Maria Gabriela Dugay Pieraccini
Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Gabriela Dugay Pieraccini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad el anexo que acompañó a su informe de ley. Por otra parte agréguese a los autos, la copia certificada de cuenta, de la que se advierte que se admitió a trámite el diverso juicio 680/2018-V, consistente en los actos que se separaron en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se decretó fuera de audiencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo; determinación que causó estado el día de la fecha, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos relativos por separado y toda vez que se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del referido incidente, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al aludido juzgado; el primero con un anexo que acompaña. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo de cuenta y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte: 1.- Que la parte quejosa reclama de los Jueces del Primero al Quinto Mercantil de esta Ciudad, Jueces del Primero al Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Actuarios adscritos a los mencionados juzgados, Director de la Dirección de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad y Director del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad, los que hizo consistir en: ".el auto de radicación, Orden de desocupación y/o Orden de Embargo dictada en contra del suscrito por las responsables Ordenadoras y de la Ejecutora la ejecución de dicha orden por medio de sus actuarios.". 2.- Que los Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad y Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, así como sus respectivos Actuarios y Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado a excepción del Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, al rendir los correspondientes informes de ley, negaron la existencia de los actos reclamados. 3.- Que las autoridades responsables; Jueces Primero del Ramo Civil y Segundo del Ramo Mercantil ambos con sede en esta ciudad y Actuarios adscritos a los respectivos juzgados; en los informes justificados que al efecto rindieron, respectivamente, aceptan los actos reclamados. En efecto, como se advierte de los informes justificados de cuenta, la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, manifestó que en ese juzgado se tramita el expediente 364/2018, relativo al Juicio Extraordinario Civil promovido por HSBC México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en contra de la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini, y el Actuario adscrito a dicho juzgado, se adhirió a lo manifestado por su superior. Por otra parte, en el diverso informe justificado y anexo que remitió la Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, (foja 16), manifestó que en ese juzgado se admitió la demanda planteada por los endosatarios en procuración de Caja Real del Potosí, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, en la vía Ejecutiva Mercantil expediente 797/2017, en contra de Carlos Villareal Salinas y la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini y el Actuario adscrito a dicho juzgado, se apegó a lo manifestado por su superior ( foja 23). En tales condiciones, dado que los actos reclamados derivan de dos juicios de distinta naturaleza, aquéllos deben analizarse por separado, ya que el análisis constitucional que se haga respecto a uno de ellos, no tendrá ninguna injerencia en el otro, pues no se trata de la misma actuación; por lo que, resulta incuestionable que dichos actos que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, toda vez que emanan de procedimientos diferentes y, por tanto, no pueden ser analizados en una sola sentencia, por no estar vinculados directamente entre sí. Por consiguiente, se ordena separar, de oficio, los autos del juicio de amparo en que se actúa, dando con ello origen a dos diversas demandas de amparo, en las cuales las autoridades y actos serán los siguientes: 1.- En el primero lo serán los actos que el quejoso atribuye a los Jueces del Primero al Quinto Mercantil de esta Ciudad, Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Actuarios adscritos a los mencionados juzgados, Director de la Dirección de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad y Director del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad, respecto del acto reclamado en la demanda de amparo. 2.- En el segundo, lo serán los actos que la quejosa atribuye a la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al mismo, derivados del expediente 364/2018, relativo al Juicio Extraordinario Civil promovido por HSBC México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en contra de la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.". En la inteligencia que en el presente asunto se resolverá respecto a los actos y autoridades citados en el punto 1. Por consiguiente, expídase copia certificada de las constancias necesarias para formar el juicio de amparo relativo a las autoridades y actos precisados en el punto 2; y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, del rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA."; remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que proceda a turnar el asunto relativo al citado punto 2 al Juzgado de Distrito en turno, remitiendo el testimonio correspondiente con copia certificada de las constancias necesarias de los presentes autos, del cuaderno original del incidente de suspensión ya resuelto, así como el anexo que remitió el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad. En otro orden de ideas, del análisis de las constancias que remitió como justificación de su informe de ley, el Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, mismas que se anexaron por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que respecto de los actos reclamados, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad y del Actuario adscrito al mismo, el auto de radicación, orden de desocupación, orden de embargo y su ejecución. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable adjunta a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente del juicio ejecutivo mercantil 797/2017, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la parte actora se desistió de la demanda en contra de la aquí quejosa (foja 25), es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue destruido, es conveniente precisar que los efectos del desistimiento en el juicio de origen son equivalente a la no presentación de la demanda; toda vez que caducó el juicio de origen por lo que respecta a lo demandado a la aquí quejosa en el juicio de origen. Es menester precisar que los artículos 373 fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fueron aplicados de manera supletoria a la Ley Mercantil, establecen: ".artículo 373. El proceso caduca en los siguientes casos: [.] II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que se corra traslado de la demanda. [.] Artículo 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco...". De tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, es necesario precisar que las diversas autoridades responsables: Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, así como sus respectivos Actuarios a excepción del Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, negaron la existencia de los mismos, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos. Asimismo, se tienen por inexistentes los actos que se reclaman al Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, no obstante que omitió rendir su informe justificado, toda vez que la presunción de certeza de los actos que se le atribuyen, no opera dado que al ser autoridad ejecutora no puede llevar a cabo la ejecución de una orden inexistente, en virtud de que las autoridades ordenadoras, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia visible en la página 236, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no retardar la impartición de justicia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional, la cual está señalada para el día de hoy.