Maria Guadalupe Davila Ramos
Expediente 1081/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2022
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Davila Ramos
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ****por propio derecho; regístrese bajo el número 1081/2022-II-A. Ahora bien, del análisis íntegro del escrito de demanda se colige que la parte quejosa reclama del Titular y Presidenta del Departamento de Pensiones; Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, Titular de la Subdirección de Tesorería, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, lo siguiente: La omisión de pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho, conforme al dictamen *****, de veintiocho de enero de dos mil veintidós. La retención de pago de pensión, aguinaldos y/o cualquier otra prestación que corresponde a partir del siguiente día de la emisión del dictamen de pensión *****, de veintiocho de enero de dos mil veintidós. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien del análisis integro de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del precepto transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el evento, este Juzgador de amparo advierte que contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con fundamento a lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que dice: "CAPITULO SEGUNDO De los Recursos Administrativos Artículo 154. Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." Del análisis del artículo 154, anteriormente reproducido, se observa la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, también se encuentran satisfechos. Al respecto, conviene establecer que los preceptos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 2601 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales no exigen mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado. En ese contexto, debe agotarse el juicio contencioso administrativo, previamente a la promoción del juicio de amparo, toda vez que Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, como se advierte de los numerales siguientes: Lo anterior es así, dado que los artículos 128, 131 y 138, de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: ( Que la solicite el agraviado (fracción I); ( Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); ( Que se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y ( Que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada. (Artículo 138). Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, según lo previsto. Por tanto, como se evidenció, la ley que rige el acto no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la medida cautelar. En efecto, dentro de las excepciones al principio de definitividad no se encuentra la irreparabilidad del acto, pues si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 constitucional prevé la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; también es verdad que, como se puede observar, la procedencia en esos casos se encuentra sujeta a que no sean reparables mediante algún medio de defensa legal. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra el acto reclamado, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la inconforme estuvo en aptitud de hacer valer el aludido medio de defensa contra el acto reclamado. Por ello, si tal medio de impugnación no se intentó, antes de promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. Máxime que los actos reclamados derivan de una omisión a efectuar el pago de una pensión, la cual encuentra su origen en una relación laboral; de ahí que la quejosa y las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados, se ubican en un plano de coordinación, pues se insiste la pensión deriva de una relación de trabajo, en la que las partes se encuentran en un plano de igualdad procesal; por tanto, debe insistirse que la quejosa debió acudir a reclamar las omisiones que hace valer como actos reclamados, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por María Guadalupe Dávila Ramos. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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