Maria Gloria Perez Vazquez

Expediente 1132/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1132/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Maria Gloria Perez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Consultora Jurídica General en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio del cual, remite la comunicación oficial 18064/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; atento a sus manifestaciones, remítase la misma al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, para los fines legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria aquí dictada ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional emitió la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de octubre, la cual causó ejecutoria mediante proveído de dieciocho de noviembre de la misma anualidad. En dicha ejecutoria se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, quedando constreñida al cumplimiento, únicamente la autoridad responsable denominada Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, quien debería dar cumplimiento a los efectos para los cuales, se concedió el amparo, que a saber, son: "I. No aplicar en el presente y en lo futuro a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, el artículo tildado de inconstitucional; II. Como consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en San Luis Potosí, deberá dejar sin efecto el oficio número DPSH 024.300.302.6/0340/2019 de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los descuentos que, en su caso, hubieren realizado en los pagos de las pensiones 1550959 de jubilación y 825880 por viudez de que goza la quejosa, es decir, sin aplicar la limitante prevista en el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y hasta que se cumplimente la ejecutoria; además cubra el monto total de las pensiones. III. Asimismo, el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en San Luis Potosí, deberá abstenerse de realizar posteriores descuentos al monto periódico de las pensiones de la quejosa, con fundamento en el precepto legal de que se trata.". En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, remitió copia autógrafa del oficio signado por el Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, Área Jurídica, dirigido a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, del cual se desprende que dejó insubsistente el diverso oficio DPSH 024.300.302.6/0340/2019 de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los descuentos que, en su caso, hubieren realizado en los pagos de las pensiones 1550959 de jubilación y 825880 por viudez y desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la norma declarada inconstitucional e informó que no se le aplicará en lo presente ni en lo futuro. Asimismo, mediante diverso escrito presentado en fecha veintisiete de noviembre del año próximo pasado, la autoridad responsable, acompañó el diverso oficio 024.5.4.J/2955/2020, así como copia simple de un cheque número 5564 por la cantidad de $102,226.00 (ciento dos mil doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago correspondiente de pensión número 825880 de viudez por riesgo de trabajo; asimismo, se aprecia que el referido título de crédito fue recibido por la quejosa, toda vez que del anexo de cuenta, se advierte una rúbrica correspondiente a la misma. Constancias las anteriores con las que se concedió vista a la parte quejosa, sin que realizara manifestación alguna. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio precisado en el párrafo que antecede y dejó de aplicar en lo presente y en lo futuro la porción normativa reclamada, además de que cubrió las pensiones que se debían a la quejosa; es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; este expediente es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran tres años, conforme a lo previsto en el citado artículo, sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la medida cautelar provisional y definitiva; en consecuencia, el cuaderno original relativo también es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad deberá efectuarse una vez que transcurran tres años conforme a lo previsto en la citada disposición, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, en lo relativo al duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original; lo que ocurrirá al transcurrir seis meses contados a partir del presente acuerdo. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria aquí dictada ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional emitió la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de octubre, la cual causó ejecutoria mediante proveído de dieciocho de noviembre de la misma anualidad. En dicha ejecutoria se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, quedando constreñida al cumplimiento, únicamente la autoridad responsable denominada Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, quien debería dar cumplimiento a los efectos para los cuales, se concedió el amparo, que a saber, son: "I. No aplicar en el presente y en lo futuro a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, el artículo tildado de inconstitucional; II. Como consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en San Luis Potosí, deberá dejar sin efecto el oficio número DPSH 024.300.302.6/0340/2019 de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los descuentos que, en su caso, hubieren realizado en los pagos de las pensiones 1550959 de jubilación y 825880 por viudez de que goza la quejosa, es decir, sin aplicar la limitante prevista en el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y hasta que se cumplimente la ejecutoria; además cubra el monto total de las pensiones. III. Asimismo, el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en San Luis Potosí, deberá abstenerse de realizar posteriores descuentos al monto periódico de las pensiones de la quejosa, con fundamento en el precepto legal de que se trata.". En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, remitió copia autógrafa del oficio signado por el Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, Área Jurídica, dirigido a la quejosa María Gloria Pérez Vázquez, del cual se desprende que dejó insubsistente el diverso oficio DPSH 024.300.302.6/0340/2019 de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los descuentos que, en su caso, hubieren realizado en los pagos de las pensiones 1550959 de jubilación y 825880 por viudez y desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la norma declarada inconstitucional e informó que no se le aplicará en lo presente ni en lo futuro. Asimismo, mediante diverso escrito presentado en fecha veintisiete de noviembre del año próximo pasado, la autoridad responsable, acompañó el diverso oficio 024.5.4.J/2955/2020, así como copia simple de un cheque número 5564 por la cantidad de $102,226.00 (ciento dos mil doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago correspondiente de pensión número 825880 de viudez por riesgo de trabajo; asimismo, se aprecia que el referido título de crédito fue recibido por la quejosa, toda vez que del anexo de cuenta, se advierte una rúbrica correspondiente a la misma. Constancias las anteriores con las que se concedió vista a la parte quejosa, sin que realizara manifestación alguna. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio precisado en el párrafo que antecede y dejó de aplicar en lo presente y en lo futuro la porción normativa reclamada, además de que cubrió las pensiones que se debían a la quejosa; es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; este expediente es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran tres años, conforme a lo previsto en el citado artículo, sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la medida cautelar provisional y definitiva; en consecuencia, el cuaderno original relativo también es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad deberá efectuarse una vez que transcurran tres años conforme a lo previsto en la citada disposición, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, en lo relativo al duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original; lo que ocurrirá al transcurrir seis meses contados a partir del presente acuerdo. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Consultora Jurídica General en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por medio del cual, remite la comunicación oficial 15718/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; atento a sus manifestaciones, remítase la misma a la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, para los fines legales conducentes. Notifíquese.

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