María Fernanda Monsalve Lodoño

Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
393/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • María Fernanda Monsalve Lodoño
  • (PROMOVENTE) Librado Heriberto Trujillo González y Otros.
  • (PROMOVENTE) Librado Heriberto Trujillo González

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de diez de abril anterior, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que en el expediente principal no obstante de que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Por lo tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California en esta ciudad, mediante el cual en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo informa por sí y en representación de las demás autoridades de ese Instituto, el acato a la suspensión de plano y anexa el oficio de salida número ********************, de cinco de abril del año en curso, en el que se advierte que la quejosa ********************, quedó en libertad al otorgarle el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.********************Además, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las autoridades responsables a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indican.********************Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo.********************El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es:********************"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO".********************Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.********************De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional.********************La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.********************En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en esencia en la:********************1.- Detención, presentación y privación de la libertad.********************2.- Fijación de garantía económica excesiva.********************3.- Traslado a diversa entidad federativa.********************4.- Deportación, expulsión o repatriación asistida.********************5.- Negativa de otorgarle a la quejosa oficio de salida de la estación migratoria de Tijuana, Baja California.********************En ese sentido, tomando en consideración que la autoridad responsable emitió el oficio de salida ********************, de cinco de abril del año en curso, emitido a favor de la directa quejosa ********************, del que se desprende que quedó en libertad; por tanto, es evidente que ante ello, han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio.********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;********************[.]"********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."********************En esa tesitura, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la quejosa ********************, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de la quejosa.********************Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para la directa agraviada que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo pues aun cuando se ratificó la demanda en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el agraviado estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."********************Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de la quejosa ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".********************Finalmente, en relación a la constancia actuarial de cinco de abril del año en curso, en la que se asentó que la quejosa ********************, manifestó lo siguiente "si ratifico, autorizo al abogado ********************en término del artículo 12 de la ley de amparo, autorizo notificaciones electrónicas con el usuario ********************, consulta del expediente electrónico"; dado lo determinado en los párrafos que anteceden resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto atendiendo a lo razonado con antelación.********************Finalmente, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************.********************Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve en representación decontra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 393/2023-C. Se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto la directa quejosa, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de la directa agraviada con fines de deportación, expulsión o repatriación, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es su situación migratoria, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la persona agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de la directa agraviada y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de la quejosa. 4. De igual manera, en caso de que la referida agraviada se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladada a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquella (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica la extranjera quejosa; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de la directa agraviada********************, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesta en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Se deberá dejar a la quejosa en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de la directa agraviada queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de la directa quejosa dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, se observa que la parte promovente indicó que la quejosa se encuentra en las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California y es de nacionalidad Colombiana. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que la directa agraviada, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeto en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sea puesto en libertad, en el entendido que las medidas establecidas para tal efecto en el artículo 102 de la Ley de Migración, quedan bajo su más estricta responsabilidad. Garantía. De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a la directa quejosa, no exceda de ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demérito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, la impetrante pueda acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlo de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor del quejoso y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma, lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de la quejosa -por haber cumplido los requisitos que le sean impuestos- incumpla con alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: 7.1 Luego, en el supuesto de que la directa quejosa se encuentre en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la quejosa, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que la quejosa al momento de su detención, se encontraba en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que la directa agraviadaqueda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si la quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiado cuenta con algún documento que le permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente el directo quejoso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesto en libertad. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tiene - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentre sujeta y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenida la directa agraviada; - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a la directa quejosa los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstas, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando la aquí quejosa, no se encuentre sujeta a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directa agraviada para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenido. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá: 1. Requerir a la agraviada para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a dado que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento de la agraviada que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista antes mencionado, tiene el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. De igual forma, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días legalmente computados señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicha agraviada. Asimismo, se encomienda al Actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de la autoridad responsable no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda por virtud de que el directo quejoso haya obtenido libertad, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le proporcione la información correspondiente al ingreso y salida que en su caso tengan en su base de datos respecto al buscado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Acceso expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora bien, en relación al acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso y se ordena la notificación de lo que se resuelva en el presente juicio vía electrónica al usuario en el entendido de que la parte promovente queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario el cual se encuentra registrado en el citado portal, únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando direcciones de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la directamente agraviada y vía electrónica al promovente.

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