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al aludido juzgado; el primero con un anexo que acompaña. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo de cuenta y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte: 1.- Que la parte quejosa reclama de los Jueces del Primero al Quinto Mercantil de esta Ciudad, Jueces del Primero al Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Actuarios adscritos a los mencionados juzgados, Director de la Dirección de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad y Director del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad, los que hizo consistir en: ".el auto de radicación, Orden de desocupación y/o Orden de Embargo dictada en contra del suscrito por las responsables Ordenadoras y de la Ejecutora la ejecución de dicha orden por medio de sus actuarios.". 2.- Que los Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad y Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, así como sus respectivos Actuarios y Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado a excepción del Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, al rendir los correspondientes informes de ley, negaron la existencia de los actos reclamados. 3.- Que las autoridades responsables; Jueces Primero del Ramo Civil y Segundo del Ramo Mercantil ambos con sede en esta ciudad y Actuarios adscritos a los respectivos juzgados; en los informes justificados que al efecto rindieron, respectivamente, aceptan los actos reclamados. En efecto, como se advierte de los informes justificados de cuenta, la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, manifestó que en ese juzgado se tramita el expediente 364/2018, relativo al Juicio Extraordinario Civil promovido por HSBC México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en contra de la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini, y el Actuario adscrito a dicho juzgado, se adhirió a lo manifestado por su superior. Por otra parte, en el diverso informe justificado y anexo que remitió la Juez Segundo Mercantil en esta ciudad, (foja 16), manifestó que en ese juzgado se admitió la demanda planteada por los endosatarios en procuración de Caja Real del Potosí, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, en la vía Ejecutiva Mercantil expediente 797/2017, en contra de Carlos Villareal Salinas y la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini y el Actuario adscrito a dicho juzgado, se apegó a lo manifestado por su superior ( foja 23). En tales condiciones, dado que los actos reclamados derivan de dos juicios de distinta naturaleza, aquéllos deben analizarse por separado, ya que el análisis constitucional que se haga respecto a uno de ellos, no tendrá ninguna injerencia en el otro, pues no se trata de la misma actuación; por lo que, resulta incuestionable que dichos actos que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, toda vez que emanan de procedimientos diferentes y, por tanto, no pueden ser analizados en una sola sentencia, por no estar vinculados directamente entre sí. Por consiguiente, se ordena separar, de oficio, los autos del juicio de amparo en que se actúa, dando con ello origen a dos diversas demandas de amparo, en las cuales las autoridades y actos serán los siguientes: 1.- En el primero lo serán los actos que el quejoso atribuye a los Jueces del Primero al Quinto Mercantil de esta Ciudad, Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Actuarios adscritos a los mencionados juzgados, Director de la Dirección de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad y Director del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de esta ciudad, respecto del acto reclamado en la demanda de amparo. 2.- En el segundo, lo serán los actos que la quejosa atribuye a la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al mismo, derivados del expediente 364/2018, relativo al Juicio Extraordinario Civil promovido por HSBC México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en contra de la aquí quejosa María Gabriela Dugay Pieraccini. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.". En la inteligencia que en el presente asunto se resolverá respecto a los actos y autoridades citados en el punto 1. Por consiguiente, expídase copia certificada de las constancias necesarias para formar el juicio de amparo relativo a las autoridades y actos precisados en el punto 2; y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, del rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA."; remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que proceda a turnar el asunto relativo al citado punto 2 al Juzgado de Distrito en turno, remitiendo el testimonio correspondiente con copia certificada de las constancias necesarias de los presentes autos, del cuaderno original del incidente de suspensión ya resuelto, así como el anexo que remitió el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad. En otro orden de ideas, del análisis de las constancias que remitió como justificación de su informe de ley, el Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, mismas que se anexaron por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que respecto de los actos reclamados, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad y del Actuario adscrito al mismo, el auto de radicación, orden de desocupación, orden de embargo y su ejecución. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable adjunta a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente del juicio ejecutivo mercantil 797/2017, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la parte actora se desistió de la demanda en contra de la aquí quejosa (foja 25), es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue destruido, es conveniente precisar que los efectos del desistimiento en el juicio de origen son equivalente a la no presentación de la demanda; toda vez que caducó el juicio de origen por lo que respecta a lo demandado a la aquí quejosa en el juicio de origen. Es menester precisar que los artículos 373 fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que fueron aplicados de manera supletoria a la Ley Mercantil, establecen: ".artículo 373. El proceso caduca en los siguientes casos: [.] II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que se corra traslado de la demanda. [.] Artículo 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco...". De tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, es necesario precisar que las diversas autoridades responsables: Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, Jueces Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, Encargado del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, así como sus respectivos Actuarios a excepción del Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, negaron la existencia de los mismos, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos. Asimismo, se tienen por inexistentes los actos que se reclaman al Actuario adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, no obstante que omitió rendir su informe justificado, toda vez que la presunción de certeza de los actos que se le atribuyen, no opera dado que al ser autoridad ejecutora no puede llevar a cabo la ejecución de una orden inexistente, en virtud de que las autoridades ordenadoras, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia visible en la página 236, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no retardar la impartición de justicia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional, la cual está señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Maria Fernanda Toranzo Vera449/2022
- Maria Fernanda Valdez Morillo1510/2022
- Maria Fernandez Gomez Manrique98/2023
- Maria Francisca Rivera Leija1136/2021
- María Gabriela Dugay Pieraccini303/2021
- Maria Gabriela Dugay Pieraccini680/2018
- Maria Gabriela Victor Ramirez1337/2021
- Maria Gloria Perez Vazquez1132/2019
- Maria Gomez Sierra332/2019
- Maria Graciela Cortes Mendoza1260/2017
- Maria Griselda Arias Martinez320/2020
- María Guadalupe Cuello Sandoval1012/2023