María Guadalupe Doroteo Miralrio
Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2017
Partes del expediente
- María Guadalupe Doroteo Miralrio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Agréguense las constancias de devolución del despacho 30/2017, número de orden 69/2017, de este índice, que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México. Acúsese el recibo correspondiente. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro respectivo. Téngase por legalmente notificada a la quejosa del proveído de tres de febrero del año en curso.
- Principal
AGREGA OFICIO Agréguese el oficio remitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 208/2017 (orden 19/2017); acúsese recibo y hágase la anotación respectiva; por tanto, se tiene por legalmente notificado a la quejosa del proveído de once de enero del año en curso y en atención a sus manifestaciones de ésta última realizadas en comparecencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, ante el secretario judicial adscrito al juzgado antes señalado, se tiene por desahogado el requerimiento antes mencionado y se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminada en el auto indicado. DESECHAMIENTO Ahora, en atención a lo anterior, así como a la información remitida por la el tribunal de alzada señalado como responsable en este sumario constitucional, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que al ser un acto consentido tácitamente por la parte quejosa; es decir, no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales parcialmente transcritos se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter general autoaplicativo o el procedimiento de extradición. En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el segundo supuesto previsto por el precepto legal en mención, es decir, que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es la resolución emitida en los autos del toca de revisión extraordinaria 317/2016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (fecha correcta de la que la parte quejosa aduce es de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en el apartado relativo al acto reclamado). Lo cual aconteció, para la quejosa, como a su defensor el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 34 vuelta y 35), según se colige de las constancias que anexa el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, mismas que tienen pleno valor probatorio, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. En consecuencia, el plazo para interponer la demanda de amparo transcurrió del diecinueve de agosto al ocho de septiembre de la anualidad pasada (sin contar días inhábiles). Por tanto, tomando en consideración que la demanda de amparo que diera origen al presente sumario se presentó el diez de enero del año en curso, es incuestionable que la demanda de amparo que se presenta resulta por exceso extemporánea. En esa tesitura, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. No se soslaya lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número de registro 2006652, consultable en la página cinco, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate.". Lo anterior es así, pues el acto reclamado consistente en la resolución emitida en los autos del toca de revisión extraordinaria 317/2016 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (fecha correcta de la que la parte quejosa aduce es de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en el apartado relativo al acto reclamado), se emitió con posterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, por lo que, para promover el juicio de amparo en su contra, debió hacerse dentro del término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia en vigor. Finalmente, no se soslaya que en las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, con la finalidad de desahogar el requerimiento de once de enero último, haya indicado que tuvo conocimiento del acto reclamado el día veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, pues de ningún modo cambiaría el sentido de esta determinación, ya que de igual manera se evidencia el consentimiento del acto reclamado por parte de la aquí quejosa y resulta extemporánea la presente demanda de amparo, a la luz de los razonamientos vertidos con anterioridad. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Ahora, toda vez que el domicilio que señaló la quejosa para oír y recibir notificaciones es el lugar en que se encuentra recluido, esto es, Centro Preventivo y de Readaptación Social de Temascaltepec, Estado de México. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene notificar la presente determinación al aquí impetrante de garantías, corriéndole traslado con copia del presente acuerdo. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez requerido para habilitar a quien habrá de llevar a cabo lo encomendado en días y horas inhábiles.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la autoridad que los suscribe, por el cual da cumplimiento al requerimiento ordenado en autos, se tiene por cumplimentado el mismo, y resérvese acordar lo que en derecho proceda hasta que la quejosa realice lo conducente, o bien le transcurra el término concedido en auto de once de los cursantes.
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