María Félix Hernández Azua
Expediente 712/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Félix Hernández Azua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos se advierte, la parte quejosa quedó notificada de la determinación de veintidós de julio del año en curso, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte, ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio del año en curso, dentro del cual expuso diversos argumentos tendentes a no tener por cumplida la sentencia; en consecuencia, se procede a realizar el estudio correspondiente. Ahora bien, en la sentencia firmada el diecisiete de agosto de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Félix Hernández Azúa, para los siguientes efectos: La autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dejara sin efecto la aplicación a la impetrante del artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y como consecuencia, percibiera íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación que conforme a derecho le corresponden, además de reintegrarle inmediatamente aquellas que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación del referido precepto declarado inconstitucional. Por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa informando que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Delegado del Presidente de la República, en contra de la sentencia engrosada el diecisiete de agosto del año pasado; y en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma (fojas 232 y 233). El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio con número de registro 14156 (fojas 249 y 250), envió copia del diverso oficio SP/DPSHT/1199/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis y su cédula de notificación (fojas 251 a 257), que contiene acuerdo por el que se informa a la quejosa la nueva resolución emitida por dicha responsable, relativa a que no se le aplicará lo dispuesto en los artículos 51 y 57, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, y que se continuará otorgando íntegramente las pensiones por Jubilación y Viudez que conforme a derecho le corresponden y que no le serán suspendidas ni en lo presente ni en el futuro. Asimismo, dicha responsable por oficio con número de registro 20523 (fojas 307 a 310), remitió copia certificada del formato de "CONTRA RECIBO DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA" de seis de mayo de dos mil dieciséis, a favor de María Félix Hernández Azúa, por la cantidad de $235,412.67 M.N. (doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos doce pesos, con sesenta y siete centavos, moneda nacional), con fecha de pago y firma de recibo de la propia quejosa, el día veinte de mayo del año en curso. Ahora bien, por lo antes mencionado el suscrito considera que se ha dado cumplimiento con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es así, toda vez que la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente cualquier descuento a las pensiones de jubilación y viudez de la quejosa derivado de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales (51 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en congruencia con el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), asimismo, ordenó la no aplicación de dichos preceptos a la peticionaria de garantías en lo presente y en lo futuro, y le reintegró la cantidad que se le había descontado; con lo que se le restituyó en el goce de sus derechos vulnerados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En otro aspecto, incorpórese a los autos el escrito signado por la quejosa María Félix Hernández Azúa, a través del cual expresa que no se debe tener por cumplida la sentencia, porque aún se le adeuda la cantidad de $85,039.83 M.N. (ochenta y cinco mil treinta y nueve pesos, con ochenta y tres centavos, moneda nacional); al respecto, hágase de su conocimiento que su desacuerdo en relación a la cuantificación del pago de pensión debe impugnarse mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que en dicha vía podrá, a través de los medios de prueba pertinentes, demostrar el derecho que le asiste para que se le pague la cantidad que aduce. Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo" (tesis 2a./J. 78/2013 (10a.), registro 2003874). "ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). Conforme a los artículos 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la controversia entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que éste emite en materia de pensiones, constituye una acción de naturaleza administrativa. En tal virtud, cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio Instituto. Esto es, el asegurado puede reclamar y, por ende, demostrar la procedencia de la inclusión únicamente de esos conceptos en su cotización y de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción (Poderes Legislativo y Judicial, así como entes autónomos), debe aportar los elementos de convicción respectivos" (tesis 2a./J. 114/2010, registro: 164022). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa lo conducente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y anexa las constancias respectivas. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la ley de la materia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos se advierte, a la fecha el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento con la ejecutoria en el presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérase nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, cumpla con dicho fallo protector, y expida el cheque o título de crédito a favor de la quejosa María Félix Hernández Azua, por la cantidad que resulte de la reintegración de los montos que no le fueron cubiertos con motivo de la aplicación del artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, apercibido que de no hacerlo, se le hará efectivo el medio de apremio con que se le conminó en auto de treinta y uno de mayo actual. Asimismo, requiérase nuevamente al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo dentro de igual término al antes señalado (tres días), bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, se le hará efectivo el mismo medio de apremio con que se conminó a su subalterno. Finalmente, visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa María Félix Hernández Azua, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.
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