lascarez
- María González Lascarez o María González Lascarez y Otros.
- Isabel de María Castro Vásquez
- Isabel de María Castro Vásquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Como el presente asunto se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo en dicho cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Incidental
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio 13189 signado por el Secretario Encargado del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por vacaciones del titular, mediante copia certificada de la comparecencia de ocho de octubre de dos mil quince, así como del auto de formal prisión que se le dicto a la quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ, reclamó del Juez Séptimo de lo Penal de Distrito en el Estado, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material de dicho mandamiento de captura por parte del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Director de Seguridad Pública, Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, Subdirector Técnico Administrativo Encargado de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante Local adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones del Distrito Judicial del Centro. En primer término, resulta conveniente destacar que en el caso en concreto, no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto atribuido a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como Director de Seguridad Pública; Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; Subdirector Técnico Administrativo Encargado de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante Local adscrito a la Agencia Investigaciones del Distrito Judicial del Centro, en virtud de su inexistencia (foja 16). Por su parte, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado (foja 20), pues indicó que efectivamente el veinticuatro de agosto de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ, en la causa penal 141/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas. Ahora, del oficio que se agrega se conoce que dentro de la citada causa penal 141/2015, el catorce de octubre del actual, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica de dicha inculpada, y dictó en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito lesiones calificadas, cometido en agravio de Isabel de María Castro Vásquez (fojas 208 a 236). En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra la impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Director de la Agencia Estatal de Investigaciones y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva, sin que obste a lo anterior el hecho de que la segunda de las mencionadas autoridades no hubiese rendido su informe justificado toda vez que al ser señalada como autoridad ejecutora es evidente que también por ella debe sobreseerse en el presente asunto. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. No pasa inadvertido que no se hubiere ordenado el emplazamiento a juicio a la tercera interesada Isabel de María Castro Vásquez, toda vez que con base en lo determinado en líneas anteriores, a nada práctico conduciría dar tiempo a ordenar el mismo, puesto que con tal determinación no se le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 171 vuelta). Notifíquese personalmente.
- Principal
notificación por lista MESA III B Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio 13189 signado por el Secretario Encargado del Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por vacaciones del titular, mediante copia certificada de la comparecencia de ocho de octubre de dos mil quince, así como del auto de formal prisión que se le dicto a la quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ, reclamó del Juez Séptimo de lo Penal de Distrito en el Estado, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material de dicho mandamiento de captura por parte del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Director de Seguridad Pública, Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, Subdirector Técnico Administrativo Encargado de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante Local adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones del Distrito Judicial del Centro. En primer término, resulta conveniente destacar que en el caso en concreto, no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto atribuido a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como Director de Seguridad Pública; Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones; Subdirector Técnico Administrativo Encargado de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante Local adscrito a la Agencia Investigaciones del Distrito Judicial del Centro, en virtud de su inexistencia (foja 16). Por su parte, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado (foja 20), pues indicó que efectivamente el veinticuatro de agosto de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa MARÍA GONZALES LASCAREZ o MARÍA GONZALEZ LASCAREZ, en la causa penal 141/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas. Ahora, del oficio que se agrega se conoce que dentro de la citada causa penal 141/2015, el catorce de octubre del actual, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica de dicha inculpada, y dictó en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito lesiones calificadas, cometido en agravio de Isabel de María Castro Vásquez (fojas 208 a 236). En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra la impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Director de la Agencia Estatal de Investigaciones y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva, sin que obste a lo anterior el hecho de que la segunda de las mencionadas autoridades no hubiese rendido su informe justificado toda vez que al ser señalada como autoridad ejecutora es evidente que también por ella debe sobreseerse en el presente asunto. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. No pasa inadvertido que no se hubiere ordenado el emplazamiento a juicio a la tercera interesada Isabel de María Castro Vásquez, toda vez que con base en lo determinado en líneas anteriores, a nada práctico conduciría dar tiempo a ordenar el mismo, puesto que con tal determinación no se le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 171 vuelta). Notifíquese personalmente.
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