María Fernanda Rincón Elías
Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Fernanda Rincón Elías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 777/2020-V. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En principio, es necesario destacar que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación a sus derechos fundamentales. Esa posible transgresión constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio constitucional deja de tener razón de ser, dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la plena reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos de los actos reclamados cesan totalmente, es decir, cuando se anulan por completo, pues si uno de ellos subsistiera, tal causa no podría configurarse en la medida en que la referida cesación debe conllevar al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En el caso en concreto, esta juzgadora advierte que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de que se trata, habida cuenta que entre las constancias remitidas por Profuturo Pensiones, sociedad anónima de capital variable, se encuentra el "Desglose de pagos" del periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil diecinueve al veintiocho de enero de dos mil veintiuno, con la que se acredita que durante la tramitación de este juicio, específicamente a partir del mes de diciembre de dos mil veinte se hizo el pago de la pensión respectiva a la quejosa; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado la tutela federal. Así entonces, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues ya no existe materia sobre la que se deba resolver en este juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de quince de febrero pasado, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por Profuturo Pensiones, sociedad anónima de capital variable; con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Se le tiene por aclarando que su denominación correcta es "Profuturo Pensiones, sociedad anónima de capital variable". Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que adjunta, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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