María Guadalupe Barriga Ríos y Otros.
Expediente 1501/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1501/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Guadalupe Barriga Ríos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los escritos signados por ******************** autorizada legal de la quejosa ********************; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, expídasele copia certificada de la constancia que solicita; asimismo, con fundamento en el diverso 280 del invocado código adjetivo, devuélvansele las documentales que acompañó a su escrito de demanda (fojas 11 a 13), y téngasele por autorizadas para recibirlas a las personas que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por... , autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista ordenada en auto de nueve del actual (foja 52), manifiesta que la sentencia no se encuentra cumplida, en virtud de que la responsable no ha acreditado que se haya desincorporado el concepto "202" como obligación de la pensionada, aquí quejosa. En tal virtud, con base en su manifestación, se procede al análisis del cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Guadalupe Barriga Ríos, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca: Dejara sin efectos el descuento en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, consignados en su comprobante de pago relativo al mes de septiembre de dos mil dieciséis, así como efectuara la devolución correspondiente; y A fin de hacer prevalecer el derecho fundamental y la norma constitucional, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia citada, en términos de los artículos 1° y 133 Constitucionales, se abstuviera de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con la quejosa; lo cual equivale a no efectuar en lo suscesivo el descuento en ellos previstos en razón del 9% de su percepción mensual. La citada sentencia se declaró ejecutoriada mediante proveído de diecinueve de octubre pasado (foja 35), auto en el que también se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, el veintiocho de octubre de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio OP/DG/2542/2016 signado por el Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual, remitió copia certificada del diverso OP/DG/2521/2016 dirigido al Jefe del Departamento Administrativo de la oficina de pensiones a su cargo, con sello de recibido de veinte de octubre de este año, del que se advierte le informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio debería abstenerse de aplicar a la aquí quejosa la normatividad declarada inconstitucional, lo cual implica que no deberían retenerle monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones, en lo presente y en lo futuro, inclusive, la devolución de la cantidad que se hubiese retenido por ese concepto, consignada en su comprobante de pago relativo al mes de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 38 a 40). Asimismo, en proveído de nueve del actual, se tuvo por recibido la copia certificada del cheque número 0054379 de veinticuatro de octubre del año en curso, expedido a favor de la aquí quejosa por la cantidad de un mil ciento sesenta y cinco pesos con cincuenta y nueve centavos, y de la póliza número 332, con firma de recibido por la citada impetrante. Ahora bien, el examen comparativo entre la sentencia de amparo y las constancias remitidas para su cumplimiento, permite apreciar que el Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, giró instrucciones al departamento competente, a efecto de que se abstengan de aplicar a la aquí quejosa la normatividad declarada inconstitucional, hecho que implica que no deberá retenerle monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones, en lo presente y en lo futuro; además, que ordenó la devolución de la cantidad que se hubiese retenido por ese concepto, consignada en su comprobante de pago relativo al mes de septiembre del presente año, mediante el cheque número 0054379; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Determinado lo anterior, en relación con las manifestaciones que realiza la autorizada legal de la parte quejosa en su escrito de cuenta, en el sentido de que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, dígasele que, al contrario de lo que estima y como quedó evidenciado, la ejecutoria de amparo fue acatada por la responsable en los términos precisados en el fallo protector, toda vez que el Director General y Apoderado Legal de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, dejó sin efectos el descuento en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, consignado en su comprobante de pago relativo al mes de septiembre de dos mil dieciséis, y efectuó la devolución correspondiente; asimismo, ordenó al Jefe del Departamento Administrativo de la oficina de pensiones a su cargo, que se abstenga de aplicar a la aquí quejosa la normatividad declarada inconstitucional, en casos presentes y futuros, lo cual equivale a no efectuarle en lo sucesivo el descuento previsto en razón del 9% por concepto de fondo de pensiones. Sin que sea un efecto de la sentencia obligar a la autoridad responsable a que acredite mediante oficio que ha desincorporado a la quejosa de la obligación de pagar el importe por concepto de fondo de pensiones, y que le notifique dicha circunstancia personalmente; pues, como se advierte, la sentencia concesoria de amparo tuvo dos efectos, el primero, de hacer, consistente en que la responsable dejara sin efectos el descuento en la pensión por jubilación de la quejosa, por concepto de fondo de pensiones, consignados en su comprobante de pago relativo al mes de septiembre de dos mil dieciséis, así como que efectuara la devolución correspondiente; y el segundo, de no hacer, relativo a que se abstuviera de aplicar los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en casos futuros en relación con la quejosa, lo que equivale a no efectuar en lo suscesivo el descuento en ellos previstos en razón del 9% de su percepción mensual. Por tanto, el segundo efecto -de no hacer- se cumple únicamente con que la autoridad responsable se abstenga de aplicar los preceptos señalados en casos futuros en relación con la quejosa, esto es, con que no efectué en lo sucesivo el descuento en ellos previsto en relación con la aportación para el fondo de pensiones; sin que obligue de forma alguna a la responsable a que emita un acto positivo, esto es, un oficio por el que señale la desincorporación de la quejosa en la obligación de pagar el importe por concepto de fondo de pensiones, y que le notifique dicha circunstancia personalmente a la impetrante, como lo pretende la promovente. Máxime si se considera que la aludida autoridad responsable, sin tener obligación a ello, ordenó al Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección General de Pensiones, que se abstuviera de aplicar a la aquí quejosa la normatividad declarada inconstitucional, lo cual equivale a no efectuarle en lo sucesivo el descuento previsto en razón del 9% por concepto de fondo de pensiones; por lo que, como ya se dijo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1501/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
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