Maria Fernanda Valdez Morillo

Expediente 1510/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1510/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Maria Fernanda Valdez Morillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Ténganse recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite electrónicamente el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 465/2022, orden 475/2022 de su índice, derivado del diverso 155/2022-V (orden 221/2022-V), deducido a su vez del presente juicio de amparo. Sin que sea necesario que se acuse de recibo, ya que basta la constancia de envío que se genera por el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación de las diversas autoridades responsables. Así, atento a lo manifestado por el oficiante, con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se le tiene informando que en el presente juicio de amparo se actualiza una causal de sobreseimiento. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran el presente expediente, respecto a los actos reclamados, se advierte, efectivamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente [.] La disposición transcrita prevé la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, la cual, por regla general, se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto impugnado en el juicio constitucional, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que, esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo sea o no inconstitucional. Como puede advertirse, la regla general respecto de la causa de improcedencia en estudio, prevé que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo es improcedente si de concederlo se afecta esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que el veinticuatro de noviembre del presente año, se resolvió la situación jurídica de la promovente María Fernanda Valdez Morillo, otorgándole la salida definitiva del país; lo cual, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe relativo a la suspensión de plano, consistentes en el expediente administrativo 5666, a las cuales se les otorga un valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Así, de lo reseñado en párrafos que anteceden, se desprende que en el presente asunto ha ocurrido un cambio en la situación jurídica de la parte agraviada, en virtud de la cual deben tenerse por consumadas irreparablemente las violaciones cometidas, motivo por el que, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado federal se encuentra en la imposibilidad de proceder al examen de su constitucionalidad sin que pueda afectarse la nueva situación jurídica de la parte quejosa, en razón de que se ordenó la salida del país de la parte impetrante y, consecuentemente a ello, la salida de la Estación Migratoria y, con lo anterior, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido en su contra, quedando por ende, consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas. En ese sentido, cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva, entre otras, cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Ahora bien, como actualmente la situación jurídica de la impetrante del amparo se rige por su salida de la Estación Migratoria y, la conclusión del procedimiento administrativo migratorio instruido en su contra; ello determina la improcedencia del presente juicio constitucional por haber operado un cambio de la situación jurídica del mismo, ya que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones atribuidas, por no poder decidir sobre las mismas sin afectar la situación jurídica. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2007, Novena Época, registro 171841, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Consecuentemente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama de cuenta remitido por el representante local, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, toda vez que en el presente asunto no le fue solicitado informe justificado a la autoridad por la que comparece. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se omitió girar oficio a las autoridades responsables Titular y/o Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de San Luis Potosí, Director y/o Encargado y/o Responsable de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, del Estado de San Luis Potosí y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, del Estado de San Luis Potosí a fin de notificarles el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, gírense atentas comunicaciones a las citadas responsables, acompañándoles copia autorizada de la determinación de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

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