María Fidelfa Alejandra Sánchez Chávez
Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Fidelfa Alejandra Sánchez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Adjúntese el oficio del Director General y apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, enviando al efecto copias certificadas de las constancias conducentes, lo que se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, advirtiéndose del oficio de cuenta que no le ha sido posible a la responsable localizar a la quejosa María Fidelfa Alejandra Sánchez Chávez, en el número telefónico proporcionados ante dicha oficina de Pensiones, esto con el fin de hacerle la devolución de la cantidad que le fue descontada por concepto de Fondo de Pensiones; en tal virtud y como lo solicita la autoridad oficiante, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación, en días y hora hábil, se presente en en el domicilio ubicado en la calle Amapolas número 510, en colonia Reforma, con identificación oficial vigente, para que se le haga entrega del cheque número 0065732 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con lo anterior, se le tendrá por desinteresada en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así también, requiérase al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que una vez que transcurra dicho término, haga del conocimiento de este Tribunal, si entregó a la quejosa el referido cheque; esto con fin de se tenga por cumplida la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE y personalmente a la quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Fidelfa Alejandra Sánchez Chávez, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto) de conformidad con el numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Gobernador del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las responsables, para que ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 913/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, MARÍA FIDELFA ALEJANDRA SÁNCHEZ CHÁVEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; b).- El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; c).- El Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; d).- El Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; y e).- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. NORMA GENERAL. ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: a).- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la discusión, aprobación y expedición del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen: QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la promulgación del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el refrendo que otorgó a la Ley que estimo inconstitucional en la parte de que me duelo. d).- Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la orden verbal o escrita que han dado para el efecto de que se apliquen en mi perjuicio los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, que disponen QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO DE PENSIONES, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente. e).- Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: El primer acto de aplicación de los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, que han sido declarados inconstitucionales por Jurisprudencia , que disponen que quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo respectivo, actualizado en el pago de la pensión por jubilación del mes de OCTUBRE DE 2019, por el concepto "202 FDO. D PENSIONES", que me acaba de entregar. El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6º, FRACCIÓN IIII, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en los pagos de mi pensión por jubilación que efectuará con posterioridad; y La devolución de todos y cada uno de los descuentos que se me han aplicado a partir del primer acto de aplicación y los que inminentemente se sigan aplicando después de la formulación de la presente demanda, sustentada en las leyes de que me duelo y que han sido declaradas inconstitucionales." Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 9 - 12), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías registrándola bajo el número de expediente 913/2019; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo conforme a el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107, fracción I, y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; dado que se trata de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa y que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en el expediente. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que la parte quejosa reclama. El estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, en específico los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio. La aplicación de la ley reclamada. La devolución de los descuentos aplicados con base en los preceptos reclamados. CUARTO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se les atribuyen. Lo anterior se corrobora con la documental agregada en autos, consistente en copia certificada del oficio OP/DG/1821/2019, de diez de julio de dos mil diecinueve, en que se autoriza a la quejosa su pensión por jubilación, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues de tal documento se advierte que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordenó el descuento del 9% del monto de su pensión por jubilación para el Fondo de Pensiones (foja 23). QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son fundados. Es así, pues refiere que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, son violatorios de sus derechos humanos, porque se le restringe el derecho que tiene como pensionada por jubilación a disfrutar íntegramente el monto de su pensión, pues la obligan a aportar un 9% de la misma para el fondo de pensiones. En efecto, los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, disponen: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: (.) III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; (.)" "Artículo 18. (.) Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: (.) Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.". De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Asimismo, cabe destacar que la reforma al artículo 123 constitucional, y por ende, la creación del apartado B del mismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el precepto indicado en lo interesante es del tenor siguiente: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (.) XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. (.)." En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Ahora bien, los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, primer párrafo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, fueron declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al emitir la jurisprudencia por reiteración, visible en la página 2512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Octubre de 2014, Tomo 3, Registro 2007629, que dice: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." Obligatoriedad de la jurisprudencia invocada que se establece en términos del artículo 217 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos previstos por el artículo 224 de la misma ley, por cuanto se sustenta un mismo criterio (inconstitucionalidad de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al violar el derecho humano a la igualdad, pues dejan de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo, dándose por consiguiente el trato de trabajador en activo), en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario (amparos en revisión 101/2014, 92/2014, 116/2014, 110/2014 y 146/2014), resueltas en diferentes sesiones (de tres, diez, diecisiete de junio y veintiséis de agosto de dos mil catorce), y en todos los casos por unanimidad de votos; sin que sea óbice que se hubiesen resuelto cada una en diversas sesiones, ya que una vez integrada la jurisprudencia, el Tribunal Colegiado, no se ocupará nuevamente del tema; además de ser en beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º Constitucional. Así, al haber establecido el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, que los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 885 en el Periódico Oficial local el 28 de enero de dos mil doce, son inconvencionales e inconstitucionales, pues al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalente al 9% de su pensión, desatienden los artículos 26, numerales 3 y 67, inciso B) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fija los topes al derecho de seguridad social, tales como a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; siendo que en ellas no se establece el descuento a que se refieren los preceptos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, además de violar el derecho humano de igualdad, pues a los jubilados se les da el trato de trabajadores en activo. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional a aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Por tanto, una vez precisados los motivos que dieron origen a la tesis de jurisprudencia antes citada, en la cual se decretó la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6º , fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, los cuales se ordenó aplicar a la pensión por jubilación de la aquí quejosa; lo procedente es concederle la protección federal a MARÍA FIDELFA ALEJANDRA SÁNCHEZ CHÁVEZ, para el efecto de que: Las responsables Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, dejen insubsistente cualquier acto fundado en los citados numerales, y no le sean aplicados en lo presente y en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que contienen; así también, para que reintegren a la quejosa, en una sola exhibición, las cantidades que en su caso hubieren sido descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones, con base en dichos preceptos. En la inteligencia que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para el Congreso del Estado de Oaxaca, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, autoridades que concurrieron en el estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de las normas declaradas inconstitucionales, porque la concesión del amparo no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Apoya lo anterior, la diversa tesis CXXXVII/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1996, Tomo IV, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 124 y relativos de Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a MARÍA FIDELFA ALEJANDRA SÁNCHEZ CHÁVEZ, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Oaxaca, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, consistentes en el estudio, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto número 885, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, que aprobó la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, específicamente los artículos 6º, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, cada uno en su esfera de competencia; así como los actos de aplicación de esas normas que reclama al Consejo Directivo de la Oficina del Estado de Oaxaca y Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
R E S U E L V E : ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por María Fidelfa Alejandra Sánchez Chávez, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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