María Guadalupe Díaz Urban

Expediente 246/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
246/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México
  • María Guadalupe Díaz Urban

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución del documento que anexó a su escrito de demanda, en atención a su contenido, devuélvase la constancia que refiere, previa copia certificada y razón que por su recibo obre en autos. En el entendido de que el solicitante deberá generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; a efecto de que pueda ingresar a las instalaciones que ocupa este órgano de control constitucional y se le pueda entregar la documentación solicitada, una vez que la mismas haya sido debidamente identificada por la solicitante. Sin que haya lugar a acodar de conformidad la manifestación del promovente, atinente a renunciar a la interposición del recurso de queja, contra el proveído de doce de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Efesto Febo González Gómez en su carácter de apoderado de María Guadalupe Díaz Urban, (personalidad que acredita en términos de la carta poder que adjunta a la presente demanda de amparo); con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 246/2021-IV-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa sustancialmente reclama de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de emitir el laudo correspondiente, en el expediente laboral 234/2018. DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilación aludida, sólo será procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. L***." Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, ya que en el suscrito estima que la omisión que por esta vía reclama, no es de aquéllas que produzca afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el doce de noviembre de dos mil veinte, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos del expediente laboral 234/2018, de su índice, al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se cerró la instrucción y se turnaron los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. Para una mayor comprensión, se tiene que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 729 de esta Ley." Así, de un análisis de los antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En esa tesitura, los 33 (treinta y tres) días a que se han hecho referencia en párrafos anteriores, al computarse como hábiles, transcurrieron del trece de noviembre de dos mil veinte al once de marzo de dos mil veintiuno (sin contar el dieciséis de noviembre por haber sido feriado, además de descontar a partir del tres de diciembre de dos mil veinte al catorce de febrero de dos mil veintiuno, periodo en el que no corrieron términos ni plazos con motivo de la suspensión de labores por el fenómeno mundial de salud ocasionado por el virus denominado "COVID-19"); luego, si a la fecha en que se recibió la demanda (nueve de abril de dos mil veinte) han trascurrido veintinueve días naturales de omisión por parte de la Junta, para emitir el laudo correspondiente; de ahí que -resulta inconcuso- hasta la fecha no existe una violación de imposible reparación. De ahí, que se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente (33 días) y el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales); por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aun no pueden computarse los cuarenta y cinco días naturales, posteriores al plazo establecido en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda promovida por Efesto Febo González Gómez en su carácter de apoderado de María Guadalupe Díaz Urban. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica el usuario "*****"; asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio alterno de comunicación (no procesal) de la parte quejosa el correo electrónico que para tal efecto proporciona (fabo.gonzalez@yahoo.com.mx), así como el número telefónico 55 19 48 55 47. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

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