María Gisell Vásquez Sandoval
Expediente 1/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 12/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Gisell Vásquez Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; Es susceptible depuración, Deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos, de los que se advierte en sentencia engrosada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 69 - 78), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Gisell Vásquez Sandoval, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, dejara insubsistente la parte conducente del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 68/2015 de su índice, y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictara otro debidamente fundado y motivado, en el cual de ser en el mismo sentido que el anterior, debería subsanar los aspectos indicados en la sentencia de amparo; esto es: a) Precisar si la quejosa quedó notificada o enterada del auto en que se admitió la prueba de interrogatorio a su cargo; b) Precisar en qué consiste la negativa de la ofendida aquí quejosa a comparecer a la diligencia de interrogatorios que le formulará la defensa del encausado, y cuáles son los elementos que le sirvieron de base para sostener su afirmación; c) Fundar y motivar por qué en el caso debe hacerse comparecer a la quejosa por medio de la fuerza pública; y, d) Decretar las medidas para que la víctima aquí quejosa reciba asesoría jurídica, médica y psicológica en el desahogo de la diligencia a su cargo y durante el proceso, garantizando en todo momento sus derechos establecidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 88). Mediante oficios 2235, 2138, 2231 y 2318, las responsables informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 92, 93, 95 - 98, 103 - 105 y 113 - 124), con lo que se dio vista a las partes mediante auto de ocho de junio actual (foja 125). En acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, se requirió nuevamente al juez responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues si bien dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente 68/2015 de su índice, y emitió nueva determinación, en la que fijó nuevo día y día para el desahogo del interrogatorio por parte de la defensa a la aquí agraviada, apercibiéndola con la imposición de una multa, sin embargo, soslayó decretar las medidas conducentes para que la víctima recibiera asesoría jurídica, médica y psicológica en el desahogo de la diligencia a su cargo y durante el proceso, además de advertir que la notificación realizada a la quejosa de esa nueva determinación no había sido realizada de manera legal en el domicilio que tiene proporcionado en los autos de origen (fojas 132 y 133). En acato a este último requerimiento, el juez natural remitió copia autorizada de la diligencia desahogada el cuatro de julio actual, en la causa penal 68/2015, por la que se tuvo al ahí procesado y a su defensor, desistiendo de las pruebas ofrecidas en ese expediente, declarándose concluido el periodo probatorio, poniendo el expediente a la vista de las partes para promover lo que a su interés conviniera. Ahora bien, el suscrito considera que, por una parte, se dio cumplimiento con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias enviadas por el Juez responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte, dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente penal 68/2015 de su índice, y emitió nueva determinación, en que, tomando en consideración que no había quedado legalmente notificada María Gisell Vásquez Sandoval de la cita para comparecer al desahogo del interrogatorio por parte de la defensa, nuevamente señaló día y hora para el desahogo de dicha probanza, apercibiéndola con la imposición de una multa para el caso de su inasistencia. Así también, que existe imposibilidad jurídica para que el juez responsable acate la parte de la sentencia concesoria respecto de los derechos de la víctima no observados para el desahogo de la prueba de interrogatorio que le formularía la defensa, garantizando en todo momento sus derechos establecidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, habida cuenta que de las constancias remitidas con su oficio 2934, se advierte que mediante diligencia de ratificación del escrito de veinte de junio de dos mil diecisiete a cargo del procesado aquí tercero interesado Julio César Martínez Arango, y su defensor, ambos manifestaron desistían de las pruebas que ofrecieron; por lo que el juez natural no se encuentra en posibilidad de garantizar los derechos de la víctima respecto del desahogo del citado interrogatorio y demás probanzas, al haber desistido el encausado y su defensor de todas las pruebas ahí ofrecidas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO.-San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos, de los que se advierte en sentencia engrosada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Gisell Vásquez Sandoval, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro Oaxaca, dejara insubsistente la parte conducente del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 68/2015 de su índice, y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictara otro debidamente fundado y motivado, en el cual de ser en el mismo sentido que el anterior, debería subsanar los aspectos indicados en la sentencia de amparo; esto es: a) Precisar si la quejosa quedó notificada o enterada del auto en que se admitió la prueba de interrogatorio a su cargo; b) Precisar en qué consiste la negativa de la ofendida aquí quejosa a comparecer a la diligencia de interrogatorios que le formulará la defensa del encausado, y cuáles son los elementos que le sirvieron de base para sostener su afirmación; c) Fundar y motivar por qué en el caso debe hacerse comparecer a la quejosa por medio de la fuerza pública; y, d) Decretar las medidas para que la víctima aquí quejosa reciba asesoría jurídica, médica y psicológica en el desahogo de la diligencia a su cargo y durante el proceso, garantizando en todo momento sus derechos establecidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 88). Mediante oficios 2235, 2138, 2231 y 2318, las responsables informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 92, 93, 95 - 98, 103 - 105 y 113 - 124), con lo que se dio vista a las partes mediante auto de ocho de junio actual (foja 125). En acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, se requirió nuevamente al juez responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues si bien dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente 68/2015 de su índice, y emitió nueva determinación, en la que fijó nuevo día y día para el desahogo del interrogatorio por parte de la defensa a la aquí agraviada, apercibiéndola con la imposición de una multa, sin embargo, soslayó decretar las medidas conducentes para que la víctima recibiera asesoría jurídica, médica y psicológica en el desahogo de la diligencia a su cargo y durante el proceso, además de advertir que la notificación realizada a la quejosa de esa nueva determinación no había sido realizada de manera legal en el domicilio que tiene proporcionado en los autos de origen (fojas 132 y 133). En acato a este último requerimiento, el juez natural remitió copia autorizada de la diligencia desahogada el cuatro de julio actual, en la causa penal 68/2015, por la que se tuvo al ahí procesado y a su defensor, desistiendo de las pruebas ofrecidas en ese expediente, declarándose concluido el periodo probatorio, poniendo el expediente a la vista de las partes para promover lo que a su interés conviniera. Ahora bien, el suscrito considera que, por una parte, se dio cumplimiento con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias enviadas por el Juez responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte, dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente penal 68/2015 de su índice, y emitió nueva determinación, en que, tomando en consideración que no había quedado legalmente notificada María Gisell Vásquez Sandoval de la cita para comparecer al desahogo del interrogatorio por parte de la defensa, nuevamente señaló día y hora para el desahogo de dicha probanza, apercibiéndola con la imposición de una multa para el caso de su inasistencia. Así también, que existe imposibilidad jurídica para que el juez responsable acate la parte de la sentencia concesoria respecto de los derechos de la víctima no observados para el desahogo de la prueba de interrogatorio que le formularía la defensa, garantizando en todo momento sus derechos establecidos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, habida cuenta que de las constancias remitidas con su oficio 2934, se advierte que mediante diligencia de ratificación del escrito de veinte de junio de dos mil diecisiete a cargo del procesado aquí tercero interesado Julio César Martínez Arango, y su defensor, ambos manifestaron desistían de las pruebas que ofrecieron; por lo que el juez natural no se encuentra en posibilidad de garantizar los derechos de la víctima respecto del desahogo del citado interrogatorio y demás probanzas, al haber desistido el encausado y su defensor de todas las pruebas ahí ofrecidas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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